El PP exige la retirada completa del plan energético tras la rebelión autonómica

El Partido Popular exige al Gobierno la retirada "completa" del real decreto-ley sobre el plan de ahorro energético. Poco después del inicio de la conferencia sectorial entre la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y los consejeros autonómicos para estudiar los detalles del plan de ahorro y "despejar dudas" sobre el alcance y aplicación de las medidas que entran el miércoles en vigor, los 'populares' han reclamado la retirada de un decreto-ley elaborado "a espaldas de las CCAA". "Se ha realizado sin consenso. Se debe escuchar a todos los sectores implicados, sin improvisaciones ni ocurrencias", ha afirmado Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial del PP, en rueda de prensa en la sede nacional del partido.

"El real decreto genera una enorme inseguridad jurídica", ha añadido Tellado, quien ha criticado que este real decreto se haya hecho “de espaldas” a las comunidades autónomas, a los territorios, los municipios y “sin atender a las peculiaridades” de cada uno de los sectores “afectados”, como los comercios, los supermercados, el cine o el teatro.

A su vez, tal y como hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Mellado ha exigido la convocatoria de una Conferencia de Presidentes esta misma semana para que Sánchez explique este real decreto y las comunidades autónomas puedan también expresarse.

Este mismo lunes Cataluña se ha sumado a Madrid en la 'rebelión' autonómica contra el plan de ahorro. El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Albert Castellanos, ha asegurado hoy que existen imprecisiones en el decreto ley del plan de ahorro energético que generan "inseguridad jurídica" para los sectores afectados por las mismas.

Castellanos ha remarcado que la Generalitat comparte los objetivos del Gobierno central contra la emergencia climática, pero no les "convence la forma en la que se ha aprobado el real decreto", porque ha tenido según él muy poco consenso y diálogo. "No queda claro en el redactado qué medios hay para garantizar el cumplimiento, cuál es el régimen sancionador", ha defendido Castellanos, así como tampoco lo está a sus ojos el papel que tiene que adquirir la Generalitat en la aplicación de las medidas.

También ha defendido la necesidad de que el Gobierno destine recursos adicionales para su cumplimiento, porque lo que está haciendo es "gobernar a golpe de BOE, fijar muy rápido las obligaciones y no poner al lado las facilidades o los recursos para implementarlos de forma inmediata". Preguntado por el hecho de que no vayan a asistir los consellers a la reunión, ha respondido que "la Generalitat estará muy bien representada" igualmente.

El Gobierno se niega a retirar el decreto

Tras la exigencia del PP, Ribera ha asegurado que el Gobierno no retirará el decreto de ahorro energético que entra en vigor este miércoles, una medida solicitada por las autonomías gobernadas por el PP. La Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, han pedido este lunes la retirada del real decreto-ley de ahorro energético, aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros, según ha anunciado la ministra.

Durante su comparecencia ante los medios tras la reunión telemática mantenida con los máximos responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, Ribera ha asegurado que esta retirada "no es la intención del Gobierno", por lo que medidas como el limite al termostato entrarán en funcionamiento este miércoles. El encuentro, que ha durado más de tres horas, ha estado presidido por Ribera, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y a él también ha asistido la Federación Española de Municipios y Provincias(FEMP). 

Regular la temperatura y apagar luces y escaparates

Limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, así como apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas serán las primeras medidas que entrarán en vigor este miércoles.

Así figura en el primer paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno para reducir rápidamente el consumo de energía con el objetivo de cumplir con los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania. En el caso de todas estas iniciativas tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.

Centros sanitarios y hospitalarios, de formación (colegios, universidades o guarderías), peluquerías, lavanderías, gimnasios y los medios de transporte en sí (trenes, aviones, aeropuertos, barcos...) quedarán excluidos de la obligatoriedad de limitar la temperatura, para no bajar de los 27 grados en verano ni superar los 19 grados en invierno. También quedan exentos aquellos centros donde sean necesarias exenciones por las especificidades del sector, así como en el caso de hoteles, las habitaciones, que son de regulación privada. En el resto del hotel (por ejemplo restaurantes, cafetería, espacios comunes) sí se aplicaría.

De esta manera, los límites de temperatura establecidos se aplicarán al interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados, situados en los edificios y locales destinados a uso administrativo (incluyendo plantas o zonas de oficinas, vestíbulos generales y zonas de uso público), comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares) y cultural (teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares), así como en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, restauración (bares, restaurantes y cafeterías) y transporte de personas (estaciones y aeropuertos).

No obstante, la ministra Teresa Ribera precisó el viernes que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al "entorno de los 25 grados", teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno.