"El PSOE no dejará a Yolanda Díaz tener un canal real y efectivo de negociación con Carles Puigdemont", explica a Vozpópuli una fuente conocedora como pocas de los entresijos de las conversaciones al más alto nivel dentro del Gobierno. En efecto, los socialistas impedirán a la vicepresidenta segunda mantener un diálogo fructífero con el expresidente catalán para aprobar la reducción de jornada, la medida estrella del socio menor de la coalición.

Los socialistas quieren ser los únicos que medien con Puigdemont. Y aunque al final terminará habiendp dos vías de comunicación entre Moncloa y Waterloo, Pedro Sánchez quiere dejar meridianamente claro que es él quien hace y deshace; que es él, en definitiva, quien decide. La incógnita está en qué hará el propio Puigdemont. Las fuentes consultadas dudan de cómo reaccionará finalmente el líder de Junts: si se tomará en serio a Yolanda Díaz o pasará de ella. De lo que no cabe duda alguna es de que el expresidente catalán terminará haciendo lo que le convenga políticamente.

Díaz, ampliamente cuestionada entre los suyos y dentro del Gobierno, admite que la negociación con Junts va a ser difícil, porque es un partido de derechas que gravita alrededor de la patronal. A nadie se le escapa que, en caso de aprobarse finalmente en el Congreso, la reducción de la jornada laboral sería la principal aportación de Sumar a esta legislatura, como en la anterior fue la reforma laboral. En plata, sería el activo con el que Yolanda Díaz podría volver a presentarse en unas elecciones generales, lo que le permitiría saltar por encima de la fragmentación del espacio electoral a la izquierda del PSOE.

El Gobierno ha expresado su intención de que la reducción de la jornada laboral entre en vigor antes del 31 de diciembre de 2025, otorgando así tiempo a las empresas y a los diferentes sectores económicos para adaptarse. Pero antes, el anteproyecto -recién salido del Consejo de Ministros- aún debe superar todo el proceso legislativo. Y durante ese recorrido, el texto puede sufrir modificaciones. El Ejecutivo ha reconocido la complejidad del proceso y la necesidad de negociar con los distintos grupos parlamentarios para asegurar su aprobación.

El proyecto tiene el apoyo de los socialistas y de los dos principales sindicatos (Comisiones Obreras y UGT). Pero no está claro que logre el respaldo de una mayoría suficiente en la Cámara Baja, puesto que todavía no está clara la postura de Junts. Los posconvergentes están muy influidos por Foment del Treball, la patronal catalana, que es radicalmente contraria a la reducción del horario laboral precisamente por considerarla lesiva para las pymes.

Fuentes gubernamentales se escudan en la complejidad de lograr acuerdos en un Parlamento fragmentado, donde "es evidente" que no cuentan con mayoría suficiente para legislar sin sobresaltos para dar largas sobre la norma estrella de Díaz. "Como para ponerse a pensar en los Presupuestos", explica una fuente con asiento en Moncloa. Las fuentes consultadas en el Ejecutivo coinciden en que, ante tal situación de volatilidad, no merece la pena embarcarse en la aventura de negociar unas cuentas, porque el desgaste puede ser brutal. Los presupuestos se pueden prorrogar, porque los vigentes, de 2023, son suyos y expansivos, dicen, y crean empleo. La obsesión es retener la apariencia de Gobierno, aunque la vida parlamentaria sea un drama votación a votación.

En estos momentos, no solo el independentismo enseña los dientes al Gobierno, también algunos socios de su izquierda, como Podemos. Incluso Sumar ha estado guerreando con el PSOE precisamente por la reducción de jornada laboral. Cabe recordar que Sumar está en su momento de mayor debilidad. Y eso solo significa una cosa: que el único de los aliados del Gobierno con incentivos para una llamada a las urnas es Podemos. Por eso, como ya avanzó este diario, en Moncloa atribuyen a Pablo Iglesias un plan para impedir que haya presupuestos y precipitar, de esa manera, una posible convocatoria de elecciones.

Ante ese escenario, atrás quedaron los tiempos en que el PSOE impulsaba a Yolanda Díaz. Entonces, antes de las elecciones del 23-J de 2023, era una cuestión de necesidad. Pero ahora, el experimento se ha demostrado fallido a ojos del presidente del Gobierno. En las filas socialistas cada vez hay más derrotismo por el devenir de la legislatura, porque ven con sus ojos que no hay forma de gobernar así más allá de la apariencia de gobernar. Es decir, figurar como un gabinete operante. Pero sin Presupuestos -ni expectativa de ellos- y sin capacidad de armar una mayoría en el Congreso que convalide los reales decretos, "¿para qué seguir?", se preguntan algunos cargos. "¿Qué proyecto es estirar una legislatura?", zanja un respetado socialista en su territorio.

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