Los presidentes de autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León han consolidado una alianza transversal entre el PP y el PSOE, que quieren extender a otras comunidades del país. Javier Lambán y Emiliano García Page, por parte del socialismo, y Alfonso Fernández Mañueco, de los populares, han abierto un frente a la vicepresidenta Teresa Ribera, a la que piden un compromiso concreto para hacer frente a la despoblación en sus respectivos territorios.

Estas regiones han comenzado andar sus propio camino al margen del Gobierno de coalición PSOE-Podemos con legislación propia basada en incentivos fiscales para el desarrollo de estas zonas. También han lanzado varios avisos al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la necesidad de darle una vuelta a la Política Agrícola Común (PAC).

No es casualidad que la cumbre entre Lambán, Page y Mañueco en Albarracín (Teruel) se produjera el mismo día que el Congreso aprobaba la primera ley del cambio climático en España. El llamado Pacto de Albarracín, tal y como lo bautizó el Diario de Teruel, es un aviso autonómico al Gobierno central.

Reunión con Ribera

La iniciativa de los tres presidentes busca ampliarse a ocho regiones en total que sufren el vaciamiento de su medio rural. El objetivo es, según explican, reunirse con la vicepresidenta Ribera para trasladarle sus inquietudes y que este tema se incluya en la agenda de la próxima cumbre de presidentes. Ribera gestiona las competencias de Transición Ecológica, pero también las de Reto Demográfico.

"Hay que analizar cómo afectan estas medidas como la ley del cambio climático al medio rural", explican fuentes de estos Gobiernos. "Hay que plantear medidas globales para el sector agroalimentario, el turismo y las energías renovables".

"Para asentar población necesitamos regadíos, que se defiendan por ejemplo las granjas de porcino y no solo al aguilucho X y un sector de energías renovables más compensado con fórmulas que permitan por ejemplo a estas zonas despobladas beneficiarse de bajadas en el recibo de la luz", añaden.

Una necesidad de PP y PSOE

Algo está cambiando en el enfoque de las comunidades, cada vez más alejado de los planteamientos del Ejecutivo central. Se trata también de una necesidad política para los grandes partidos en estos territorios. La irrupción de movimientos como Teruel Existe -con representación tanto en el Congreso como en el Senado- puede repetirse en otras comunidades. La llamada 'Revuelta de la España Vaciada' trasladada de las manifestaciones al plano electoral supone una amenaza para las mayorías actuales del PP y PSOE a dos años de las próximas elecciones autonómicas.

La presión de aragoneses, castallanomanchegos y castellanoleoneses ha conseguido que las provincias de Teruel, Cuenca y Soria se consideren zonas especialmente despobladas por la Unión Europea. Esta denominación permite subvencionar hasta el 20% los costes de seguridad social a las empresas que se instalen en estas zonas. Y los tres dirigentes quieren hacer extensiva esta bonificación a las provincias limítrofes, según explicaron en Albarracín.

Lambán, Page y Mañueco reclaman que se aplique ya la estrategia nacional para el reto demográfico, que recoge una inversión de 10.000 millones de euros y 130 medidas. Y que los 140.000 millones de los fondos europeos de reconstrucción sirvan también para reequilibrar el territorio.

Leyes contra la despoblación

En ese sentido, La Mancha ha tomado la delantera con una ley pionera contra la despoblación. La norma contempla una rebaja de hasta el 25% en el tramo autonómico del IRPF y del 10% para la adquisición o rehabilitación de vivienda para las personas que fijen su residencia en pueblos pequeños. El texto recoge, entre otras medidas, la garantía de una escuela en núcleos rurales con al menos cuatro niños.

Aragón, por su parte, ultima una ley similar que se encuentra en la fase final de recogida de aportaciones. La futura Ley de Dinamización del Medio Rural "está planteada como un instrumento que consiga aumentar la presencia de centros productivos y empresariales, actividades comerciales y de servicios". "Se trata de consolidar y aumentar la población en estos territorios demográficamente disminuidos, así como la riqueza y el empleo", dicen fuentes del Gobierno aragonés.

En ese sentido, la entente que lideran las tres comunidades quiere exigir a Sánchez cambios en la PAC y una nueva financiación autonómica.