Política

El Gobierno ultima un proyecto de ley para incorporar a los Mossos en el control de las fronteras

Fuentes gubernamentales aseguran que se prepara "la delegación" y dicen que la negociación con Junts sobre las competencias de inmigración "van muy bien"

El Gobierno ultima un anteproyecto de ley orgánica para "delegar" el control de las fronteras a los Mossos, según explican fuentes gubernamentales a este diario. La norma modificaría la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que es la que otorga dicha competencia a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por eso, el plan de Moncloa para satisfacer las exigencias de Junts pasa por una ley del mismo rango que permita otorgar a la policía autonómica catalana un cometido en la frontera española.

Aunque el artículo 149.1.2 de la Constitución establece que el Estado es quien tiene la competencia exclusiva en inmigración y extranjería, las fuentes consultadas explican que esto no implica necesariamente que la responsabilidad total deban ejercerla la Policía Nacional y la Guardia Civil. De ahí que el Gobierno reitere siempre que puede que las comunidades autónomas también son Estado". Sin embargo, si el Ejecutivo quisiera una descentralización formal de estas competencias, sí tendría que contemplar una modificación de este artículo; todo un imposible con la actual composición del Parlamento.

De la misma manera, cabe la posibilidad, siempre según el relato de estas fuentes, de que se reforme la Ley Orgánica de Extranjería (LO 4/2000), que regula los controles de entrada y salida de extranjeros para añadir la posibilidad de que otras policías, como el cuerpo de Mossos, colaboren o incluso asuman funciones específicas en los pasos fronterizos. En cualquier caso, cualquier cambio en la normativa sobre el control policial de la frontera deberá cumplir con las normas del Código de Fronteras Schengen, así como con la legislación europea sobre cooperación policial.

Moncloa, además, asegura que la negociación con el partido de Carles Puigdemont sobre la cesión de las competencias en materia de inmigración "van muy bien", pero no entran en más detalles. El Gobierno, tanto en público como en privado, reitera que "el paraguas" de todas las negociaciones con Junts es la Constitución. Y que, una vez se llegue a un acuerdo, se dará a conocer públicamente "con total transparencia".

El Ejecutivo ya llegó a un acuerdo en marzo del año pasado con la Generalitat de Cataluña sobre la asunción de competencias por parte de los Mossos en puertos y aeropuertos, pero Interior lo frenó por la cercanía de las elecciones catalanas que finalmente ganó el PSC. En cualquier caso, ese acuerdo implicaría que la policía autonómica catalana ganara presencia en las infraestructuras críticas, en detrimento de la Policía Nacional y –sobre todo– de la Guardia Civil, que mantendrían la lucha contra el contrabando y el fraude fiscal, así como las labores en aduanas, etc. 

Eso sí, Interior ya negó en noviembre que existiera pacto alguno para ceder competencias de protección de las personas y bienes y del mantenimiento del orden público en puertos y aeropuertos que, como recalcó en un comunicado, corresponden en la actualidad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El nudo central de la discusión entre las dos partes ha sido consensuar qué facultades puede tener una comunidad autonónoma en una materia que guarda relación directa con las fronteras del Estado.

Hay que entender que el partido de Carles Puigdemont, asediado por el auge de la extrema derecha identitaria en Cataluña, ha endurecido su discurso contra la inmigración. Y busca desesperadamente anotarse un tanto. Pero la mera negociación ya es un gol. Porque en el independentismo se aplaude la relación que ha creado Junts con el PSOE. Los independentistas catalanes negocian con "el enemigo" porque consideran que le pueden sacar mucho más partido.

Puigdemont no tiene intención alguna de participar en la gobernabilidad de España. A diferencia de ERC, le preocupa bien poco "la mayoría social" con la que quiere alinearse el Gobierno. Y si se compromete a aprobar a algunos decretos, como el de revalorización de pensiones, es porque afecta directamente a buena parte de sus votantes. Junts ha evidenciado que no se alinea con ningún bloque: ni con el 'progresista' ni con el de la derecha, al que pertenece ideológicamente. 

El expresidente catalán tiene al PSOE y al PP como el enemigo a batir, siguiendo la estela de la etapa más dura del procés. La presión que ha ejercido con las pensiones, creen los independentistas, les ha dado credibilidad, porque al amagar con tumbarlo y obligar al Gobierno a rectificar les permite decirle a los suyos que van en serio. Junts, como ERC, tiene siete diputados en Madrid. "Pero no valen lo mismo", explican fuentes posconvergentes.

El análisis de los sectores más duros del secesionismo es que nadie cree que Oriol Junqueras pueda tumbar a Sánchez, pero a Puigdemont sí le ven aprentando el botón. Y, mientras, en Junts ven al presidente del Gobierno dispuesto a tragarse todos los sapos del río por mantenerse al frente del Ejecutivo. Moncloa, en efecto, prosigue su estrategia de contentar a su socio. Aunque lo cierto es que en el núcleo duro cada vez molesta más que Puigdemont se quede en "relato" en lugar de en el "avance" del "autogobierno en Cataluña".

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