Quemar la droga, más barato que custodiarla: Interior gasta medio euro en destruir un kilo

La droga no es sólo un problema de criminalidad para el Ministerio del Interior. También lo es de logística. La reciente sustracción de cerca de 300 kilos de cocaína de un depósito de Cádiz donde se almacenaban toneladas de estupefacientes decomisados ha acelerado la presentanción de un nuevo protocolo que busca, precisamente, evitar la actual acumulación de miles de kilos de cocaína, hachís y otras sustancias en locales oficiales. El objetivo: destruir la mayor parte de los alijos tan sólo dos meses después de que hayan sido intervenidos por las Fuerzas de Seguridad. Un proceso que evitará los elevados gastos que genera al erario su custodia y para lo que se seguirá utilizando la incineración, un método barato: destruir un kilo de droga sale sólo por medio euro.

En lo que va de año, Policía y Guardia Civil ya han intervenido cerca de 27 toneladas de droga, 10.000 kilos más que en 2011

Ese es al menos el coste medio de la destrucción de los estupefacientes que han sido incinerados en los nueve primeros meses de 2012. En total, en este tiempo se han quemado 268.800 kilos de diferentes tipos de droga en las dos empresas de tratamiento de residuos con las que tiene suscritos contratos el Ministerio del Interior. Una de ellas, situada en Asturias, realiza el 75% de estas destrucciones. En estas incineraciones bajo control judicial, el departamento de Jorge Fernández Díaz ha gastado ya 139.899 euros. Es decir, 0,52 euros por cada kilo de droga.

Sin embargo, en los diferentes depósitos donde se custodian los paquetes y fardos de droga se mueven anualmente cerca de 300.000 kilos de droga, a los que periódicamente se van incorporando nuevos alijos. En lo que va de año, Policía y Guardia Civil ya se han incautado de 5.782 kilos de cocaína, 19.250 de hachís, 8,5 de heroína, 1.816 de cannabis y 28,2 de speed, además de 18.706 unidades de éxtasis. Un total de 26.884 kilos que supera ampliamente la droga retirada de mercado negro en todo 2011 (16.608 kilos) y en 2010 (25.241), aunque aún lejos de la aprehensión de cerca de 50.000 kilos realizada en 2006, año récord.

Nuevo protocolo para acelerar la quema

Por ello, representantes de tres ministerios, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia Española del Medicamento firmaron ayer un acuerdo-marco que pretende acelerar este proceso ante el "coste" y los "riesgos" que supone mantener estas ingentes cantidades de droga en depósitos cuya seguridad ha quedado entredicho en los últimos meses. Precisamente, el acuerdo se empezó a fraguar el pasado mes de enero, días después de que se produjera un robo de 300 kilos de cocaína que se guardaba en un depósito de Málaga. Nueve meses después, y coincidiendo con otra sustración de estupefaciente, la del almacén de Cádiz, se ha concluido y firmado.

Como destacó ayer el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, el protocolo pretende que "en cuestión de semanas la droga incautada sea analizada y en un plazo de dos meses destruida". Hasta ahora, sólo en el análisis del estupefacientes los plazos se alargaban hasta los nueve meses, según detalló el vocal del CGPJ Manuel Almenar. Eso sí, entre la aprehensión y su incineración, los alijos deberán seguir unos pasos muy reglados con los que se pretende que todas y cada una de las personas que hayan intervenido en la gestión, custodia y destrucción de las sustancias decomisadas queden debidamente identificadas y su intervención documentada.

Así, una vez decomisado el alijo, los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado tendrán que elaborar una detallada acta para el juez en la que deberán reflejar, además del análisis que determinó la sustancia aprehendida, una descripción "lo más detallada posible indicando todo tipo de características que se consideren relevantes". En ésta se incluirá su pesaje y un etiquetado, así como fotografías y grabaciones en vídeo de la droga. Luego será el juez quien ordene su remisión a un "organismo oficial" para su custodia, la posible realización de contra-análisis y su "inmediata destrucción", salvo "muestras suficientes de dichas sustancias para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones". Dichas muestras se destruirán "cuando finalice el procedimiento por resolución judicial firme".

El acuerdo-marco prevé también acelerar la destrucción de las enormes cantidades de droga ya acumuladas en los depósitos oficiales y que, según detalla el protocolo en su exposición, ha desbordado la capacidad de los mismos y obligado "a que una parte importante de los alijos sean custodiados en lugares inapropiados". Para ello, los diferentes organos judiciales de los que dependan los alijos almacenados deberán pronunciarse en el plazo de dos meses sobre si procede o no su inmediata destrucción. Se trata, insistía ayer el número 2 de Interior, de evitar "costes" de custodia y "riesgos". Incinerarla es mucho más seguro y barato.