Mil euros al mes por trabajar zonas rurales: la propuesta de Ribera para frenar la despoblación

Curso 2021-2022. Esa es la fecha elegida por el Gobierno para lanzar un ‘Erasmus rural’, un programa para que la primera experiencia laboral de los jóvenes, a través de una bolsa de prácticas académicas con una duración de entre tres y cinco meses, sea en pueblos amenazados por la despoblación. 

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó la iniciativa este pasado jueves junto al ministro de Universidades, Manuel Castells. En concreto, está destinada a 200 universitarios de cualquier titulación oficial. Los requisitos: residir en el municipio en el que se realizarán las prácticas y que este se encuentre en una comunidad autónoma distinta a aquella en la que está empadronado o en la que cursa sus estudios.

El programa 'Campus Rural', como lo han bautizado, permitirá que los estudiantes de Grado o Máster puedan completar su formación realizando prácticas académicas, curriculares y extracurriculares en municipios de menos 5.000 habitantes o núcleos rurales por debajo de ese umbral. El objetivo: incentivar la "reconexión emocional y laboral" y "favorecer el crecimiento económico" de las zonas rurales. "Debemos entender nuestros pueblos como espacios de emprendimiento, empleo y oportunidad para situar lo urbano y lo rural como realidades unidas", destacó Ribera durante la presentación.

Mil euros brutos al mes

Las prácticas se desarrollarán entre el 1 de mayo y el 30 de diciembre del citado curso y a la hora de asignarlas será "determinante" el expediente académico de los estudiantes. Quienes finalmente se trasladen a zonas rurales para realizarlas contarán con una prestación económica de mil euros brutos mensuales. Además, las personas seleccionadas deberán contar con un tutor académico procurado por la universidad y un tutor de prácticas procedente de la entidad que reciba al alumno.

Las organizaciones que luchan contra la despoblación ven con buenos ojos este programa. Creen que es importante mostrar la calidad de vida que hay en estas zonas y que quede constancia de que también pueden albergar empresas punteras.

"Vivir en un pueblo de menos de 5000 habitantes es una decisión que, en frío, es elegida por poca gente, y menos si es joven. Pero si se muestran todas sus bondades ofreciendo un puesto de trabajo o una beca remunerada, como es el caso del 'Erasmus Rural', nos encontramos ante la posibilidad de que esos jóvenes decidan quedarse a vivir en la 'España Vaciada'. Que lo vean como una oportunidad para emprender, una opción de vida", asegura a Vozpópuli Vanesa García, portavoz de la plataforma Soria Ya!.

García cree que estos estudiantes deben tener "conocimiento" de que hay otra parte de España que "ha sido privada de servicios e infraestructuras y que necesita personas, como ellos, para revertir la despoblación". Del mismo modo, cree que con la llegada de los estudiantes se puede dar impulso a estas zonas con, entre otras cosas, mejoras de la conectividad o ayudas al emprendimiento. "Nuestros pueblos tienen futuro", añade la portavoz de la plataforma.

Otras experiencias similares

Este tipo de experiencias no son nuevas en España. La Universidad de Zaragoza ya ha llevado a cabo, en tres ocasiones, el programa 'Desafío' mediante el que los estudiantes universitarios de los últimos cursos realizan prácticas en instituciones tanto públicas como privadas. Del mismo modo, la Universidad de Castilla-La Mancha puso en marcha este curso la iniciativa 'UCLM-RURAL. Universitarios ante la despoblación' de la que se beneficiarán 56 estudiantes que harán prácticas en municipios de menos de 5.000 habitantes. 33 han comenzado este pasado jueves, seis en septiembre y el resto en octubre.

Por su parte, la iniciativa 'Campus Rural' ha sido desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en colaboración con el Ministerio de Universidades y las universidades públicas españolas. Está enmarcada en el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico aprobado por el Ejecutivo y contará con una inversión superior a 10.000 millones de euros, en torno al 10% del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.