El Partido Popular Europeo (PPE) respaldó este martes la propuesta de ley de los conservadores españoles para ampliar formalmente la zona de regadíos en Doñana y pidió una reunión con la Comisión Europea para explicar una iniciativa que asegura que no afecta a los acuíferos subterráneos.
"No afecta al cumplimiento de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a España a proteger el humedal "sino que asegura su cumplimiento porque no se permite la extracción de aguas subterráneas del acuífero", sostiene el presidente del PPE, Manfred Weber.
El líder de los conservadores en el Parlamento Europeo se expresó así en una carta dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmemans, y al comisario de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicius, que firman también la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado conservador Juan Ignacio Zoido.
En ella, insisten en que la propuesta de ley aprobada por el Parlamento de Andalucía no afecta ni al Parque Nacional ni al Parque Natural, ni si quiera al parque, sino sólo a la parte norte de ese territorio, situada a más de 30 kilómetros.
"No otorga automáticamente el derecho de riego de las tierras calificadas como tierras agrícolas regables con aguas superficiales. Esos derechos se otorgarán de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos establecidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, órgano competente en esta materia, así como por otras administraciones y organismos de la cuenca", subrayan.
Weber concluye la misiva solicitando una reunión para poder explicar el proyecto que "pretende implementar para solucionar el problema existente, desatendido por gobiernos anteriores".
"Considerando que el daño ya es significativo y la urgencia es innegable, solicito su atención en este asunto", dice el alemán.
El Partido Popular, en un comunicado, ha destacado que ese daño "a la imagen de Doñana, de Andalucía y de su agricultura" responde a "intereses partidistas".
En esa nota, los cristianodemócratas españoles aseguran que "en los últimos años, Doñana ha sufrido una serie de problemas relacionados con la disponibilidad y calidad, debido al cambio climático, la intensificación agrícola y las extracciones de agua, problemas que han sido desatendidos por los gobiernos anteriores y que esta propuesta pretende solucionar".
Este mismo martes, la vicepresidenta para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, tiene previsto mantener en Estocolmo una reunión con el comisario de Medio Ambiente para abordar la "preocupante" situación en el parque nacional de Doñana.
Por su parte, responsables de la Junta de Andalucía tienen prevista una reunión en Bruselas el próximo día 3 de mayo con miembros del equipo del comisario para abordar el tema de Doñana, según anunció hoy el Ejecutivo andaluz.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este fin de semana en un mitin político con vistas a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo que "ni el negacionismo de Vox ni la soberbia del PP andaluz van a salvar Doñana".
Sánchez aseguró que su Ejecutivo va a usar todos los instrumentos necesarios para frenar el "atropello" que a su juicio supone el plan para ampliar regadíos que han aprobado los dos partidos.
La Comisión Europea envió a finales de marzo una carta a España en la que advertía de la obligación de proteger el parque.
Y la pasada semana el Ejecutivo comunitario recordó que Bruselas puede forzar que se respete esa protección "si es necesario" ya que hay evidencias científicas y técnicas "sólidas" sobre los "efectos adversos" de la sobreexplotación de sus aguas subterráneas.
Declarado el parque Reserva de la Biosfera por la UNESCO (1980) y Patrimonio de la Humanidad (1994), Doñana es uno de los espacios protegidos más conocidos de Europa que se despliega en una decena de municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz a través de dos figuras formales: el Parque Nacional (1969) y Parque Natural, creado en 1989 y ampliado en 1997
