La reducción de la jornada laboral, cuyo anteproyecto de ley se aprobó este martes en el Consejo de Ministros, no es seguro que vaya a ser una realidad. Los siete votos de Junts, imprescindibles para su aprobación, dudan en votar afirmativamente ante las presiones del empresariado catalán.
Foment, la patronal catalana, aprieta al partido independentista para evitar que los de Carles Puigdemont apoyen este anteproyecto de ley promovido por Yolanda Díaz. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, que también es vicepresidente de la CEOE, es uno de los que más han visitado a Puigdemont en Waterloo en las últimas semanas.
Desde Junts, según fuentes de la formación independentista, están dispuestos a hablar con el PSOE sobre el decreto de reducción de la jornada laboral, pero la prioridad de su partido, les advierten, será que su contenido se adecue "a la realidad del tejido económico catalán, donde la mayoría de empresas son pequeñas y medianas".
"Lo primero que se debe hacer es sentarse y negociar", dicen desde JxCat. En este sentido, recuerdan, "cualquier medida o iniciativa que se haga desde el Estado, lo abordaremos desde la óptica estrictamente catalana, que no es de grandes corporaciones y empresas, sino de pymes". Precisamente esas pequeñas y medianas empresas son las que representan a la perfección Foment y la separatista Pimec.
En caso de que haya negociaciones entre ambas formaciones, algo que todavía está por ver, explican en el entorno de Puigdemont, Junts hará "contrapropuestas" para defender la realidad empresarial catalana, sin dar más detalles. Los empresarios que susurran al líder del partido llevan semanas trabajando en varias medidas para forzar al Gobierno a aceptarlas a cambio de permitir la aprobación de la reducción de la jornada.
Las diferencias públicas exhibidas por el PSOE y Sumar sobre el contenido del decreto, que han provocado una enorme bronca entre ministros, hacen prever para los de Puigdemont que con ellos será una negociación "complicada".
Aprobada en Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Se trata de una de las principales promesas electorales de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuya negociación entre los dos socios que conforman el Ejecutivo ha agrietado las costuras del mismo.
El texto de la norma explicita que la reducción de la jornada laboral se hará sin pérdida de salario, tras haber superado las diferencias que mantenían los ministerios de Trabajo y de Economía sobre su aplicación, y en un plazo máximo de once meses. El tiempo del que disponen las empresas para adaptarse a esta nueva realidad del mercado laboral.
Tanto Yolanda Díaz como Carlos Cuerpo, ministro de Economía, han coincidido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a la ministra portavoz, Pilar Alegría, en calificar de "paso histórico" la aprobación de la reducción de la jornada laboral. Díaz incluso ha afirmado que hoy es un "día histórico" para los 12 millones de trabajadores que se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando esta entre en vigor.
En concreto, según Trabajo, los colectivos más beneficiados por esta medida serán los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.