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Política

El PSOE pide imputar al representante legal de El Corte Inglés en un pelotazo de 'Púnica'

Granados, en una comparecencia en la sede de la Comunidad de Madrid cuando era consejero.

La representación legal del PSOE y de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) en el caso Púnica ha reclamado al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que llame a declarar como investigado al empresario Faustino José S.A, quien fue el representante legal de El Corte Inglés en una operación urbanística bajo sospecha en Valdemoro (Madrid), según el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Una portavoz de El Corte Inglés ha asegurado a Vozpópuli que la compañía no está bajo sospecha y que ni el juez ni la Fiscalía han reclamado información sobre la compraventa de terrenos en Valdemoro (Madrid), municipio considerado el epicentro de la trama Púnica. En el mismo sentido, la portavoz de la cadena de distribución destaca que la persona presuntamente implicada en los hechos no tiene vínculos con la compañía desde hace muchos años.

Sin embargo, el documento del PSOE, registrado en la Audiencia Nacional el pasado 20 de febrero y adelantado por infoLibre, destaca que El Corte Inglés se hizo con un suelo industrial para instalar su sede logística gracias a una permuta de terrenos aprobada por el Ayuntamiento de Valdemoro, controlado desde el Gobierno autonómico por el considerado por la Fiscalía anticorrupción como el cabecilla de la organización criminal, Francisco Granados.

Así, la cadena de distribución firmó el 27 de abril de 2001 un contrato con uno de los constructores imputados en la trama dirigida por Francisco Granados, por la que este se comprometía a realizar las gestiones necesarias para que el Ayuntamiento de Valdemoro tramitase una modificación urbanística y que unos terrenos rústicos fueran reclasificados como urbanizables.

Propuesta de Granados

Y tres meses después, el 24 de mayo de 2001, Granados propuso al Pleno del Ayuntamiento este cambio. Y lo hizo en los mismos términos que habían acordado El Corte Inglés y el mencionado empresario de la trama, según denuncia el PSOE. Este cambio fue aprobado gracias a los votos del grupo municipal del PP, que tenía mayoría absoluta en el Consistorio.

A finales de 2001, el PP de Valdemoro, con Granados como alcalde, inició los trámites para crear un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que fue aprobado en mayo de 2004: "Este nuevo plan libera las limitaciones en cuanto a calificación del suelo del Plan General y les permite así poder desarrollar una actividad presuntamente delictiva y generadora de cuantiosos ingresos económicos en muchos casos a costa de las arcas del propio Ayuntamiento", concluye el escrito del PSOE, que especifica que el terreno de El Corte Inglés se benefició del nuevo Plan General.

Francisco Granados, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid.

Y para dejar cerrada la operación Granados firmó un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y una filial de la cadena de distribución "en el que diseña y formaliza la permuta que tendrá lugar en diciembre de 2004", prosigue el relato de los hechos de la abogada de la acusación popular.

Otro alcalde

El 29 de diciembre de 2004 el alcalde que sucedió a Granados en Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, también del PP, firmó la permuta de terrenos por la que El Corte Inglés se hacía con la propiedad de 188.775 metros cuadrados de suelo industrial en el polígono La Peluquera, para instalar su sede logística.

Sin embargo, la modificación de la calificación de esta finca fue declarada nula en 2015 por el Tribunal Supremo, ya que la misma había sido clasificada como suelo no urbanizable de especial protección por sus valores paisajísticos, forestales y agrícolas, destaca la letrada del PSOE, que reclama la imputación del representante legal de El Corte Inglés en la operativa.

Manuel García Castellón

"A fin de poder investigar con más detalle esta operación de Urbanismo de Valdemoro, solicitamos se cite a declarar como investigado, a quien en representación del grupo empresarial actúa como representante de El Corte Inglés e Induyco", concluye el escrito dirigido al juez García Castellón.

Además, los socialistas reclaman al instructor que investigue en el Registro de la Propiedad el nombre de "todas las propiedades que figuran o figuraron durante el periodo investigado a nombre de El Corte Inglés SA o de cualquier sociedad que forme parte del grupo, o a nombre de su representante en estas operaciones".

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