Un programa de empleo del Gobierno deja sin trabajo y arruinados a decenas de jóvenes: "Los contratos son ilegales"

"Hemos sufrido mucho daño psicológico, esto ha sido una tortura", así describe Almudena, trabajadora social de 23 años, la situación que ella y al menos una treintena de jóvenes han tenido que soportar estos últimos meses por culpa de un programa de empleo impulsado por el Ministerio de Trabajo. El año 2022 empezaba con un color diferente para cientos de jóvenes que recibieron la buena noticia de que podrían empezar a trabajar en sus ámbitos de estudio gracias al Programa Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas. Sin embargo, lo que "empezó como su sueño acabó convirtiéndose en una pesadilla", comenta a Vozpópuli Rocío Cedrés, otra de las afectadas.

El programa del SEPE contaba con un presupuesto de más de 112 millones de euros, procedentes de fondos europeos -asignados para 2022 y 2023- con el que proporcionar trabajo durante doce meses a jóvenes desempleados menores de 30 años en la Administración Pública. Un año después, decenas de beneficiarios destinados a trabajar en centros penitenciarios de toda España siguen sin poder incorporarse a su puesto de trabajo soñado. El plan de Trabajo estipula que una vez sea resuelta la adjudicación de empleo, el plazo máximo para firmar el contrato de inicio es de 30 días, un plazo que según denuncian decenas de jóvenes no se ha cumplido.

El 13 de julio de 2022, Rocío fue elegida para trabajar en el centro penitenciario de Zaragoza, ocho meses después, esta joven sigue desempleada, ya que el programa para el que había sido seleccionada no le permite contar con otro contrato. "He rechazado trabajos y tendría experiencia de nueve meses y esas puertas hace nueve meses se me cerraron. Te prometen que vas a estar un año como funcionaría y aquí seguimos esperando", denuncia. No obstante, Cedrés resalta que dentro de la gravedad de su situación ella no es la de más afectadas, ya que a diferencia de algunos de sus compañeros, ha sido destinada cerca de casa de sus padres, donde ha podido pasar estos últimos meses.

Laura, trabajadora social originaria de Linares (Jaén), no ha corrido la misma 'suerte'. Esta joven de 25 años recibió en el mes de septiembre la confirmación de que había sido elegida para trabajar en el centro penitenciario El Acebuche (Almería). Ese mismo mes tuvo que trasladarse hasta la prisión andaluza para entregar la documentación requerida, lugar donde le dijeron que en pocas semanas podría empezar a trabajar. Sin pensarlo, buscó una vivienda donde alojarse y ahora, como decenas de jóvenes en Andalucía y Aragón (desde donde han llegado la mayoría de denuncias a este medio), sigue pagando un alquiler sin contar con una nómina a fin de mes. "Lo peor de todo es que yo dejé un trabajo, he rechazado más ofertas de trabajo, alquilé un piso durante meses, ya que la incorporación era inmediata, y he perdido dinero que no tengo y no he tenido ingresos. Incluso, hay gente que ha pedido préstamos, estamos sin saber qué va a pasar con nuestras vidas y no nos dan una solución", lamenta la jienense.

Contratos ilegales

Al menos treinta afectados, pertenecen a puestos de trabajo relacionados con Instituciones Penitenciarias y muchos de ellos entienden que la responsabilidad es de Interior, organismo del cual depende este departamento. Un grupo de jóvenes se ha organizado interponer una denuncia conjunta contra la Administración Pública, ya que tal y como les han informado sus abogados, "los contratos son ilegales". Entre las razones que aportan los magistrados se encuentran el cambio de la cuantía de la nómina que existe en algunos contratos, respecto a la cantidad que se prometía en la convocatoria de empleo o que en algunos de los documentos firmados por los afectados no aparece ni la fecha de inicio ni fin de dicho convenio de trabajo.

Contrato de trabajo formati... by Vozpópuli

"Nadie nos da una respuesta"

Los afectados denuncian que llevan meses sin que nadie asuma la responsabilidad y les aclare de dónde viene el problema, que llevan meses llamando a Instrucciones Penitenciarias y que los empleados afirman no saber a quién deben pedir explicaciones -si del ministerio de Grande-Marlaska o de la cartera de Trabajo, ostentada por Yolanda Díaz-. "Indignados por no recibir respuesta, conseguimos el número del Ministerio del Interior, donde los funcionarios nos decían que no tenían dinero para pagarnos y que no sabían cómo iban a hacer para pagarnos un sueldo", cometa Almudena, apesadumbrada. "Nos dicen que la subvención les ha llegado, pero falta más. Solo recibimos excusas", apunta Rocío. "Dicen que hay un problema económico. Otros nos dijeron que la subvención ya llegó, pero nadie sabe nada de ese dinero. No entendemos qué está pasando, nadie nos da una respuesta", añade en la misma línea Laura.

Más de medio año con respuestas confusas, sin aún divisar el final del camino, esta es la realidad de decenas de afectados. Desde IIPP informan a Vozpópuli que el programa no sólo implica a este departamento: "La gestión administrativa de este problema es compleja y ajena a prisiones y de ahí viene la situación. Estamos pendientes de la resolución para ejecutar los fondos destinados" detallan. Fuentes del CSIF narran a este medio que disponen de poca información, pero que todo apunta a que el problema viene de las correspondientes Comunidades Autónomas. Una versión similar es la que defienden desde el Ministerio de Trabajo, donde afirman que desconocen de dónde vienen las trabas, ya que "el SEPE ha distribuido las cantidades en virtud de las solicitudes que se han planteado".

Por estas y otras muchas razones, los damnificados han acudido al Defensor del Pueblo y a la justicia, donde esperan -ahora sí- encontrar una solución. El daño provocado a decenas de jóvenes desempleados va más allá de una indemnización económica. Algunos describen este trance como un "auténtico infierno", meses de incertidumbre en los que han tenido que convivir día a día con "ansiedad y angustia".