El PSOE se verá una vez más obligado a darle vueltas a la energía nucelar. La presidenta de Extremadura, María Guardiola (PP), abandera la defensa de las centrales españolas aún operativas. Y, por eso, ha obligado a los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y de Cataluña a retratarse sobre el plan antinuclear del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La presidenta extremeña ha pedido por carta a Emiliano García-Page y a Salvador Illa -también a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana-, a que se manifiesten junto a ella el próximo 18 de enero en la central cacereña de Almaraz. Por el momento, solo Mazón ha apoyado la "justa reivindicación" de su compañera de partido.
Faltan dos años para que se dé el primer paso del apagón que el Gobierno ha decretado para la energía nuclear en su apuesta determinada por las fuentes renovables. Y Guardiola considera que el cierre de Almaraz, previsto para el 2030, es una sentencia de muerte a la economía de la comarca. En su lucha, quiere contar con el apoyo de los presidentes de aquellos territorios que también albergan reactores nucleares. Es decir, Cataluña (Ascó y Vandellòs), Castilla-La Mancha (Trillo) y la Comunidad Valenciana (Cofrentes). Guardiola resalta en su carta, a la que ha tenido acceso este diario, que "Almaraz es ejemplo de creación de empleo", porque "sostiene a más de 3.000 familias", genera riqueza y fija población en el medio rural.
"Que nuestra central funcione es clave también para el sistema eléctrico nacional, al proporcionar el 7% de la energía consumida en España el pasado año. Estoy convencida de que, como presidente, eres perfecto conocedor de los argumentos que te traslado en esta misiva y que estás al corriente de los beneficios que conlleva contar con plantas nucleares. La aportación de la energía que producen territorios como Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha es del 20% de toda la energía que se consume en nuestro país. Esto debiera suponer una garantía a largo plazo para que, tanto la industria como las empresas y particulares, no sufrieran carestía en el suministro y tuvieran electricidad sin poner en riesgo la sostenibilidad medioambiental", detalla la misiva, que zanja: "el plan de cierre aprobado por el Gobierno de España nos afecta a todos, pero especialmente a las regiones que contamos con plantas nucleares. Más tarde o más temprano, si no lo evitamos, será una condena para muchas familias a quedarse sin su modo de vida, y una obligación para muchos trabajadores especializados de emigrar a otros países".
La política nuclear del Gobierno se centra en la gestión de la energía nuclear mientras se completa la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. España cuenta con siete reactores nucleares en operación que aportan una parte significativa de la electricidad consumida en el país. Sin embargo, no se prevé la construcción de nuevas plantas nucleares y el plan es ir cerrando las existentes de manera progresiva, conforme vayan alcanzando el final de su vida útil. El compromiso electoral del PSOE en su programa de julio de 2023 fue aprobar el 7º Plan General de Residuos Radioactivos para integrar las necesidades para la gestión de residuos radioactivos, así como para las futuras necesidades en el desmantelamiento "ordenado y progresivo de las centrales nucleares".