Publicado: 05/04/2019 18:32
La Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los cuatro años y seis meses de prisión a los 14 años y tres meses a cuatro guardias civiles de la Comandancia de Isla Mayor (Sevilla) que facilitaron la entrada de hachís desde Marruecos a una organización dedicada al tráfico de drogas.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal impone también penas que van desde los dos años y tres meses de prisión a los ocho años y un mes a los dieciocho miembros y colaboradores de esa organización, liderada por F.A.R.C., alias el Negro.
Sentencia
En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los jueces aceptan la atenuante analógica de reconocimiento del hecho para todos los acusados que acataron las penas solicitadas por la Fiscalía Antidroga durante el juicio, celebrado el 21 y el 28 de marzo.
El único que no lo hizo es el sargento F.J.C.B., comandante del puesto de la Guardia Civil de Isla Mayor, que ha sido condenado a 14 años, tres meses y un día de cárcel y a dos multas de tres millones de euros cada una más otra de 44.080 por tráfico de drogas, por pertenencia a organización, blanqueo de capitales y cohecho.
F.A.R.C., por su parte, ha sido condenado a ocho años, un mes y 15 días de prisión y a dos multas de 1,5 millones de euros cada una, otra de 8.000 y una tercera de 20.000 por tráfico de drogas, pertenencia a organización y jefatura, violación de secretos, cohecho y blanqueo.
El tribunal considera probado que en abril de 2016 el sargento mantuvo varios contactos con el Negro, a quien ofreció la protección de su comandancia para facilitarle la entrada del hachís a través del río Guadalquivir a cambio de dinero, y acordaron la entrega de 6.000 euros al inicio y otros 20.000 tras cada operación.
Tres miembros la Comandancia, según la Sala, estaban de acuerdo con su sargento para llevar a cabo esa actuación, que consistía en comunicar dónde y cuándo actuaban las patrullas de la Guardia Civil e informar de la titularidad de cualquier vehículo sospechoso que pudiese vigilarlos, así como "averiguar si podían estar siendo objeto de investigación por otras comandancias".
También entregaron a F.A.R.C. la llave de la que disponían en la Comandancia para abrir la cancela de la denominada Bomba del Quini, con acceso a un brazo del río que estaba restringido al formar parte del entorno del parque natural de Doñana, lo que facilitaba el desembarco del hachís en una zona protegida.
El sargento se defendió asegurando que fingía participar en operaciones de tráfico de drogas con la finalidad de captar información, pero sus manifestaciones "carecen de la más mínima verosimilitud", según los jueces, porque de ser así "su principal preocupación debería haber sido la responsabilidad de sus propios hombres".
"Nada puede explicar las largas conversaciones que tiene con su segundo, el guardia civil L.M.V., en las que hablan de reparto de dinero y del paso de las 'gomas', en referencia a lanchas neumáticas, salvo la realidad de la cobertura que prestaba a la organización de narcotraficantes", explica la Sala.
La sentencia, dictada el 5 de abril, admite recurso de apelación en un plazo de diez días.
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