El Partido Popular ha elevado a la Comisión Europea una queja formal sobre el acuerdo entre el Gobierno de España y Junts en relación con el reparto de menores migrantes no acompañados. La formación conservadora considera que este pacto vulnera los principios de solidaridad y proporcionalidad establecidos en la política migratoria de la Unión Europea.
Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido han formalizado la petición en una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión. En su escrito, denuncian que el reparto estipulado en el acuerdo se basa en criterios "políticos espurios" en lugar de parámetros objetivos. Según los datos presentados, la distribución favorece claramente a Cataluña, comunidad autónoma gobernada por el PSOE, que recibiría entre 20 y 30 menores, mientras que Madrid o Andalucía, con poblaciones similares, acogerían más de 700.
Un reparto con tintes partidistas
Montserrat ha calificado este acuerdo como "un uso partidista de la inmigración" y ha instado a la Comisión Europea a revisar su compatibilidad con las normativas comunitarias de asilo y protección infantil. La portavoz popular sostiene que el principio de solidaridad entre regiones está siendo manipulado para beneficiar a ciertas autonomías en detrimento de otras, lo que contraviene el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
"Este trato desigual evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez prioriza sus acuerdos políticos con sus aliados independentistas por encima del bienestar de los menores afectados", ha afirmado Montserrat.
Incoherencias con la política migratoria de la UE
Por su parte, Juan Ignacio Zoido ha destacado la contradicción entre este pacto y el Pacto de Migración y Asilo que los socialistas españoles apoyaron recientemente en el Parlamento Europeo. "En aquel momento, la solidaridad entre territorios era una de las bases fundamentales. Sin embargo, ahora vemos cómo esa solidaridad desaparece cuando se trata de favorecer a Cataluña", criticó el eurodiputado.
Zoido también ha denunciado que el Gobierno central está gestionando la crisis migratoria "sin planificación ni transparencia", distribuyendo menores migrantes "como si fueran mercancías", sin detallar los recursos que recibirán las comunidades autónomas afectadas. "Este reparto arbitrario demuestra que la integración de estos menores no es una prioridad para el PSOE", añadió.
Los populares han aprovechado su intervención para poner el foco en la situación crítica que vive la frontera sur de Europa. Canarias, Ceuta y Melilla enfrentan una llegada masiva de migrantes sin que el Gobierno de Sánchez haya solicitado una mayor implicación de las instituciones europeas en la gestión de esta crisis. Montserrat señaló que "la incompetencia del Ejecutivo ha generado un efecto llamada que ha disparado las cifras de llegadas".
El PP también ha expresado su preocupación por el impacto que podría tener en la seguridad y el control migratorio la transferencia de competencias a Cataluña en materia de inmigración, un punto que forma parte del acuerdo con Junts. Según los populares, descentralizar la concesión de visados, el control de fronteras y la gestión de autorizaciones de estancia podría comprometer la estabilidad del espacio Schengen.
Esta preocupación ya ha sido objeto de una primera pregunta parlamentaria presentada por el PP ante la Comisión Europea, en la que solicitaban una vigilancia sobre "la legalidad y las consecuencias" de estos traspasos de competencias.
Exigencias a la Comisión Europea
Ante esta situación, Montserrat y Zoido han pedido a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo y sobre las medidas que piensa tomar para garantizar que el reparto de menores migrantes en España se realice bajo criterios objetivos, respetando la capacidad de cada región y el interés superior del menor. Asimismo, han solicitado que se refuercen los mecanismos de control para evitar que la migración se convierta en una moneda de cambio política.
El PP sigue apostando por una gestión migratoria equitativa, eficaz y coordinada a nivel europeo, que garantice la seguridad y el respeto a los derechos humanos sin manipulaciones políticas ni privilegios arbitrarios.
