Rivera pide a Rajoy que no se abran los colegios en la consulta separatista del 1-O

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se han reunido este martes en Moncloa para abordar el desafío separatista. Según fuentes de la formación naranja, Rivera le ha trasladado "su apoyo sin fisuras a la justicia y al Gobierno para frenar el golpe a la democracia que pretenden llevar a cabo los partidos separatistas en Cataluña". En concreto, el líder del C's ha insistido en la necesidad que el Ejecutivo actué para "impedir que se abran los colegios" en la consulta del 1 de octubre.

Ambos habían quedado en verse en próximas fechas durante la manifestación del pasado 26 de agosto contra los atentados de Barcelona y Cambrils. Y Rajoy le convocó para el día de hoy. Esta mensaje de Rivera llega el mismo día en que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también ha cerrado filas con el Gobierno y no ha descartado apoyar que sean retiradas las urnas. "Ante un hecho ilegal, el Estado tiene que garantizar la legalidad", ha remarcado en un desayuno informativo organizado por Ep.

En su una reunión de más de una hora en el Palacio de La Moncloa, Rivera ha pedido a Rajoy que "se mantengan los mecanismos de coordinación e información respecto a los pasos que se vayan dando en función de los hechos que acontezcan en Cataluña en los próximos días. Además, el presidente de C's ha solicitado al jefe del Ejecutivo que "desde el Gobierno se evite otro 9N y el uso de dinero público para este proceso ilegal y antidemocrático".

Antes de la cita, en una entrevista en Antena 3, Rivera Rivera defendió "ser proporcional en la respuesta del Gobierno y de las instituciones del Estado", al tiempo que no descartó la posibilidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución. No obstante, abogó por aplicar de momento la ley contra las personas concretas que se la salten.

"Pido que actuemos cautelarmente y previamente. El 9N no se hizo nada y se cometieron delitos de malversación y posible prevaricación", declaró, mostrándose con todo convencido de que la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Gobierno pueden adoptar decisiones antes del 1 de octubre para evitarlo.