Alberto Núñez Feijóo y Ursula von der Leyen mantuvieron este miércoles una "larga reunión" –así la calificó Esteban González Pons, sherpa del líder del PP en asuntos internacionales– previa al congreso que el Partido Popular Europeo (PPE) celebra esta semana en Bucarest. La alemana, sin rival en sus aspiraciones, volverá a ser la candidata del PPE para presidir la Comisión Europea. Feijóo le prometió el apoyo de su partido, pero lo supeditó a dos condiciones: que Von der Leyen "continúe con la defensa del Estado de derecho español" –una clara alusión a la Ley de Amnistía– y que "la política de la Comisión sobre agricultura se corrija".
Conocido el primero, un agujero negro que absorbido la brega política desde el pasado 23-J; el segundo representa la principal novedad que el PP introducirá en la campaña electoral para las próximos comicios europeos del 9 de junio. No por su presencia, tantas veces genérica en los programas electorales, sino por su intensidad. "Nuestro apoyo para este mandato de Von der Leyen está condicionado a que se revise la política medioambiental en Europa, para que no penalice al campo", desarrollan en conversación con Vozpópuli fuentes populares presentes en la capital rumana.
El PP insiste en que Pons eligió este tema y no otro –"podría haber elegido cualquiera"– para desarrollar su ponencia ante el Plenario porque el objetivo del partido será "ser el nexo entre el campo y la Comisión" durante la próxima legislatura europea. El PP lleva a gala ser el segundo partido más grande, sólo por detrás del CDU alemán, de todos cuantos forman la familia popular en el continente. Y tratará de hacer valer y visibilizar su peso en Bruselas para abanderar el voto rural en junio.
"Hay que acabar con el mito rural de Vox", se conjuran. Se trata de una estrategia compartida por otros partidos europeos hermanos. El campo no sólo se ha levantado en España. El Manifiesto aprobado este miércoles por el PPE, no en vano, ha virado hacia posiciones más conservadoras que el ratificado hace cinco años en Zagreb (Croacia), introduciendo un discurso más duro, sobre todo, en materia de inmigración.
¿El motivo? El auge en muchos países de partidos de derecha radical y extrema derecha que carcomen parte del electorado de centroderecha. Son las formaciones que en el Parlamento Europeo se articulan en torno al Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés), al que pertenece Vox; e Identidad y Democracia (ID), cuyos principales partidos son el Frente Nacional de Marine Le Pen, la Liga de Matteo Salvini o Alternativa para Alemania. Fue el alemán Manfred Weber, presidente del PPE, quien advirtió durante la jornada de ayer del auge de "populismos y extremismos".
Ni "dogmatismo", ni "negacionismo"
El PP tratará de buscar el equilibrio entre el "dogmatismo medioambiental de la izquierda" y el "negacionismo dogmático" de Vox durante la campaña. Tal y como publicó Vozpópuli, uno de los principales avales que tendría el eurodiputado Jorge Buxadé para repetir como cabeza de lista de Vox es que ha sido "un referente" –así lo consideran fuentes de la dirección nacional de su partido– contra el Pacto Verde Europeo.
Hablamos de un conjunto de iniciativas aprobadas en 2020 por la conocida como mayoría Von der Leyen que ha sostenido la legislatura (populares, socialistas y liberales) y que el PPE sigue defendiendo. "El Pacto Verde no es una nueva ideología como la defendida por los Verdes o los Socialistas, es el sello distintivo de la Europa más próspera, innovadora, competitiva y sostenible que imagina el PPE", reza en el Manifiesto salido de Bucarest. "Nosotros no somos euroescépticos", sostienen las fuentes populares consultadas, "Vox usa el Pacto Verde para trasladar que Europa es un problema; pero Europa, al igual que España, tienen gobiernos que pueden mejorar".
El voto rural en liza el próximo 9 de junio tendrá una importancia capital para Vox, cuyo resultado depende en buena medida de un nicho con el que siempre ha tratado de identificarse desde su auge en 2018. Fue en Andalucía, tierra genuinamente agraria, en noviembre de ese año, donde el partido de Santiago Abascal irrumpió en el tablero político con un discurso nítidamente agrario. Además, una vez fraguados los gobiernos de coalición con el PP en diversas autonomías, las consejerías de Agricultura (que ostentan en Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana; además de Gestión Forestal y Mundo Rural en Extremadura) siempre han sido una petición expresa.
Los populares basan su choteo del "mito agrario" en los últimos resultados electorales. "¿Cuántos diputados sacaron en Andalucía en las últimas elecciones?", se preguntan. Fueron 25 del PP y 9 de Vox. "¿Y cuántos diputados de Vox hay en el Congreso por Castilla y León?", siguen. En este caso, el PP sacó 18; y Vox, sólo uno. Pablo Sáez, diputado por Valladolid.
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