El Partido Popular quiere que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska envíe efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional al País Vasco y Cataluña, con el fin de incrementar la "vigilancia física" en las calles sobre el cumplimiento de las obligaciones de usar mascarilla o evitar actos multitudinarios para frenar los contagios de la covid-19.

El principal partido de la oposición presentó este lunes varias preguntas parlamentarias al Gobierno, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, en las que se resalta que los últimos datos sobre los rebrotes del coronavirus en la población son "realmente preocupantes" pues anticipan lo que puede convertirse en una "gran segunda oleada de contagios" del virus.

A juicio del PP, el Ejecutivo de Sánchez ya demostró una "nula capacidad de anticipación" a principios de año cuando el país sufrió la primera oleada. "Ahora, con los datos de los incrementos sobre la mesa, la anticipación que brilló por su ausencia, debe ser el primer instrumento de defensa frente al virus", advierten los populares.

Pablo Casado y Enrique López.

En este sentido, la formación de Pablo Casado subraya que el uso de la mascarilla o el evitar aglomeraciones públicas son cuestiones "de vital importancia" en línea con el llamamiento de la Asociación de Municipios Vascos, que recientemente pidió un aumento de la vigilancia para evitar actos multitudinarios en los que puedan congregarse un gran número de personas.

"Para tal cometido será necesaria la vigilancia física por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", argumenta el PP ante el "serio panorama" al que se enfrentan el País Vasco y Cataluña, las únicas comunidades autónomas a las que se menciona, y la necesidad de "intensificar" la vigilancia.

"Tareas de apoyo" en esas CCAA

Tras ello, los populares preguntan al Ejecutivo si tiene previsto que policías y guardias civiles realicen "tareas de apoyo" en la vigilancia y control de las medidas sanitarias en el País Vasco y Cataluña ante el "potencial desbordamiento de las unidades de policía autonómica", en referencia a la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.

Además, inquieren al departamento de Marlaska si va a garantizar el "suministro futuro de todos los equipos de protección" frente al virus que son necesarios para garantizar la seguridad de los agentes de la Benemérita y la Policía Nacional.

Por último, el PP reclama al Gobierno que explique cómo va a garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en horario nocturno "sin con ello someter" a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "a turnos de trabajo superiores a los habituales". Todo ello, teniendo en cuenta la "labor extenuante que llevan realizando desde el inicio de la pandemia", concluye el principal partido de la oposición.

Que España asuma las PCR

Esta iniciativa parlamentaria fue complementaria a la petición de Casado al Ejecutivo de Sánchez para que financie y "asuma el coste" de las pruebas PCR para detectar la covid-19 que tengan que hacerse los turistas que visiten España, al tiempo que planteó un plan de choque fiscal a corto plazo para el negocio turístico, ya que, en su opinión, las cifras son "muy preocupantes" y la cuarentena británica puede "dar la puntilla" al sector.

Así se pronunció en la reunión de la Comisión de Seguimiento del covid-19 creada por el PP, en la que participaron los vicesecretarios Elvira Rodríguez, Cuca Gamarra y Jaime de Olano, y las ex ministras de Sanidad, Ana Pastor y Dolors Montserrat. También han acudido los ex secretarios de Estado, Isabel Borrego y Mario Garcés, y el secretario de Justicia del PP, Enrique López, entre otros, según Europa Press.

Casado recriminó al inicio de la reunión a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que el Gobierno no tenga "una posición clara ante una crisis mayúscula" en el sector tras la recomendaciones de no viajar a España de varios países y la cuarentena impuesta por Reino Unido. Esta última decisión "da la puntilla" al sector, a juicio del líder del PP justo cuando se estaba recuperando "con dificultad".

Comisión de Seguimiento de la covid-19 en el PP.

Tras ello, advirtió de que las cifras "ya son muy preocupantes" porque "se ha desplomado el 80% del negocio turístico a nivel nacional" y puso como ejemplo el hecho de que los operadores cifran en 124.000 millones de euros las pérdidas. A su entender, si no se fijan corredores seguros caería aún más el negocio turístico, en un sector que representa el 13% del PIB y el 11% del empleo nacional.

Por eso, planteó cinco puntos "muy claros", empezando por que el Gobierno "asuma el coste de las pruebas de PCR a los viajeros que puedan venir de otros países o incluso a la salida de España hacia los países de origen". En su opinión, esas pruebas "ya son accesibles", tanto en precio como en adquisición en los mercados internacionales, laboratorios y fábricas nacionales.

Plan de choque fiscal

En segundo lugar, Casado defendió un plan de choque a corto plazo fiscal con medidas fiscales específicas como una reducción de los tipos del IVA para que sea "temporalmente súper reducido para el sector turístico", una bajada de las tasas aeroportuarias del 25% durante el año 2020 y 2021, la eliminación de cualquier tasa que grave pernoctaciones en España e "incentivos fiscales a actividades turísticas".

Además, pidió que se mejoren los canales de liquidez, con créditos ICO, y apostilló que, ante los fondos que vendrán de la UE, este sector debería recibir "al menos el 30% de esos proyectos" porque está "muy vinculado a la sostenibilidad medioambietal y a la digitalización".

El presidente del Partido Popular reclamó por último que los ERTE se prorroguen hasta fin de año y que incluso se puedan ampliar al primer trimestre del año 2021 si "la temporada va tan mal como parece".