Publicado: 01/09/2019 05:15
Las empresas de Daniel Horacio Mercado, quien reconoció haber hecho facturas falsas a entidades públicas para cobrar los trabajos encargados por el Partido Popular de Esperanza Aguirre, facturaron entre 2006 y 2012 a la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos madrileños gobernados por la formación conservadora cerca de 11 millones de euros, según la información facilitada por la Agencia Tributaria al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que investiga la financiación ilegal del PP dentro del caso Púnica.
Precisamente, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela admitió haber participado en una reunión con el dueño de Over Marketing, a la que también habrían acudido otros consejeros madrileña y la presidenta Aguirre. La finalidad de esta reunión, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, era saldar las deudas que tenía el PP con esta firma. "Sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni que figure en la Agencia Tributaria actividad entre esta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con estos servicios", especifica el Instituto Armado.
En concreto, las firmas Over Marketing SL, Traci Comunicación SL y Abanico de Comunicación y Marketing SL, especializadas en la organización de actos públicos y de comunicación en general, ingresaron 3,5 millones directamente de las Consejerías de los Gobiernos de Aguirre; 1.951.303 euros del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE); 923.413 euros de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente (Gedesma); y 816.000 euros de Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio), este última dominada durante varios años por Francisco Granados, el presunto cabecilla de la trama Púnica.
Empresas públicas
Otros abonos realizados por entidades públicas a las firmas de Mercado fueron: 142.140 euros del Campus de la Justicia; 65.218 euros de la Agencia Madrileña para la Emigración; 141.000 euros de Metro de Madrid; y 5.527 euros del Instituto de la Mujer.
Pero la lista de administraciones públicas gobernadas por el PP de Esperanza Aguirre no acaba en el ámbito autonómico, sino que también varios consistorios madrileños gobernados por el PP hicieron importantes abonos que beneficiaron a Over Marketing y sus filiales.
El Ayuntamiento que realizó los abonos más jugosos fue Móstoles, que pagó 2.975.000 euros. Le siguen muy de lejos Alcalá de Henares (216.621 euros); Majadahonda (78.900 euros); San Sebastián de los Reyes (21.916 euros); Galapagar (20.479 euros); Pozuelo de Alarcón (17.319 euros); San Lorenzo del Escorial (6.830 euros); y Humanes (3.422 euros).
Facturas a constructoras
Además, la Guardia Civil ha confirmado que en 2007, coincidiendo con las elecciones autonómicas de Ia Comunidad de Madrid, las empresas de Mercado facturaron contratos publicitarios a una veintena de constructoras por importes que van desde los 4.000 euros a 70.000 euros.
"Realizadas averiguaciones policiales con las diferentes constructoras, estas dan como resultado que fueron adjudicatarias de contratos públicos por la Comunidad de Madrid, concretamente por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid", explican los agentes. El consejero era Manuel Lamela, quien obligó a las constructoras a pagar un porcentaje de la adjudicación para publicitar las obras de los nuevos hospitales. Esta publicidad benefició a las firmas de Daniel Horacio Mercado.
En conclusión, la UCO sostiene que durante la campaña electoral de 2007 el Partido Popular madrileño acometió gastos electorales "muy superiores" a los declarados a la Cámara de Cuentas de Madrid. "Para financiar dichos gastos", prosiguen los agentes en su informe, el PP "articuló varios procedimientos irregulares, como son el recurso a una caja B, alimentada con efectivo de procedencia desconocida, la utilización de una fundación para el pago de gastos electorales o el uso de un entramado empresarial para ocultar el verdadero beneficiario y pagador de servicios electorales".
Actividad electoral
En este entramado participó Daniel Horacio Mercado, quien no solo habría sido beneficiario del negocio electoral sino que también habría recibido "contratos públicos de administraciones controladas por el Partido Popular madrileño", concluyen los agentes de la UCO en su informe.
Por todo ello, la Fiscalía anticorrupción ha pedido la imputación de las expresidenta Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, al considerar que habían encabezado la presunta financiación ilegal del PP de la que se habría beneficiado el empresario Daniel Horacio Mercado, con cerca de 11 millones de euros de dinero procedente de la Comunidad de Madrid y otras Administraciones gobernadas por el PP madrileño.
Este lunes, tras reincorporarse al trabajo tras el breve descanso estival, el juez García-Castellón deberá decidir si hace caso al ministerio público, e imputa a Aguirre, o decide no investigarla, por lo que de esta forma habría sorteado nuevamente el 'charco de ranas' de los imputados por corrupción del PP madrileño.
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