El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considera que el problema de España y de Europa es la falta de una estrategia para afrontar la inmigración o para proteger las fronteras: “Estamos un poquito al pairo”, ha dicho al tiempo que ha anunciado que intentarán recurrir el reparto de menores entre las comunidades autónomas.

Así lo ha expresado durante su participación en el ciclo ‘Vecinos y amigos’, organizado por Heraldo de Aragón, en Zaragoza, donde también se ha pronunciado sobre financiación autonómica, política nacional y el papel de las universidades privadas. A su juicio, España “no tiene estrategia migratoria” ni la ha tenido en el pasado, y ha insistido en que la llegada de migrantes por aeropuertos supera con creces la que se produce por la ruta canaria.

Según ha explicado, el foco actual en Canarias responde más a una “estrategia de desviar la atención” que a la magnitud real del problema, pues “el 90% de lo que entra no entra por Canarias, entra por los aeropuertos”. En cuanto a los menores inmigrantes no acompañados ha reconocido que sí suponen un reto específico, pero ha advertido de que se está haciendo política con ellos: “El problema no son los menores no acompañados; el problema es la masa de migración que viene, que nadie sabe ni cómo pararla ni dónde va a acabar”.

Para García-Page se ha llegado a un punto en el que el Gobierno pretende imponer un “cupo de menores” por comunidad sin diálogo ni compensación económica, algo que ha calificado de “atropello absolutamente lamentable” y sobre lo que ha avanzado: "Intentaremos recurrir al Constitucional".

En este sentido, ha alertado de que las autonomías “necesitan recursos” para asumir la tutela de menores, lo que implica disponer de plazas suficientes, personal cualificado y servicios básicos. “No nos engañemos: la plaza de un menor significa casi un psicólogo, un trabajador social, hay que comer, hay que vestir...”, ha recalcado.

También ha criticado que el Estado haya roto con la práctica habitual de financiar estos acuerdos y haya optado por una fórmula “muy grave”, forzando a las regiones a aumentar su capacidad de acogida sin garantías. “No tengo puertos. Tampoco tengo el producto interior bruto que suponen los puertos. No tengo playas. Pero nos aplican un cupo y hay que llenarlo”, ha lamentado.

En materia de financiación autonómica, ha recordado que el régimen común lleva “once años paralizado” y ha reivindicado un nuevo modelo que tenga en cuenta la diversidad territorial. Ha mostrado su rechazo a un posible “régimen propio para Cataluña” similar al vasco, al que ha calificado de “claramente inconstitucional”.

Respecto a la condonación de deuda, ha defendido una “reordenación” para compensar la falta de financiación que ha obligado a las autonomías a endeudarse para sostener servicios básicos. “No podemos ser culpables y víctimas”, zanjó.

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