El Parlamento de Cantabria ha acordado exigir al Gobierno de España la derogación del Real Decreto 933/2021, la normativa que impone nuevas obligaciones de registro y transmisión de datos en el sector del turismo. La medida, impulsada por el Partido Popular y apoyada por Vox, ha sido duramente criticada por empresarios y trabajadores del sector, que alertan del colapso que está provocando en agencias de viajes, alojamientos y empresas de alquiler de vehículos.
Desde el PSOE, por su parte, defienden que la regulación responde a razones de seguridad nacional y que su implementación es necesaria para prevenir actividades delictivas. Mientras tanto, el Ministerio del Interior no ha ofrecido una respuesta concreta a las críticas ni ha planteado soluciones para los problemas que denuncian los afectados.
El Real Decreto 933/2021, en vigor desde diciembre de 2024, obliga a los establecimientos turísticos y agencias de viaje a recopilar y almacenar un gran volumen de datos de los viajeros, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, documento de identidad, forma de pago y detalles de la estancia o alquiler. Además, deben conservar esta información durante tres años y transmitirla al Ministerio del Interior.
Según denuncia Agustín Almodóbar, portavoz del PP en la Comisión de Interior del Senado, esta norma está generando "un caos sin precedentes" y afectando de manera especial a las pequeñas y medianas empresas turísticas. "La mayoría de las agencias de viajes en nuestro país son PYMES con un solo empleado, que ahora se ven obligadas a contratar personal adicional o invertir en tecnología para poder cumplir con la normativa", explica el senador.
Preocupaciones por la privacidad y el control de datos
Uno de los aspectos más polémicos de la norma es su implicación en la privacidad de los viajeros. Críticos del Real Decreto lo han denominado "el Gran Hermano turístico" de Pedro Sánchez, en referencia a la supuesta intromisión en la privacidad de los turistas. Desde Vox, denuncian que se trata de una "obsesión por controlar a los ciudadanos de manera absolutamente desproporcionada".
Organismos especializados en protección de datos también han expresado su preocupación por los riesgos de ciberseguridad que conlleva la acumulación de información personal durante tres años. "Esta medida aumenta la posibilidad de accesos no autorizados y filtraciones de datos, poniendo en peligro la información de millones de viajeros", señala un informe reciente de la Agencia Española de Protección de Datos.
El sector pide su derogación: "No es viable"
Diversas asociaciones del sector han exigido al Gobierno que suspenda la aplicación del decreto, argumentando que su cumplimiento es "prácticamente imposible". Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) advierten que la norma "supondrá un freno para la recuperación del turismo y podría alejar a viajeros internacionales que no quieran verse sometidos a un control tan exhaustivo".
A pesar de las peticiones, el Ministerio del Interior no ha emitido una respuesta oficial a las críticas ni ha propuesto modificaciones en la aplicación del Real Decreto. "El Gobierno impone una norma sin estar preparado para ponerla en marcha", lamenta Almodóbar.
El registro obligatorio de viajeros ha generado un amplio rechazo en el sector turístico, que lo considera una carga administrativa excesiva y una amenaza para la privacidad de los clientes. Mientras el Parlamento de Cantabria y el Senado han aprobado iniciativas para pedir su derogación, el Gobierno mantiene su postura y defiende su necesidad por motivos de seguridad.
Sin una respuesta clara del Ministerio del Interior y con el sector exigiendo cambios urgentes, el Real Decreto 933/2021 se perfila como una de las medidas más controvertidas en el ámbito turístico de los últimos años. El desenlace de esta polémica aún está por decidirse, pero lo que es seguro es que la tensión entre el Gobierno y los profesionales del turismo seguirá en aumento.
