El PSOE da por finiquitado el lío de la malversación e insinúa que ERC no lo exigirá

El PSOE da por finiquitado el lío de la rebaja de la malversación a la que se abrió por exigencias de ERC. Los independentistas republicanos persiguen una modificación ad hoc del código penal que beneficie a los condenados por el procés que podría llegar vía enmienda a la proposición de ley que socialistas y morados registraron en el Congreso para modificar las penas de la sedición. Cabe recordar que algunos de los principales rostros del procés fueron sentenciados por sedición y malversación en concurso medial. Es decir, que necesariamente cometieron el delito de malversación para cometer sedición, ya que malversaron fondos de la Generalitat para crear las urnas del referéndum del 1 de octubre, entre otros.

Y es que tocar el delito de malversación era el siguiente paso que previsiblemente iba a dar el Gobierno tras las reiteradas peticiones de ERC en aras de completar el proceso de "desjudicialización" de la política al que tanto Moncloa como la Generalitat de Cataluña se agarraron para mantener con vida la mesa de diálogo entre Ejecutivos. Ya hace una semana el Gobierno evitó entrar en el debate de la malversación pese a que los de Oriol Junqueras reconocieron que negociaban con los socialistas esa reforma.

Pero Moncloa lo dejó en manos de los partidos en el Congreso. Y se limitó a recordar que el Parlamento tiene autonomía para negociar las enmiendas que los grupos consideren oportunas. El Gobierno insiste en que ellos se han limitado a cumplir con el compromiso personal del presidente del Gobierno: tocar el delito de sedición a velocidad hipersónica puesto que, como contó este diario, el plan es tramitar la iniciativa de manera directa y en lectura única para comprimir todos los trámites parlamentarios. Será este jueves cuando se aborde.

Un partido que tiene debate interno

Los socialistas, no obstante, reconocen que la reforma del delito, tapado ahora por los efectos de la ley del 'solo sí es sí', les perjudica, en parte por las críticas dentro del partido. En Ferraz reconocen que el ruido de algunos barones, contrarios a tocar la malversación, obedece a la pulsión interna de los socialistas, que se consideran un partido con capacidad de generar debates internos al margen del criterio de líder. Eso sí, el PSOE 'celebra' que ahora no esté en la agenda la rebaja del delito de malversación.

Y todo porque los socialistas, conscientes de que ese asunto les perjudica, quieren de cara a las elecciones mantener una tendencia alcista que creen que tienen a tenor de las últimas encuestas. En verdad, tanto Unidas Podemos como el resto de grupos nacionalistas e independentistas de izquierda que dan soporte al Gobierno en el Congreso han enfriado la revisión de la malversación.

Todo apunta a que ya no entra en los planes de la mayoría de la investidura que se toque ese delito mediante una enmienda a la proposición de ley de la sedición que, además, no contará con los informes de consulta ni del Poder Judicial ni del Consejo de Estado precisamente porque la iniciativa legislativa ha sido iniciativa de los grupos y no del Ejecutivo.

La presión de Unidas Podemos

El PSOE sigue recibiendo la presión de Unidas Podemos, cuya tesis es que a los líderes del procés condenados por el Tribunal Supremo se les aplicó el delito de sedición de forma sesgada. Y en caso de que la sedición ya no exista y la malversación se rebaje, se podrá inferir que los autores de la declaración unilateral de independencia ni habrían cometido un delito de sedición sino de desórdenes -el nuevo tipo-, ni habrían malversado fondos públicos para poner en marcha el referéndum ilegal del 1-O o para financiar su campaña exterior.

La gran amenaza para la moralidad del Gobierno y, seguramente uno de los motivos por los que se ha enfirado el asunto, es que tocar la malversación afecta a algunos políticos. En concreto a uno del PSOE, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que está a punto de entrar en prisión por malversación. Una hipotética reforma de ese delito que facilite la evasión de la condena a Griñán supondría un escándalo político de dimensiones estratosféricas. Y ahora Moncloa lo último que quiere es gasolina que alimente incendios.