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España

Prisión para un abogado por quedarse 100.000 euros de una familia arruinada

Fachada del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años y medio de cárcel a un abogado de Lleida por quedarse la indemnización de 100.000 euros que recibió una familia por la muerte de uno de sus miembros en un accidente, haciéndoles creer que iba a destinar esa suma a renegociar sus deudas.

En su sentencia, la sala de lo penal del Supremo desestima el recurso que presentó la defensa del abogado, Pere Rubinat, contra la condena de dos años y medio de cárcel e inhabilitación para ejercer de letrado que le impuso la Audiencia de Lleida en diciembre de 2017.

El abogado era asesor de una familia de Lleida que se dedicaba a la explotación agrícola en varias fincas de su propiedad en Torregrossa (Lleida) y que, a finales de 2008, con la crisis económica, acabó arruinada y se planteó la posibilidad de renegociar sus deudas en un concurso de acreedores.

En noviembre de 2011, uno de los miembros de la familia murió en un accidente de tráfico, por lo que recibieron una indemnización de 123.812 euros.

"Conocedor de las dificultades económicas"

Según el Tribunal Supremo, el abogado, "conocedor de las dificultades económicas por las que atravesaba la familia", les propuso utilizar la indemnización recibida para renegociar las deudas de la familia o acudir a las subastas para volver a comprar los bienes que habían formado parte de su patrimonio.

No obstante, añade la sentencia, el procesado no destinó cantidad alguna a pagar a los acreedores ni a renegociar las deudas, sino que se hizo con ella para destinarla a sus propios gastos personales y profesionales.

Dado que seguían atravesando dificultades económicas, la familia solicitó al abogado poder disponer del dinero de la indemnización, a lo que el condenado respondió con diferentes excusas hasta que, a partir de junio de 2014, les entregó 14.000 euros.

Ante la insistencia de la familia para que les devolviera el resto del dinero, el abogado les expidió una minuta en la que cifraba sus honorarios en 105.000 euros más IVA, lo que equivalía a la suma de la indemnización que se embolsó.

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