José Luis Rodríguez Zapatero, el principal aval del régimen bolivariano de Nicolás Maduro en estos lares, mantuvo un encuentro a principios de marzo con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en Santa Cruz, Bolivia. Al expresidente socialista poco le importó que le fotografiaran junto a la mano derecha de Maduro en pleno escándalo del caso Koldo. Por las mismas fechas, el Gobierno de Pedro Sánchez reflejaba por escrito en un documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, su voluntad para abrirse a levantar las sanciones europeas contra el régimen venezolano.
Una postura que coincide con un momento de durísima represión contra la oposición venezolana. En un nuevo ejercicio de democracia a la bolivariana, Nicolás Maduro ha anulado las candidaturas de 16 opositores a las elecciones presidenciales, algo que ha provocado una tensión máxima en las calles del país. Entre los afectados se encuentra la líder opositora María Corina Machado, al frente del movimiento Vente Venezuela y principal rival de Maduro en las urnas. El líder del régimen se ha valido de un polémico proceso judicial para poner fuera de juego a Corina.
Pese a esta realidad, el Gobierno de Pedro Sánchez acerca posturas con el régimen de Maduro y se dispone a ejercer de baluarte del bolivarianismo en la Unión Europea. En una respuesta escrita al grupo parlamentario mixto -en concreto, al diputado de UPN, Alberto Catalán-, el Ejecutivo apunta que "las sanciones individuales europeas son un instrumento temporal, proporcional y reversible, cuyo principal objetivo es promover la celebración de unas elecciones libres, justas y trasparentes en Venezuela".
El Gobierno afirma en este documento que "en línea con las decisiones adoptadas por otros países de la comunidad internacional con ocasión de la adopción del Acuerdo de Barbados entre el Gobierno venezolano y la plataforma unitaria de la oposición, el Gobierno de España propuso, junto con otros de sus socios europeos, la pertinencia de iniciar un procedimiento de revisión de las sanciones de la Unión Europea, para apoyar la implementación del acuerdo, si el Gobierno de Nicolás Maduro da pasos significativos para generar un contexto verdaderamente pluralista y democrático en Venezuela".
Es decir, que el Gobierno de Sánchez apela al Acuerdo de Barbados, a través del cual Nicolás Maduro se comprometía a celebrar elecciones democráticas. Un compromiso que ha saltado por los aires con la inhabilitación de Corina y el veto a otras 15 candidaturas parlamentarias.
El veto impuesto por el chavismo no se limita únicamente a la anulación de candidaturas. Las autoridades electorales se han encargado estos últimos días de depurar la lista de partidos autorizados para participar en las elecciones presidenciales. A pesar de la presión internacional y las denuncias de manipulación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha admitido la participación de solo un puñado de partidos opositores.
Protestas en Madrid
Mientras el Gobierno de Sánchez mueve ficha para que se levanten las sanciones contra el régimen venezolano, sus ciudadanos se concentran para protestar contra los movimientos antidemocráticos de Maduro. El pasado viernes, una concentración de exiliados venezolanos frente al consulado de Caracas en Madrid ha reclamado elecciones democráticas, la liberación de los políticos detenidos y que se integre en el censo electoral a todos los votantes residentes en el extranjero a los que, contra la legislación electoral del país, no se les está permitiendo votar.
Una concentración en la que ha participado Vox a través de su nuevo portavoz nacional, José Antonio Fúster. En declaraciones a la prensa, Fúster ha señalado que lo que más duele desde España en esta situación es la "complicidad de nuestro Gobierno con el secuestro de las elecciones" y ha explicado que "no es nada nuevo ese ataque a la democracia, algo que Vox viene denunciando desde hace tiempo".
