El Partido Popular actúa en la causa abierta en los juzgados de Madrid por el millonario rescate de Plus Ultra. La formación, que esta misma semana ha recibido la luz verde para litigar en este procedimiento, ha solicitado que se estudie detenidamente el expediente de la SEPI que respalda el rescate de la aerolínea, para esclarecer si hubo "irregularidades" en esta ayuda de 53 millones de euros. De esta forma se opone a las pretensiones de la Abogacía General del Estado, que acaba de recurrir la apertura de esta investigación penal.

La defensa del PP impugna el recurso del Gobierno razonando que todavía no se ha practicado ninguna de las diligencias que ordenó la magistrada Esperanza Collazos tras la apertura de esta causa. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid admitió a trámite el pasado 8 de abril una querella de Manos Limpias contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y el resto de miembros del Consejo de Administración por presunto delito de malversación de caudales públicos. Además, requirió a la entidad pública el expediente completo tramitado para la ayuda de la aerolínea.

La Abogacía General del Estado recurrió el auto de la magistrada ante la Audiencia Provincial de Madrid alegando que no existen indicios que apunten a irregularidad alguna en el proceso. Los servicios jurídicos del Gobierno razonaron que no hubo malversación con la entrega de 53 millones provenientes del fondo gestionado por la SEPI para las empresas más afectadas por la crisis del covid, defendiendo de esta forma a Lora y a otra quincena de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que se encuentran las secretarios de Estado de Hacienda, Defensa y Energía. Ahora, el Partido Popular tumba esta petición en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que apunta que los hechos denunciados son verosímiles.

"Subvención a sujetos no aptos"

Es más, el partido que lidera Pablo Casado asegura que se trata de una resolución "impecable" y que, toda vez que la SEPI ya ha remitido el expediente solicitado por el juzgado, es necesario estudiar su contenido. "De la realización de la citada diligencia podría resultar que, efectivamente, existen irregularidades en el expediente y que se ha concedido una millonaria subvención a sujetos no aptos con el consiguiente quebranto económico para la Administración Pública", reza el escrito en relación a la actuación del Consejo de Administración. El mismo lo integran también los subsecretarios de Hacienda, Fomento, Trabajo, Presidencia, Economía, Agricultura y el director general de Patrimonio del Estado.

La querella recogía que la aerolínea había recibido un rescate multimillonario pese a acumular pérdidas desde su fundación en 2011. También se le vincula con el chavismo venezolano pese a que la compañía niega cualquier relación al respecto. El motivo reside en que una de las empresas que estarían detrás de la aerolínea, Snip Aviation, está vinculada al empresario Rodolfo José Reyes Rojas, ligado a su vez al entorno de Nicolás Maduro. A ello se le suma que Plus Ultra fue la segunda empresa aérea con más denuncias de pasajeros en términos relativos ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), tal y como desveló este diario.

Solo en 2020 un total de 502 pasajeros de la compañía presentaron una denuncia ante la agencia arriba mencionada tras verse afectados por una cancelación, denegación de embarque, retraso o cambio de clase. La aerolínea que conecta España con Caracas, adeuda una cantidad que supera los 155.000 euros, según la plataforma Reclamador.es. Con todo, y pese a las sospechas sobre la inyección del dinero público, el Ejecutivo ha defendido en todo momento la ayuda que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el rescate calificando la compañía de "estratégica".

No obstante, se abren varios frentes en los tribunales por este asunto . Además de la causa que se sigue en Plaza Castilla, la formación Vox presentó una querella en el Tribunal Supremo contra el Gobierno y la SEPI por malversación de caudales, fraude fiscal y entramado societario fraudulento. El escrito denunció que ni Plus Ultra era una firma estratégica con relevancia en el sector, ni su situación de insolvencia se debe a la crisis de la covid, sino que más bien registra "grandes pérdidas económicas" casi desde su creación.