Política

España, la nueva Hungría: el PP logra que Europa se alarme por el retroceso de libertades

En la última cumbre del PP europeo, Feijóo logró el respaldo de todos sus colegas para fijar entre sus prioridades los ataques al Estado de derecho en España

  • Feijóo y Von der Leyen en Berlín, con a las prioridades del PPE -

En 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución histórica para sancionar a Hungría, pues consideró que existía un riesgo de violación del Estado de Derecho, línea roja infranqueable en la Unión Europea. Desde entonces, este país ha perdido miles de millones de euros en fondos comunitarios por incumplir de manera sistemática algunas leyes elementales del bloque. Todavía hoy sigue en la lista negra, a pesar de que se han dado algunos avances. 

Desde hace tiempo, el Partido Popular quiere poner en alerta a Bruselas por la “deriva antidemocrática” de nuestro país con Pedro Sánchez a la cabeza. La tesis es que España se desliza por una pendiente descendente, como en su día Hungría. Salvando las distancias. 

Lo cierto es que Alberto Núñez Feijóo, para tratar de frenar cuestiones como la ley de amnistía a los responsables del procés, ha decidido trasladar buena parte de la contienda política doméstica a las instituciones europeas. Hasta el punto de que, en la última cumbre que celebró el PP europeo en Berlín, logró que todos sus colegas de partido, entre otros la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, aceptaran equiparar a España con Hungría, además de Eslovenia y Eslovaquia -otros países en el punto de mira-. 

En un documento que firmaron los distintos líderes del PPE, con las prioridades para este 2025, Feijóo logró introducir el nombre de España en un epígrafe de especial importancia, el relativo a la defensa de las libertades. 

“Estamos salvaguardando el estado de derecho, en defensa de nuestra democracia. Sin democracia, no habría Unión Europea, y sin el estado de derecho, la democracia sería imposible”, apuntaba el párrafo del texto a modo de preámbulo. 

"Preocupación por España"

Y, acto seguido, lo mollar: “Expresamos nuestra profunda preocupación por los acontecimientos en Hungría, Eslovenia, Eslovaquia y España. Las instituciones europeas deben garantizar el respeto al estado de derecho y la separación de poderes en toda la Unión Europea, reaccionando cuando esos principios están bajo ataque”. 

Según aseguran fuentes próximas a Feijóo, cuando llegó el momento de redactar ese párrafo, ninguno de sus compañeros puso objeción alguna. Ni siquiera Von der Leyen, de la que los populares españoles recelan por su simpatía manifiesta hacia Sánchez. 

La naturalidad con la que los colegas europeos, también la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, aceptaron equiparar a España con Hungría, entraña un hondo significado a ojos del PP. Y es que supone una suerte de aviso para el Gobierno, al que los populares, por elipsis, le hacen saber lo que está en juego si persisten las malas artes en el juego democrático. 

“En Europa están empezando a mirarnos y después de mucho tiempo en el que Sánchez iba a Bruselas a blanquear su imagen, esto se ha acabado”, aseguran en el entorno de Feijóo. “Úrsula, tras de la polémica de Teresa Ribera, se dio cuenta de que el PP español tiene peso en el Parlamento, que es la primera fuerza en nuestro país y que tiene que atender a nuestras reivindicaciones”, añaden. 

Durante las jornadas en la capital alemana, preludio de las elecciones federales que se celebrarán en febrero, el presidente del PP llevó varios asuntos que están en agenda en España: la situación “insostenible” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. O la cascada de “escándalos corrupción” que salpican al Gobierno. 

No obstante, las cuestiones sobre las que más incidió Feijóo fueron la reforma que prevé rebajar el papel de la acusación popular en los procesos judiciales y el asalto del Ejecutivo a todas las instituciones del Estado: desde el Tribunal Constitucional hasta RTVE, pasando incluso por empresas participadas, como Telefónica. De hecho, el cese fulminante de Pallete al frente de la operadora cogió a Feijóo en Berlín. 

El presidente popular defendió que la proposición de ley del PSOE –bautizada por su partido como Ley Begoña- era una “amnistía preventiva del entorno político y familiar de Sánchez”, investigado por supuestos casos de corrupción. Y en los distintos encuentros con sus colegas, señaló la necesidad de parar los pies al Gobierno.

A los dos días de esta cumbre, la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat, y el eurodiputado Javier Zarzalejos, se entrevistaron con el nuevo comisario de Justicia de la UE, Michael McGrath, al que alertaron de que el Gobierno está desplegando una agenda que atenta "contra la independencia judicial en España".  

El PP avanza así en su estrategia de que Europa eche el freno a algunos de los desmanes de Sánchez. Resuelto el bloqueo del Poder Judicial, parecía que España desaparecía del campo de mira de la Comisión. Pero Feijóo quiere elevar la presión para asegurar así que la UE responde de manera eficaz a cualquier decisión del Gobierno que cause un perjuicio a las Libertades en España. 

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