Publicado: 09/05/2018 14:28
El exgerente de expansión internacional de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II, Diego García Arias, ha reconocido este miércoles ante el juez que él se encargó de repartir los 5,4 millones de euros de las comisiones que percibieron los dirigentes de la entidad pública madrileña por la compra en 2013 de la firma brasileña Emissao, según informan a Vozpópuli fuentes del caso presentes en la declaración.
Uno de los destinatarios de esta comisión, según García Arias, fue el propio expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla de la trama, Ignacio González, cuya porción, siempre según el testimonio del ahora arrepentido, fue retenida porque se le estaba investigando por el caso del ático de Estepona.
Las autoridades de Colombia detuvieron en agosto a García Arias, considerado el hombre clave en Latinoamérica de la trama de corrupción presuntamente dirigida por el expresidente madrileño Ignacio González.
Los investigadores consideran que García Arias, que fue arrestado en Colombia en un aeropuerto al regresar de México, es un personaje fundamental en la organización delictiva destapada con la Operación Lezo en Colombia, Panamá, Ecuador y la República Dominicana, y a quienes se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación.
Asimismo, también ha declarado, en este caso como testigo, la cuñada de González, Pilar Cavero, a la que la Fiscalía ha preguntado sobre su intermediación en la elaboración de un informe, en 2004, sobre la compra en 2001 de Inassa.
Cavero, directiva de Abengoa, ha admitido que recibió un correo electrónico de González en la que le preguntaba sobre la posibilidad de que Cuatrecasas hiciera un informe secreto sobre la operación por la que está imputado el expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.
Sin embargo, Cavero ha rechazado haber participado en la elaboración de este informe, y tampoco en el cobro por el mismo. Según la UCO de la Guardia Civil, el informe fue realizado por el equipo de González para determinar las irregularidades cometidas por Gallardón.
Sin embargo, el expresidente de la Comunidad de Madrid no denunció los hechos, por lo que es acusado de connivencia con Gallardón.
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