El PSC se convertirá en el partido clave para que ERC y Junts puedan tirar adelante su acuerdo para repartirse el consejo de gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que engloba a TV3 y Catalunya Ràdio. Según avanzan a Vozpópuli fuentes de la formación, el partido está dispuesto a que se renueve este órgano donde algunos de sus miembros llevan hasta nueve años con un mandato caducado.

El pacto rubricado entre los dos partidos independentistas para formar Govern habla de "fortalecer" la CCMA "dotándola de un nuevo modelo" y cuya dirección sea "profesional, con financiación suficiente y estable, plantilla proporcionada, rejuvenecida y diversa, una estructura simple". Según critican empleados de la cadena pública, este punto deja entrever el "apaño privado" entre ERC y Junts antes de que llegue en el Parlament.

La ley de reforma de la CCMA y el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), aprobada el 23 de octubre de 2019, exige que sea la Cámara catalana, con un consenso mínimo de dos tercios del hemiciclo, quien elija los miembros del consejo de gobierno de la CCMA. Posteriormente, los directores de TV3 y Catalunya ràdio se deberán elegir por concurso público.

El hecho de que ERC y Junts ya hayan hablado de nombres, y estén dispuestos a mantener las "cuotas" de partido en dicho órgano, ha alarmado a los trabajadores de la cadena: "La ley explicita que el consenso mínimo debe ser de dos tercios de la Cámara, por lo que su apaño en privado entre los dos partidos del Govern y el PSC va en contra del máximo consenso posible".

Otra de las quejas es que la nueva ley -que todavía no se ha aplicado desde su entrada en vigor el 2019- dice que los consejeros de la CCMA "deben ser elegidos con los criterios de independencia y sin obediencia política, pero en su acuerdo del Govern eluden hablar de independencia profesional".

El papel del PSC

Después de las elecciones del 14 de febrero, el PSC habló de "refundar TV3" para que la cadena pública catalana pasará a representar el "pluralismo" de la sociedad catalana, aunque nunca han planteado su cierre, como sí han hecho formaciones como Vox, que inició su etapa en el Parlament con una batería de preguntas sobre TV3.

Los de Illa anunciaron el diseño de un plan que contemplaba la modernización de la televisión y radio públicas así como la necesidad de dotarla de mayor autonomía y mecanismos de control para que no fueran "un instrumento del independentismo".

Posteriormente al acuerdo de Junts y ERC sobre los medios públicos catalanes, la diputada del PSC, Beatriz Silva, criticaba en Twitter la "normalización" en la propia televisión pública afirmando que la presidencia de la CCMA "corresponde" a un "partido político".

Ahora, sin embargo, han matizado su crítica. Explican a este medio que la "ley dice que se requieren de dos tercios del Parlament", como "los otros órganos de pendientes de renovación". En la misma línea, tras conocerse el acuerdo para investir a Pere Aragonès como nuevo presidente de la Generalitat, el PSC afirmó que no se convertiría en un obstáculo para que la legislatura avanzara, pese a considerar que el acuerdo estaba destinado al "fracaso".

De momento el PSC no ha decidido si nombrará algún consejero o se mantendrá fuera. Algunas fuentes parlamentarias consultadas afirman que una de las posibilidades que se barajan es que no entren en el consejo de gobierno pero que "negocien contrapartidas políticas" para apoyar con su voto el reparto que elijan ERC y Junts.

Politización de la CCMA

La nueva ley de reforma de la CCMA y el CAC tenía como pretensión "desgubernamentalizar" el órgano de gobierno de los medios catalanes. Pero desde que entró en vigor no se ha aplicado. Tanto los posconvergentes como los republicanos argumentaban que era necesario esperar después de las elecciones, aunque la ley establece que los mandatos sean de seis años para no coincidir con los periodos legislativos, de cuatro años.

El hecho de que, a diferencia de la ley anterior, no obligara a desarrollarse con un mes de margen desde su entrada en vigor, ha propiciado que se haya retrasado más de un año y medio desde su aprobación en octubre de 2019. La razón es que hasta la fecha no ha habido consenso entre ERC y Junts.

Algunos consejeros del consejo de gobierno de la CCMA siguen siendo de la etapa en la que se elegían por mayoría absoluta en el Parlament (con la ley anterior a la actual). Desde ese momento se han ido renovando algunos de sus miembros, pero a todos les ha caducado su mandato.

Por esta razón, trabajadores de la cadena piden que el nuevo reparto no vaya en función de la cuotas de los tres principales partidos, y que se tenga en cuenta como criterio de elección la "independencia profesional", tal y como indica la ley.

No obstante, el hecho de que el punto sobre los medios de comunicación del nuevo pacto de Govern no mencione este criterio se interpreta, por sindicatos y trabajadores de la cadena, como un indicio de que el objetivo de que se despolitice está lejos de cumplirse.