Comisión policía política Fernández Díaz

Se pone punto y final a la comisión del Congreso que ha investigado durante los últimos meses el presunto uso partidista del Ministerio del Interior y la existencia de una ‘policía política’ durante la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Después de que los grupos parlamentarios hayan presentado los borradores con sus conclusiones a lo largo de esta semana, PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, el PNV y el Grupo Mixto deberán llegar a un acuerdo este jueves tras el debate de la última reunión del órgano parlamentario.

El PP no se sumará, pues defiende que ni las declaraciones ni la documentación aportada ha dejado acreditado el uso partidista del Ministerio. Acusa además a la oposición de haber extraído conclusiones "manipuladas" y de haber creado de manera “artificial y sin pruebas” el concepto de la presunta ‘policía política’.

Tras las comparecencias ante el Parlamento del propio exministro, del exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, y del ex número dos del CNP, Eugenio Pino, los partidos, a excepción del PP, coinciden en señalar que hubo un uso partidista de la policía y que el grupo actuó sin control del Cuerpo ni de los tribunales. Todo esto con el conocimiento del titular de Interior y de sus subordinados.

Unidos Podemos deduce la "elaboración y divulgación de montajes policiales y a la preparación de investigaciones falsas" con la objetivo de "influir" en procesos electorales. Esquerra Republicana apunta también a “una sistematización destinada a imputar casos de corrupción, infundir sospechas y calumnias a rivales políticos a través de filtraciones en los medios de pruebas falsas y la manipulación documental".

En lo que no coinciden todas las fuerzas de la oposición es en si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conocía o no estas operaciones. Mientras que los de Pablo Iglesias además de ERC y el PDeCat lo dan por descontado, PSOE, PNV y Ciudadanos no se muestran partidarios de recogerlo en las conclusiones finales.

En este sentido, desde la formación morada solicitan que la Cámara Baja remita a la Fiscalía los indicios sobre estos hechos por si los altos cargos de Interior y del CNP pudieran haber incurrido en delitos de malversación o fraude procesal. Se quejan además de que tanto el PP como Ciudadanos y el PSOE impidiesen la comparecencia en la Cámara de los excomisarios Marcelino Martín Blas y José Manuel Villarejo, con lo que se produjo un cierre prematuro del órgano parlamentario.

Por otra parte, piden también la apertura de diligencias contra el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, por haber prestado -a juicio de la formación morada-, falso testimonio sobre el proceso judicial abierto para investigar la grabación de una reunión entre agentes policiales y del CNI dentro del caso del pequeño Nicolás, en el que Podemos está personado como acusación popular.

Precisamente este ha sido uno de los últimos puntos de conflicto, ya que este lunes el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, remitía una carta a la presidenta Ana Pastor en la que acusaba a la formación morada de haberse saltado el secreto de sumario y haber hecho uso de información contenida en procedimientos judiciales en curso durante la comparecencia de Fuentes Gago.

La secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, negó después haber cometido ningún tipo de irregularidad y argumentó que la información empleada durante la sesión fue obtenida "a través de la prensa que informaba de actuaciones judiciales".

Sobre la conversación grabada entre el exjefe de la oficina antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, y el exministro del Interior, que fue difundida dos años después, el PP alega "ni se fabricaron pruebas ni se habló de documentación elaborada" por lo que no se puede inferir la existencia de la denominada "operación Cataluña" contra dirigentes independentistas de ERC y CDC implicados en el proceso separatista.

Precisamente la publicación en prensa de esta grabación fue lo que llevó al PSOE y a los nacionalistas catalanes y vascos a impulsar la creación de este órgano parlamentario, cuyo dictamen final será votado por el Pleno tras el receso de agosto.