Una pregunta cuya respuesta es evidente, una perogrullada, persigue a los dirigentes del PP desde hace días. "¿El franquismo fue una dictadura?", preguntan los periodistas. Tan evidente es la solución que la cuestión resulta incómoda. ¿El motivo? La ausencia de tal afirmación en la Ley de Concordia que sustituirá a las norma de Memoria Democrática autonómica en Castilla y León, región gobernada por el PP en coalición con Vox desde marzo de 2021. La desaparición del término, además, supone un flanco detectado por Ferraz y Moncloa para atacar a los populares en vísperas de un ciclo electoral intenso.
La derogación de una y la promulgación de otra fue una exigencia de la formación de Santiago Abascal que los populares aceptaron sin demasiados remilgos, una cláusula asumible para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, primero; pero también a Jorge Azcón y Carlos Mazón en Aragón y Comunidad Valenciana, respectivamente, tras las elecciones de mayo del año pasado.
No obstante, el principal escollo para los populares es el timing con el que se ha materializado el acuerdo: a semanas de las elecciones vascas, catalanas y europeas, y dotando a los adversarios políticos de munición para la campaña. "Es dar artillería al PSOE", zanja un dirigente autonómico del PP con mando en plaza en conversación con Vozpópuli. "La realidad es que al PP le pusimos como plazo para la derogación de todas [las leyes de Memoria Histórica autonómicas] estas Navidades pasadas. Es decir, es el PP el que ha dilatado los plazos y nos hemos plantado", replican fuentes de la dirección nacional de Vox.
"Seguimos sin saber cómo tratar a Vox", se queja un diputado nacional, que evoca los fantasmas del 23-J. Meses después de las elecciones generales que consumaron la amarga victoria de Alberto Núñez Feijóo, en Génova están convencidos que fueron las amenazas de aplicar un 155 en Cataluña de Vox y su concurrencia en ciertas provincias lo que impidieron la llegada de Feijóo a la Moncloa.
"Desgraciadamente, aquí no hay opciones de gobernar y el PSOE no tiene capacidad de alentar el miedo de una alianza PP/Vox", razonan fuentes cercanas al líder del PP sobre las elecciones vascas (21 de abril), catalanas (12 de mayo) y europeas (9 de mayo, y sin pactos posibles de ningún tipo, lógicamente).
En la sala de máquinas del PP atisban el movimiento de Abascal como una "estrategia" para asomar la cabeza en un momento donde son "incapaces" de que sus mensajes calen y con unas perspectivas electorales a la baja. "Vox busca protagonismo aunque eso no ayude a cambiar a Sánchez por Feijóo", estiman desde el entorno del líder del PP, donde insisten en que Feijóo -y no Sánchez- es el "principal enemigo" de Abascal. "Nadie que ha votado a Sánchez va a votar a Abascal, pero puede votar a Feijóo", estiman.
"Nos parece razonable"
La escaramuza por el presunto movimiento estratégica no impide que el anuncio del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional dichas leyes autonómicas sea visto por Génova como una "hipérbole que evidencia que están acorralados". El PP considera que "Franco es un valor refugio para el PSOE", replicado el nombre del dictador como una onomatopeya cada vez que hay ocasión. "Franco es para el PSOE como el fistro para Chiquito", ejemplifican con una chanza.
Sin embargo, entre presuntas estrategias preelectorales, lo cierto es que el PP ha cerrado filas con una legislación que, en palabras de su portavoz nacional, Borja Sémper, consideran un "avance". "Todo lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente nos parece muy bien y nos parece razonable. ¿Es que hay alguien en este país que no quiere resarcir a ninguna víctima de ninguna justicia?", aseguró el lunes tras la reunión del comité de dirección del partido. "Me llama mucho la atención que ante leyes que pretenden ensanchar y ampliar la condición de víctimas, el PSOE se niegue", añadió Sémper.
Mazón, por su parte, defiende una ley que amplía los derechos ya previstos en la Ley de Memoria Democrática valenciana y los extiende desde su segundo párrafo a la Segunda República, la Guerra Civil, y el "azote del terrorismo etarra e islámico". En el texto propuesto por la Generalitat Valenciana, eso sí, aparece la palabra dictadura hasta en tres ocasiones. ¿Y por qué no aparece en la ley que la Junta de Castilla y León comenzará a tramitar este mismo lunes? "Porque ya es evidente, público y notorio, y lo obvio, no necesita losa", aseguró. "Esto no es ni más ni menos que una cortina de humo que está usando el PSOE y Pedro Sánchez para tapar sus casos de corrupción política y económica, el 'caso Koldo' y la Ley de Amnistía", considera el presidente castellanoleonés.
Sémper, además, tuvo que responder este lunes en Génova a la pregunta que encabeza el artículo. "Por supuesto que el régimen franquista fue una dictadura, claro que sí. Afortunadamente vivimos en una democracia y dejamos atrás una época en blanco y negro y oscura que fue la dictadura", resolvió. Mañueco, por su parte, se remitió a la RAE para apuntar lo que considera una definición.
