Falta menos de una semana para que la XV Legislatura eche a andar. El próximo 17 de agosto se constituyen las Cortes Generales. Y el Gobierno y el PSOE se mueven. La prioridad de la bicefalia Moncloa-Ferraz es un pacto con sus socios habituales para que la Mesa del Congreso sea de mayoría progresista y la presidencia recaiga en uno de los suyos. Pero fuentes gubernamentales socialistas admiten a este diario que una hipotética ley de amnistía a los condenados del procés -una de las reclamaciones de Junts- es una posibilidad que forma parte de las conversaciones con los independentistas que tienen la llave para que Pedro Sánchez forme un nuevo Gobierno.
En este punto todo gira alrededor de cómo se compondrá el órgano rector del Congreso, pero los socialistas están tranquilos: "Las conversaciones marchan como tienen que marchar", zanjan fuentes del equipo negociador de Pedro Sánchez, comandado por el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Ambos pasaron buena parte del jueves en la Carrera de San Jerónimo, donde también estaban algunos de los siete diputados de Junts que dirige el expresidente catalán Carles Puigdemont. Una vez haya un nuevo Congreso, Moncloa negociará para lograr la investidura.
Cabe recordar que un día después de las elecciones generales del 23 de julio, el líder de los socialistas catalanes y exministro de Sanidad, Salvador Illa, dio un portazo a la amnistía y al referéndum de autodeterminación -las exigencias que planteó Junts para facilitar la investidura de Sánchez-. Illa dijo entonces que "no son factibles". Pero el Gobierno parece dispuesto a jugar ahora con una calculada ambigüedad justo cuando se juega su continuidad en Moncloa y siente la presión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dispuesto a someterse a una investidura que ponga en marcha el reloj de una repetición electoral si el Rey le propone candidato.
La hegemonía socialista en Cataluña
No obstante, el mantra que repiten el Ejecutivo y el PSOE es el compromiso tácito de que no se negociará nada con Junts que esté "fuera de la Constitución". Lo cierto es que Sánchez se siente legitimado para seguir con su política de distensión en Cataluña. Los números del 23-J son el aval del Ejecutivo, según el PSOE. Y es que el PSC fue la primera fuerza por primera vez desde 2008. Los socialistas catalanes pasaron de 12 a 19 escaños gracias 1,2 millones de votos -418.000 más que en 2019-.
La hegemonía socialista es evidente. La izquierda de Sumar, cooptada por los comunes, se hizo con siete diputados; los mismos que ERC y Junts. Las dos fuerzas independentistas son las que más sufrieron, porque ERC perdió casi la mitad de sus escaños y votos -bajó de 13 a siete escaños y pasó de 875.000 papeletas a 463.000. Mientras que Junts perdió un escaño y 140.000 votos, aunque no superó los 400.000 votos.
Lo cierto es que las negociaciones para la conformación de la Mesa son la clave de la investidura de Pedro Sánchez. Y basta seguir el hilo de pistas que lanzan los socialistas para entender qué puede estar ocurriendo. Como contó este diario, el PSOE negocia con los independentistas que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sea el presidente del Congreso tras la 'renuncia' de Meritxell Batet a continuar al frente de la Cámara. Y la figura del político madrileño es clave, porque es quien ha negociado con los independentistas la mayoría de proyectos que el Ejecutivo ha alumbrado en las Cortes con aval secesionista.
Una admisión a trámite
Bolaños, jurista, participó junto al entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo en la redacción de los indultos a los nueve líderes del procés con los que el presidente del Gobierno intentó tender puentes con el Gobierno catalán para desinflamar el "conflicto político". Por eso, su posible llegada a la presidencia del Congreso allanaría que la Mesa de la Cámara admitiera a trámite un proyecto de amnistía. Otra cosa son los apoyos que podría obtener. Ya en marzo de 2021, el PSOE, el PP y Vox impidieron la tramitación de ese proyecto de ley de amnistía para los presos del procés que registraron ERC, Junt, la CUP y el PDeCAT.
Pero dada la debilidad parlamentaria del PSOE, Moncloa parece dispuesta a aceptar que haya un debate en el Congreso español sobre ese asunto. Cuando los socialistas dieron ese portazo, la presidenta de la Cámara era Batet, a la que ninguno de los aliados de Sánchez querían en su puesto. Ferraz está dispuesto a dar un puesto a la amalgama de la coalición tras remarcar que la presidencia -tercera institución del Estado- no está en cuestión.
Las fuentes consultadas en el Partido Socialista son claras y esperan que sean el PNV, ERC, Junts, Bildu y BNG quienes cierren un acuerdo sobre el diputado que se sentará en uno de los cinco sillones que aspira a retener la mayoría de izquierdas en el órgano de gobierno de la Cámara. Aunque los independendistas no tienen interés alguno en ocupar ese sillón. "No es nuestro parlamento. Nos importa bien poco quién se siente ahí. Y no lo hará uno de los nuestros", explican fuentes de ERC. El tiempo apremia. La política no para ni en vacaciones, porque se está en juego el futuro de Gobierno de España
