Letrados de las Cortes dudan de que los decretos del Gobierno se conviertan en proyectos de ley como exige el PP

A pesar de que el artículo 155.1 del Reglamento del Congreso dice claramente: "La Diputación Permanente podrá, en su caso, tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia los Decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los períodos entre legislaturas", no hay precedentes en 40 años de democracia y la doctrina de los letrados de las Cortes es claramente contraria.

Así se desprende de la sinopsis del artículo 86 de la Constitución, regulador de decretos por vía de "extraordinaria y urgente necesidad", realizada por la letrada Piedad Escudero Márquez en 2005 y actualizada posteriormente por sus compañeras Ángeles González Escudero (2011) y Mercedes Cabrera (2018); las tres sostienen taxativamente que ese artículo 155.1 del reglamento del Congreso choca con el 86 de la Constitución y no es posible llevarlo a la práctica.

"La primera observación a realizar en cuanto a esta tramitación afecta al sujeto de la misma", reflexionaba la letrada Escudero Márquez hace ya 14 años. "Si el Congreso es la única Cámara facultada para la convalidación de los decretos-leyes y también para la decisión inicial para la tramitación como proyecto de ley, la tramitación ulterior corresponde a las dos Cámaras ('Las Cortes') en uso de la capacidad colegisladora que les atribuye el artículo 66.2 de la Constitución". 

Creen que, disuelto el Congreso, la Diputación Permanente no puede tramitar proyectos de ley, solo aprobarlo; y su mandato decae con las elecciones del 28 de abril y la toma de posesión de las nuevas Cortes

Congreso y Senado actúan "a través de sus Plenos y Comisiones" -artículo 75 de la Constitución (CE)- y por eso el ya famoso artículo 155.1 del Reglamento de la Cámara Baja choca con la Carta Magna; De hecho, recuerdan, "no ha sido nunca aplicado", aunque en alguna ocasión se ha votado con resultados negativos la tramitación como ley de algún decreto-ley (18 de enero de 1979, 23 de junio de 1993)".

Así que, la "única interpretación" que cabe es que la Diputación Permanente apruebe la tramitación de los decretos como proyectos de ley, "pero no asumir dicha tramitación, que correspondería a la nueva Cámara" elegida en las urnas por los españoles el 28 de abril.

Porque "sin una disposición expresa que lo habilite", avisan, resulta difícil admitir que un nuevo Congreso electo, soberano, "quede vinculado por la decisión de la Diputación Permanente de una Cámara anterior". "Es principio elemental del derecho parlamentario la autonomía de cada asamblea surgida de unas elecciones, que tiene su reflejo en la caducidad de asuntos tramitados por la anterior", recuerdan.

El PP confía en que le permitan tramitar 

Aún así doctrina, el PP ignora esa doctrina asentada y confía en que los letrados autoricen en 2019 tramitar como proyectos de ley los numerosos decretos que está aprobando el Gobierno de Pedro Sánchez; y que así lo hagan constar en el informe que les ha pedido la presidenta, Ana Pastor, y que le entregarán la semana próxima, según fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli.

Lo único que deben determinar los funcionarios, sostienen fuentes populares, no es si el 155 choca con la Constitución, sino el modus operandi de algo que nunca antes se ha hecho: cuántos de los 64 diputados que conforman la Diputación participarían en las ponencias de los distintos decretos que se van a tramitar simultáneamente, y qué plazos se habilitan para los debates de enmiendas de totalidad y parciales, dado que ya no hay comisiones legislativas.

Un plazo que puede ir hasta el 12 de abril, inicio de la campaña de elecciones generales; 28 de abril, jornada de electoral; o 20 de mayo, último día efectivo de la Diputación Permanente porque al día siguiente toman posesión las nuevas Cortes y se elige nueva Diputación, señalan las fuentes consultadas. 

Con que dos grupos parlamentarios lo pidan -PP y Ciudadanos ya han dicho que van a hacerlo, y el PNV también quiere- los decretos de reforma de alquiler, subsidio de paro a mayores de 52 años, medidas para paliar el brexit, y otros tendrán que ser sometidos a debate y votación de enmiendas si no lo impiden los letrados.