La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha pedido al Tribunal Supremo la amnistía de la condena de cuatro años y medio de prisión que se le impuso por adjudicar contratos a dedo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y ha alegado que trabajó para "divulgar el proyecto independentista".

En un escrito, adelantado por el periódico ARA, Gonzalo Boye, abogado de Borràs, argumenta que la condena que se le impuso a la presidenta de Junts por fragmentar contratos del proyecto de la web de la ILC para adjudicarlos de forma arbitraria a un amigo están incluidos en el artículo de la ley de amnistía que alude a actos destinados a "divulgar el proyecto independentista".

Según Boye, en eso "básicamente" consistía la actividad desempeñada por Laura Borràs, puesto que "para el proyecto independentista la lengua es uno de los pilares en que se sostiene el mismo".

El abogado abunda en que la líder de Junts ejerció de directora de la ILC "en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista", tras lo que fue elegida diputada del Parlament en 2017 y, en mayo de 2018, nombrada consellera de Cultura.

"Todos estos hitos en su actividad política son los que, en paralelo, se van produciendo en un proceso penal que se intensificó a medida que mi mandante fue asumiendo visibilidad y trascendencia política, con un perfil intensamente independentista, dentro de un partido político cuyo líder se encontraba, entonces, y se encuentra ahora en el exilio", añade el abogado.

Borràs fue condenada en marzo del año pasado a cuatro años y medio de cárcel por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los delitos de prevaricación y falsedad documental, en una sentencia que proponía su indulto parcial para que pudiera evitar el ingreso en prisión.

De hecho, el abogado de Borràs aduce además en su escrito ante el Supremo -que tiene pendiente la revisión de la sentencia- que no consta ningún "enriquecimiento personal ni quebranto para las arcas públicas" por parte de la líder de Junts, por lo que cree que es "merecedora del indulto".

Boye enumera en su escrito los beneficios que a su entender se derivan de la aplicación de la ley de amnistía, entre los que destaca que permitirá "descongestionar los tribunales y reducir la carga procesal relacionada con los acontecimientos del proceso soberanista".

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