El procesamiento del cerebro del 1-0 da por concluidas las investigaciones del 'procés'

La decisión de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Maria Eugènia Alegret Burgués de sentar en el banquillo a los considerados cerebros del procés José Maria Jové y José Lluís Salvadó por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 supone el final de la última de las investigaciones abiertas por la Justicia sobre el procés.

Al margen de la querella que interpuso la Fiscalía contra el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, por ayudar a Carles Puigdemont a fugarse a Bélgica y las causas que se siguen en los juzgados ordinarios contra policías y profesores por las votaciones del 1-O, la justicia ha finalizado ya todas las pesquisas que se iniciaron las querellas que interpuso el ex fiscal general del Estado José Manuel Maza contra los protagonistas del desafío soberanista catalán.

La querella que investigaron los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, en el Tribunal Supremo, con Pablo Llarena de instructor, finalizó con una condena por sedición y malversación de Orol Junqueras (13 años); Jordi Sànchez (9 años); Jordi Cuixart (9 años), Carme Forcadell (11 años y medio); Raül Romeva (12 años); Jordi Turull (12 años); Dolors Bassa (12 años); Joaquim Forn y Josep Rull (10 años y 6 meses, cada uno). Carles Puigdemont está procesado en rebeldía tras su fuga a Bélgica.

Manuel Marchena

El magistrado Manuel Marchena y el resto de integrantes del tribunal consideraron que los condenados utilizaron la violencia, aunque no de forma estructural, para tratar de imponer la independencia de Cataluña. Además, les condenador por malversar dinero público para cumplir sus objetivos.

Y en la Audiencia Nacional el encargado de las pesquisas fue Miguel Ángel Carballo, con Carmen Lamela de instructora, que sentó en el banquillo de los acusados al exmajor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana; y los que fueran cargos de la Conselleria de Interior, Pere Soler y César Puig. El juicio se está celebrando en la sede de San Fernando de la Audiencia Nacional.

Según el escrito de acusación del ministerio público, el papel de Trapero al frente de los Mossos fue "imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".

Las investigaciones sobre el procés también se han llevado a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en el Juzgado de Instrucción número 13, cuyo titular, Juan Antonio Ramírez Sunyer falleció poco antes de que su sucesora, la juez Alejandra Gil, dictara el procesamiento de una treintena de altos cargos de la Generalitat por un delito de malversación su participación en el procés.

Jové y Salvadó

Con todas estas causas ya instruidas, la única que se seguía investigando hasta este viernes era la de los dos considerados como cerebros del procés: los excargos de la Conselleria de Hacienda Jové y Salvadó. Ambos fueron arrestados por orden del juez Ramírez Sunyer. En los registros la Guardia Civil encontró la famosa agenda Moleskine, en la que Jové apuntó gastos y las actividades políticas de los partidos independentistas.

También los agentes arrebataron a Jové la denominada hoja de ruta o documento Enfocats, con las previsiones institucionales para lograr al independencia. La juez cree que este cargo de Hacienda obtuvo datos de ciudadanos que no podían ser facilitados ni tratados, y que utilizó para organizar el referéndum ilegal.

Responsabilidad civil

En el caso de Salvadó, su papel también fue relevante, según apunta la magistrada del TSJ catalán, ya que él era el encargado de generar los recursos económicos necesarios para la secesión.

Por eso, al procesarles la magistrada les reclama una fianza de responsabilidad civil (para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su actuación) de 2.889.000 euros en el caso de Jové y de 1.635.000 euros en el de Salvadó.