El Gobierno es consciente de que el Estado dio ayer sensación, por vez primera, de haber reventado el referéndum ilegal del 1-O, pero no las tiene todas consigo; y menos, después de escuchar a Carles Puigdemont, que prosigue su desafío independentista.

Aunque el Ministerio del Interior ha desplegado guardias civiles y policías por Cataluña en número suficiente para apoyar la investigación judicial dirigida a desbaratar los preparativos de la consulta, Mariano Rajoy sabe que hay dos millones de independentistas dispuestos a votar y eso será muy difícil de frenar si el cuerpo encargado del orden público, los Mossos de Esquadra, "mira para otro lado" durante la jornada electoral so pretexto de no crear altercados. "Ya hay algunos indicios y declaraciones sindicales de que puede acabar ocurriendo eso", advierten fuentes consultadas. 

Por eso, el Ejecutivo estudia tomar el control de la policía catalana días antes de la votación, igual que lo ha hecho con las cuentas de la Consejería de Economía, según ha podido saber Vozpópuli. Se trata de que el domingo del 1-O, y desde primera hora, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad "vayan a una" a la hora de impedir el delito. Lo haría amparándose en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, que le faculta para ello.

La Moncloa sabe que hay dos millones de independentistas dispuestos a votar y no quiere que los Mossos actúen el 1-O como "fuerza de interposición" entre manifestantes y guardias civiles

El Ejecutivo recela de escenas como las que se vieron ayer durante las detenciones de altos cargos de la Consejería de Economía, en su trabajo y en sus domicilios. Los Mossos se comportaron más como fuerza de interposición entre guardias civiles y policías, por una parte, y manifestantes independentistas, por otro. Altercados que, en algún caso, acabaron con pinchazos de ruedas y rompiendo cristales de los vehículos policiales.  

Formalmente, el major, Josep Lluis Trapero, transmitió el 12 de septiembre a sus 17.000 subordinados la orden de la Fiscalía General del Estado que le obliga a colaborar con Policías y Guardia Civil en función de Policía judicial. Desde entonces eso es lo que viene ocurriendo, pero siempre a raíz de investigaciones de los cuerpos estatales, no de los propios Mossos.

Eso llevó anteayer al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a reunir de nuevo -como el día 12- a los tres responsables de los cuerpos policiales. Una cita en la cual los mandos de Policía y Guardia Civil reprocharon a Trapero que sus policías se pongan de perfil para no indisponerse con su jefe político, el consejero de Interior y destacado activsta pro independencia del PDCat, Joaquim Forn, y el propio Puigdemont.