La Generalitat, los partidos secesionistas, la Moncloa, la abogacía del Estado, el Constitucional... todos tienen señalada en rojo la fecha del 6 de septiembre. Ni es la Diada, ni es el plebiscito ni es aún la salida al balcón de Puigdemont. Este miércoles, si los planes no se aplazan de nuevo, que no pueden porque el calendario avanza inexorable, será el 'día D' en el que por fin se apruebe, de una forma u otra, la manoseada ley del referéndum, la recién conocida ley de ruptura e, incluso, será también el día en el que el presidente de la Generalitat se decida a convocar oficialmente, al fin, la consulta del 1-O. No habrá más dilaciones ni escaramuzas. Llegó la hora de la verdad. Tres pasos adelante de una tacada. 

Todo está previsto, dicen los altavoces del secesionismo. Todos los grupos, asociaciones, entidades están avisados, de acuerdo con fuentes políticas. El pleno del 'Parlament' vivirá horas de enorme intensidad. Desde la atalaya de la Moncloa también se ha ultimado todos los preparativos para dar una respuesta firme y veloz. Incluso Rajoy ha despejado su agenda para los días 6 y 7. El pulso, de momento político-judicial está a punto de comenzar. 

Será el Parlamento catalán quien apruebe finalmente tanto la ley del referéndum como la denominada ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, de acuerdo con las versiones oficialistas emanadas del entorno de la Generalitat. El limbo jurídico y político en el que se encuentran ambos proyectos sentará finalmente los pies en el suelo de lo tangible. La verborrea, las fotocopias, los borradores, se convertirán en ley. Otra cuestión es el procedimiento, aún por confirmar.

Los temores de Forcadell

Queda descartado el artilugio de la ley de reforma del eglamento de la Cámara, que está recurrida por el Constitucional y que acarraría incluso actuaciones penales contra Carme Forcadell, presidenta de la cámara, ya incursa en dos procedimientos y apercibida formalmente por el TC.

Los juristas de la secesión han decidido poner en práctica otro sistema con menos riesgos, al menos en el plano personal. Se introduciría la aprobación de ambas leyes mediante una modificación del 'in extremis' del orden del día del pleno, que daría paso a su aprobación sin debate ni enmiendas. Es decir, sin que la oposición pueda abrir la boca para plantear sus dudas o su rechazo. Tanto PP como Ciudadanos y el PSC (Podemos no ha clarificado su postura) han avisado que no estarán presentes en el momento en que se vote esta ley. Los secesionistas se quedarán en el Hemiciclo a solas con su juguete, la ley del referéndum. Esa misma mañana del 6 de septiembre, quedarían aprobadas, de este modo, las dos normas imprescindibles para que los mecanismos de la proclamación de la república catalana echen a andar.

No se descarta la posibilidad de que Puigdemont, para evitarse sorpresas, decida recurrir directamente a un decreto ley, que sucribiría en solitario o con la complicidad del resto de los miembros de su Gobierno. El PDeCat, uno de los dos partidos del 'Govern' junto a ERC, pretendía que la ley de ruptura se aprobara después del 1-O. No lo quiso así la CUP, su socio parlamentario, y por eso ha debido modificar sus planes sobre la marcha. Tras la luz verde del 'Parlament', o tras la firma del decreto por parte del 'president', la ley se publicaría en el Diario Oficial de la Generalitat, en su versión electrónica, por lo que entraría en vigor en ese momento.

Así, en tan sólo una mañana, quedarían 'bendecidas' las dos leyes que abrirán el sendero hacia la independencia, según la teoría de sus impulsores. Esa misma tarde, sin un minuto que perder, el presidente de la Generalitat firmará, quizás también en solemne ceremonia, la convocatoria oficial de la consulta. Se desconoce si lo hará en solitario o forzará a que se sumen otros miembros del Govern, en especial el vicepresidente, Oriol Junqueras. Quien estampe la firma al decreto se las tendrá que ver con los tribunales. A Puigdemont poco le importa. Ya ha dejado muy claro que ni le importa ir a la cárcel ni pretende eternizarse en el poder. En seis meses se volvería a Gerona, de cuya alcaldía salió para entrar en el Palacio de la Generalitat. A Junqueras le importa mucho más puesto que en sus planes figura ocupar algún día la presidencia de la Generalitat. 

Consejo de Ministros extraordinario

¿Cual será la respuesta del Gobierno central?. En Moncloa aseguran que todo está previsto, y hasta se han desvelado algunas fases de su estrategia. En cuanto el Parlament dé el visto bueno a la norma, se reunirá el Consejo de Ministros en sesión especial y urgente para presentar el recurso ante el TC. Bastarán cinco minutos. Echar la firma a unos papeles que están elaborados desde hace semanas. El Constitucional, que está reunido en pleno tres días de esta semana, también está listo para poner en marcha el recurso correspondiente.

En el caso de que se utilice la vía del Parlament, el recurso se interpondrá de forma casi automática ya que no será preciso el informe previo del Consejo de Estado, al tratarse de un incidente de ejecución de sentencia. Si Puigdemont opta por la vía del decreto, entonces se ralentizaría la respuesta del Ejecutivo, que en este caso sí necesitarìa el informe del órgano asesor.Pero como mucho sería un retraso de 24 horas.

Una vez presentado el recurso, el Constitucional actuaría en consecuencia, igual que ha venido haciéndolo hasta la fecha. En forma decidida y sin titubeos. Suspendería la nueva norma aprobada con lo que la Generalitat no podría seguir adelante con sus preparativos para la celebración de la consulta. Ni, desde luego, llevarla a cabo. Estaría incurriendo, entonces, en una ilegalidad. De esta manera, concluiría se cerraría el 'día D' del proceso de independencia, el de las leyes y la convocatoria del referéndum. Escasas fechas antes de la Diada y a tan sólo tres semanas de la supuesta celebración del referéndum.

Entonces comenzará otra batalla. La de saber cómo reacciona el Gobierno de Rajoy para frenar las urnas. Será vía el TC, como ya queda claramente expuesto por parte de Moncloa. Ni Ley de Seguridad Nacional, que airean los corifeos de la secesión desde sus tribunas informativas, ni el artículo 155, que jalean algunos espíritus más vehementes, tanto dentro como fuera del PP. Todo está previsto y no habrá urnas ni referéndum, dicen en el entorno de Soraya Sáenz de Santamaría, la arquitecta de la operación 'detener al delirante Puigdemont'. Sin recurso a las fuerzas de seguridad, ni al secuestro de urnas ni al cierre de colegios. "Mucho más inteligente", dicen estas fuentes. El 'día D' del referéndum dejará abiertas las puertas hacia 'la hora de la verdad'.