Alerta roja en Ferraz. Junts, el partido de Carles Puigdemont, exhibe su fuerza y la debilidad de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde el socialista depende de los siete votos del secesionismo. El expresidente catalán lleva al límite su chantaje con el decreto ómnibus. El Gobierno debe convalidar este miércoles tres decretos -el octavo paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus que incluye la ley de función pública y que modifica la ley de enjuiciamiento civil- y cuya convalidación está en riesgo desde que Junts anunciara que votará en contra.
Por eso, el PSOE se lanzó este lunes en tromba a pedir el rescate del PP en la primera rueda de prensa en tres meses. Su secretario de organización, Santos Cerdán, intentó situar toda la presión en quienes votarán 'no' a las medidas de alivio que contienen los decretos. Pero todo parece indicar que el Gobierno verá como Junts le tumba los decretos. Los de Puigdemont piden al PSOE que los alce de nuevo y los lleve pactados al Congreso. En Ferraz y en Moncloa asumen que a los siete diputados de Junts solo les queda el ruido, porque cualquier contraprestación que ofrezca Hacienda será una medalla para ERC, que encabeza la Generalitat.
Pese a todo, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró este lunes confiada en que se logrará un acuerdo con los grupos políticos que permita convalidar los últimos decretos del Gobierno, que incluyen el último paquete anti-inflación y la reforma del subsidio de desempleo. “Encontraremos aquellos elementos que permitan convalidar”, dijo Montero en TVE, porque son “para la gente” al incluir materias como la subida de las pensiones o la rebaja del IVA de la luz.
En esta legislatura no funcionará el ‘a cambio de nada Josep Rius, portavoz de Junts
“En esta legislatura no funcionará el ‘a cambio de nada’. Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. Solo habrá estabilidad si hay avances en el ámbito nacional y en el ámbito social”, dijo este lunes el portavoz de Junts, Josep Rius, quien volvió a alertar de que los decretos “agravan la infrafinanciación” de Cataluña, implican “un recorte de competencias de la Generalitat” y “ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía”. Y eso que el Gobierno se abrió a tramitar los decretos como proyectos de ley para incorporar cambios de Junts y PP. Pero será un ofrecimiento en balde. El PP no está dispuesto a echar un balón de oxígeno a Sánchez. Y solo se plantea una abstención si Moncloa accede a rebajas en el IVA y en el IRPF que el PSOE desechó.
"Estamos hablando de los decretos. Si quieren otras medidas [en referencia a PP y Junts], que las pongan encima de la mesa. Lo de la cuestión prejudicial no se puede cambiar", explican fuentes socialistas. Esa es la clave del cabreo de Junts. El decreto sobre Justicia, entre otras cosas, cambia la ley de enjuiciamiento civil. Y, en la práctica, podría dejar en papel mojado la ley de amnistía, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, según denuncia Junts. Ese retoque permitiría a los jueces elevar siempre a la Justicia europea una cuestión prejudicial con cada uno de los posibles beneficiados por la medida de gracia.
Así, siempre que un togado los considere oportuno, podría paralizar y dilatar la aplicación de la la amnistía. Moncloa considera que es un malentendido; que no se busca cambiar nada que no estuviera ya en el ordenamiento jurídico. Lo cierto es que ese decreto es clave para que España reciba otros 10.000 millones de los fondos europeos. Y será el primer gran examen de la nueva mayoría de Sánchez. Por el momento, el no de los siete diputados de Puigdemont pone las cosas difíciles al Gobierno.
En manos de Puigdemont
El expresidente catalán no hace más que poner precio a cada paso de Moncloa. "Esta es una legislatura más de gobernar que de legislar", explica un senador socialista con asiento en el comité federal del partido. "Ya nos avisaron [desde Moncloa] que estos años bajaría la actividad legislativa", zanja un barón territorial. El problema es que por ahora Moncloa solo ha lanzado la ley de paridad, en el cajón desde hacía meses por la convocatoria de elecciones. Todo un contraste respecto a los siete decretos de su primer trimestre al frente del Gobierno, en 2018. Sánchez no está pudiendo despejar la amnistía con medidas efectistas.
El PSOE está dispuesto a seguir transitando la senda de lo desconocido con Junts. El futurible encuentro entre Pedro Sánchez y Puigdemont da cuenta de ello. No solo porque el partido sigue manteniendo en secreto el contenido de la última cita entre Cerdán y Puigdemont, sino porque cualquier futuro acuerdo que se materialice entre ambas fuerzas pondrá previsiblemente en jaque el pacto constitucional de 1978, ya que los independentistas no se apean de una consulta sobre el futuro político de Cataluña y el PSOE se abre a explotar las posibilidades del Estatuto de 2006, que puede incluir una votación sobre el encaje catalán en España, según se desprende del acuerdo de investidura.
El Gobierno de Sánchez está sometido al chantaje permanente de Oriol Junqueras (ERC), Arnaldo Otegi (Bildu) y Carles Puigdemont (Junts). El expresidente catalán se reserva, de hecho, un papel protagonista puesto que él es el nuevo aliado socialista de la XV Legislatura. Y quien tiene la llave de la gobernabilidad del país durante los próximos cuatro años. En Moncloa y en el PSOE saben que estos cuatro años serán así: una carrera constante contra el reloj.
