España cumple 425 días en funciones en tres años y medio y se acerca al récord de Bélgica

"Es desesperante". "No hay manera de hacer nada". Es una de las frases que se repite habitualmente entre los altos cargos de la Administración, atados de pies y manos por la provisionalidad del Gobierno. España ha cumplido este fin de semana 425 días en funciones en los últimos tres años y medio. Y se acerca al récord mundial de 541 días que ostenta Bélgica. 

Es cierto que el período de los belgas sin Ejecutivo fue consecutivo, entre junio del 2010 y diciembre del 2011. Pero en valores absolutos, España está muy cerca de esa cifra en una horquilla temporal inferior a una legislatura. 

Y lo peor es que el bloqueo se ha convertido en un arma política para desgastar rivales políticos y forzar negociaciones al límite como la que desangró al PSOE con la abstención y amenaza ahora a Podemos y Ciudadanos.

Rajoy, 314 días en funciones

Mariano Rajoy estuvo 314 días como presidente en funciones. Sánchez supera los 110 estos días. España corre el riesgo de acostumbrarse al bloqueo ante la imposibilidad de formar mayorías estables. La fragmentación política ha forzado a dos gobiernos distintos a improvisar soluciones ante una situación que era inédita hace solo cinco años.

Hay quien dice que el Gobierno en funciones no es necesariamente malo. En Bélgica, por ejemplo, la economía creció por encima de la media europea durante ese período. En España está pasando algo similar a pesar de las señales de alarma que emite la economía mundial por el 'brexit' o la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Otros analistas consideran que el bloqueo tiene como reverso positivo el vigor de la Constitución. Es decir, las instituciones funcionan y los servicios no colapsan. El país funciona a pesar del bloqueo de los partidos. Y es, dicen, el mejor síntoma de la solidez de nuestro sistema democrático.

Sin embargo, la realidad es que sin Gobierno se vive peor. La falta de un Ejecutivo en plenas facultades deja al país sin Presupuestos, cercena al Parlamento y congela agendas internacionales. También la del Rey. Es la principal queja de los fontaneros del Consejo de Ministros en los largos periodos vividos con Rajoy y ahora Sánchez.

Tanto el PP como el PSOE han abogado por la reforma del artículo 99 de la Constitución, que regula la elección del presidente del Gobierno

El país queda a expensas de vaivenes geopolíticos sin que se puedan abordar reformas, tal y como advirtió la ministra de Economía, Nadia Calviño, hace unos días. Ocurre lo mismo con medidas que necesitan actualizarse, como la de las pensiones. Y las comunidades autónomas viven de presupuestos prorrogados, lo que restringe considerablemente su margen de maniobra.

Reforma del artículo 99

El bloqueo ha permitido descubrir que existen lagunas en la Constitución. Nadie previó, por ejemplo, que un candidato rechazase el encargo del Rey de formar Gobierno como hizo Rajoy. Y no existe realmente una fórmula para sacar al país de la parálisis. 

Tanto el PP como el PSOE han abogado por la reforma del artículo 99 de la Constitución, que regula la elección del presidente del Gobierno. Pero los principales partidos solo han sacado el artículo 99 cuando les ha convenido y no se ha abordado de una manera rigurosa. La realidad es que Sánchez y Rajoy ha utilizado la parálisis para desgastar a sus rivales. 

La única reforma seria la trabajó un equipo liderado por Eduardo Madina en marzo del 2017. Fue antes de las primarias que ganó Sánchez. Madina apoyó a Susana Díaz. Y el proyecto está durmiendo en algún cajón de Ferraz. 

La reforma, avalada por constitucionalistas, pretendía, por un lado, fijar plazos concretos para someterse a la investidura una vez que el monarca designe candidato. Tras las elecciones del 26-J, Rajoy aceptó el encargo pero tardó más de un mes en someterse a la votación del Congreso. Sánchez superó con creces esos límites: tres meses para ir a la investidura después de ganar las elecciones.

La otra pata de aquella propuesta del PSOE que nunca vio la luz era evitar que la ausencia de mayoría simple en el Congreso desemboque necesariamente en elecciones. La idea era mantener la obligación de mayoría absoluta en primera votación y simple en segunda.

Pero a partir de la tercera establecer un mecanismo similar al que existe en el País Vasco, en el que sólo se pueda votar sí, en blanco o abstención. Incluso, como ocurre en la elección de la presidente del Cámara, que se elija entre dos candidatos y sin voto en contra.