Seguridad

Excarcelan a los últimos presos por el ataque de Alsasua para estudiar Psicología

Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional les concede el permiso para abandonar a diario la prisión para estudiar y trabajar. El resto del grupo ya está en semilibertad

Acto de Altsasu Gurasoak cuando se cumplen cuatro años de las primeras detenciones por el 'caso Alsasua'
Acto de Altsasu Gurasoak cuando se cumplen cuatro años de las primeras detenciones por el 'caso Alsasua' Europa Press

Julem Goicoechea Larraza y Jon Ander Cob Amilibia, ambos condenados por la agresión a los guardias civiles y sus novias en Alsasua en 2016, podrán salir todos los días de prisión para estudiar Psicología en la universidad y para trabajar. La Audiencia Nacional ha accedido a ello atendiendo a su evolución en prisión, donde empezaron sus estudios a través de la UNED. Según los informes de la cárcel alavesa de Zaballa en la que se encuentran, asumen los hechos y tienen un buen comportamiento. Uno pasa largas horas en la biblioteca y el otro ha pasado de rechazar a los funcionarios "por ser parte del sistema" a mostrar interés por participar en actividades. 

La Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo condenó a un total de ocho individuos por la agresión, que tuvo lugar de madrugada en un bar de de la localidad navarra. Goicoechea Larraza y Cob Amilibia eran los dos últimos condenados que todavía no habían accedido al régimen de semilibertad. Condenados a siete años y medio de cárcel por atentado a la autoridad y lesiones, tan solo habían disfrutado de permisos de salida esporádicos en este tiempo. Oficialmente no terminan de cumplir su condena hasta octubre de 2025. En este tiempo han abonado ya 12.000 y 6.400 euros de indemnización, respectivamente.

Vozpópuli ha tenido acceso al auto del juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro Antonio. El magistrado sostiene que la actitud de Julem Goicoechea “permite concluir una asunción penal de la responsabilidad derivada del delito” y que se compromete  a seguir pagando la responsabilidad civil derivada de sus actos: “Al ritmo que me permita mi situación económica y la ayuda familiar. Así, me comprometo a pagar una cantidad fija mensual de 200 euros y algún pago puntual de mayor cantidad que permita agilizar el pago de la total”.

"Reconoce su participación"

Estos dos presos están destinados en un módulo de respeto. Son instalaciones de la cárcel donde se ubica a los presos menos conflictivos y gozan de cierta autogestión al margen de los funcionarios. Goicoechea Larraza tiene un destino en el área sociocultural (audiovisuales). Según el juez, su grado de reincidencia es bajo. “Respecto a los hechos por los que cumple condena reconoce plenamente su participación desde la primera entrevista. Se muestra colaborador y se muestra favorable a participar en todas las actividades que se le propongan desde el equipo de tratamiento”, añade la resolución judicial.

Cuenta con estudios de Bachillerato y un grado superior en megatrónica (dos años industrial de mantenimiento y otros dos de automatización y robótica), pero en la cárcel le despertó una curiosidad por la Psicología que ahora quiere continuar fuera de prisión. Además tiene una oferta laboral, según ha podido acreditar la Junta de Tratamiento de la cárcel alavesa.

El caso de Jon Ander Cob, aparcó sus estudios de forestales para interesarse también por la Psicología. Tiene un destino remunerado en prisión como auxiliar de cine, ha hecho un curso de panadería y es el responsable del comité de actividades dentro del módulo de respeto. Según relata la cárcel, de todos los condenados en la causa, "es uno de los que menos implicación tiene y de los que más tarde aparece por el lugar de los hechos".

"No merece la pena"

"Ha reflexionado sobre todo lo ocurrido y podría asegurarse que ahora obraría de otra manera. Es consciente de la gravedad de lo ocurrido y también de que no merece la pena perder parte de los mejores años de su vida, porque alguien vista, viva y represente una opción diferente", añade el centro penitenciario. Como su compañero, presenta un riesgo de reincidencia bajo, cuenta con una oferta de trabajo y se compromete a seguir pagando la responsabilidad civil. 

Lo que hace el juez es otorgarles un artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite flexibilizar el cumplimiento de la condena sin necesidad de acceder al tercer grado. Estima parcialmente un recurso de reforma presentado por los presos contra un auto anterior del magistrado que se opuso a concederles el tercer grado por ser demasiado pronto. Saldrán a diario de la prisión, pero tendrán que pernoctar en el centro penitenciario. La medida ha contado con el visto bueno de la Fiscalía. Ahora la cárcel tendrá que diseñar los horarios y el modo de llevarlo a cabo

El pasado mes de julio, tres de los siete condenados salieron de la cárcel de Zaballa (Álava), tras concederles Instituciones Penitenciarias el tercer grado o régimen abierto. Se trata de Oihan Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, a quienes el Tribunal Supremo impuso las mayores penas de cárcel. Arnanz fue condenado a nueve años y medio de prisión, y Unamuno y Ramírez de Alda a ocho años y medio. En diciembre de 2019 ya pasaron a régimen de semilibertad otros dos de los condenados por este caso, Iñaki Abad y Aratz Urrizola, mientras que otros dos. Una octava condenada, Aianara Urkijo, no entró en la cárcel al ser su condena inferior a dos años.

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