Pedro Sánchez es un animal político. Quienes le conocen comentan que no se casa con nadie y que prima el interés por seguir al frente del Gobierno por encima de cualquier otra cosa. Solo así se entiende su última decisión política: el pacto para ceder las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña. Aunque ahora el gobierno catalán esté en manos del PSC, se trata de una concesión a un partido independentista de derechas que lo que quiere es controlar quiénes entran y salen de la comunidad. El acuerdo destroza los intereses electorales de algunos de los ministros candidatos del PSOE, especialmente los de quienes compiten en autonomías donde las prebendas al independentismo sientan a cuerno quemado, como Madrid, Aragón y Andalucía.

Lo cierto es que el malestar en las bases del partido crece por el asunto de marras. Algunos dirigentes territoriales aborrecen de él públicamente, como Emiliano García-Page —que dijo este jueves que era un pacto racista— o el extremeño Miguel Ángel Gallardo. Pero eso es solo la punta de un iceberg. El poder omnímodo de Sánchez sobre el PSOE impide la crítica a micrófono abierto. Aunque la realidad es que buena parte del socialismo se ha tomado muy mal ese acuerdo, porque rompe por completo la posición del partido respecto a la inmigración. No por casualidad las únicas dos ministras que han defendido el pacto hasta ahora se han parapetado machaconamente en la exposición de motivos de la ley y han alegado —solo faltaba— que respeta escrupulosamente los derechos humanos. Por si faltaba alguien, el expresidente Felipe González también dudó de la constitucionalidad de la proposición de ley.

Los tres ministros más afectados por este último acuerdo del PSOE con Junts son Óscar López, rival de Isabel Díaz Ayuso; Pilar Alegría, rival de Jorge Azcón; y María Jesús Montero, rival de Juanma Moreno. Las fuentes consultadas en el partido reconocen que, por el momento, la proyección de los tres ahora "no es buena", porque el PP tiene muy fácil marcarles como continuadores del 'sanchismo' en sus respectivas plazas y de las concesiones al independentismo. El acuerdo en inmigración se suma a otros, también sensibles, como el cupo catalán. De hecho, la financiación estuvo a punto de provocar una rebelión de varias federaciones en el último congreso federal del partido.

El presidente ha dejado el partido listo para la batalla. El cónclave de Sevilla fue la apertura de un nuevo ciclo electoral y el presidente está volcado en que su partido sea competitivo en 2027. Por eso ha encumbrado a las principales federaciones a ministros para que compitan electoralmente. Aunque algunos socialistas dudan de la viabilidad de esa operación orquestada por Sánchez, porque la ven plagada de riesgos.

Si sus apuestas pierden, Sánchez quedará marcado y se podrá hacer la lectura de un rechazo de los ciudadanos a él y a sus políticas, sobre todo en las comunidades autónomas en las que la agenda nacional tiene más peso, como Madrid, las dos Castillas, Aragón y Extremadura. Por no hablar de si pierde él también. Todos a una.

El presidente del Gobierno, como ya contó este diario, baraja celebrar un súperdomingo electoral en 2027. La idea es hacer coincidir los comicios municipales, autonómicos y generales en un mismo día para exprimir la movilización de los españoles. En especial, los de izquierdas. Con esa jugada, el líder del PSOE cabalgaría con su ejército de ministros-candidatos contra las murallas de Génova, 13, para tumbar definitivamente a Alberto Núñez Feijóo.

En el independentismo se aplaude la relación que ha creado Junts con el PSOE. Los independentistas catalanes negocian con "el enemigo" porque consideran que le pueden sacar mucho más partido. Puigdemont no tiene intención alguna de participar en la gobernabilidad de España. A diferencia de ERC, le preocupa bien poco "la mayoría social" con la que quiere alinearse el Gobierno. Y si se compromete a aprobar algunos decretos, como el de revalorización de pensiones, es porque afecta directamente a buena parte de sus votantes. Junts ha evidenciado que no se alinea con ningún bloque: ni con el 'progresista' ni con el de la derecha, al que pertenece ideológicamente.

Pero el pacto fiscal y este último tienen a las bases de varias federaciones removidas —y aterrorizadas por sus consecuencias—. Fuentes del partido consultadas por este diario explican que, en efecto, el miedo y la incertidumbre las han invadido (otra vez). Creen que tendrán imposible recuperar el poder territorial que se fue por el sumidero en mayo de 2023.

Es más, algunos consideran que aún puede menguar más el ya de por sí escaso número de gobiernos autonómicos y municipales que lideran. Cabe recordar que en aquellos comicios el PSOE perdió siete ejecutivos autonómicos. Solo retuvo (y con dificultad) Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. Aquel fue un fuerte golpe que Pedro Sánchez, no obstante, logró neutralizar azuzando el miedo a la ultraderecha para movilizar a los votantes progresistas y unirlos en torno a la papeleta del puño y la rosa apenas dos meses después.

A todo esto cabe sumar la falta de reflexión acerca de la sangría del partido en las elecciones autonómicas en las que ha concurrido, con la salvedad de Cataluña y, en menor medida, Euskadi. Hace tiempo que existen voces críticas en Ferraz por la supuesta entrega de los socialistas a los partidos regionalistas e independentistas, que son los que están rentabilizando el voto de izquierdas en estas elecciones. La dirección del partido es consciente de ese efecto, según reconoce una fuente de la ejecutiva a este diario.

Fuentes del oficialismo socialista apuntan que España tiene una realidad plurinacional que hay que atender y que eso implica tener un discurso regionalista, pegado al territorio. Y eso obliga a abrir huecos por los que se pueden colar los mensajes de los partidos regionalistas e independentistas. Estas fuentes, de hecho, ven las voces críticas internas como un ejemplo más de posturas propias que obedecen a los intereses de sus territorios, donde también opera otro nacionalismo: el español.

Un claro dardo a algunos de los dirigentes socialistas más contestatarios, como Page. Pero estos echan en falta un proyecto nacional, porque ven el partido subsumido en una maraña inquietante: por tener el poder, se abraza a políticas que ponen en jaque el sistema constitucional de 1978. Y las concesiones al independentismo son el penúltimo ejemplo. Todo lo que se ha cedido en los últimos meses ha revuelto a muchos socialistas.

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