Casado y Arrimadas intervienen para aplacar la crisis de las residencias entre PP y Cs en Madrid

Pablo Casado e Inés Arrimadas han intervenido para pacificar el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Las direcciones nacionales de los dos partidos han llamado al orden a sus líderes autonómicos, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Y les han trasladado su malestar con la forma en la que ambos han conducido la crisis abierta entre sus consejeros por la gestión de las residencias durante el pico de la epidemia de coronavirus.

Casado y también Arrimadas -que se encuentra de baja maternal, pero no al margen del día a día de Ciudadanos- han dado un paso al frente para apaciguar los ánimos en Madrid. Los dos han dado un toque a Ayuso y Aguado para que entierren el hacha de guerra, según ha sabido Vozpópuli de fuentes de ambos partidos.

La intervención se produjo después de que El País publicase unos correos electrónicos entre el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), y su compañero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP). La escalada de tensión entre los socios de Gobierno desde el inicio de la pandemia ha derivado en todo tipo de rumores y filtraciones. Y se ha especulado tanto con una posible moción de censura del PSOE, apoyada por Ciudadanos, como con un adelanto electoral de Ayuso.

"Así no se puede seguir"

Génova y Ciudadanos ha trasladado a sus líderes es que se acabó, explican estas fuentes. "Así no se puede seguir", dicen. Tanto Ayuso como Aguado han sido invitados a desistir de cualquier otra opción que no sea mantener su acuerdo en la Comunidad. "Queda toda la legislatura por delante", dicen.

Las dos partes han rebajado ligeramente el tono desde el toque de sus máximos responsables políticos. Los consejeros afectados han sido apartados de los medios. Tanto la presidenta Ayuso como el vicepresidente Aguado han ensayado discursos tímidamente conciliadores. Pero la desconfianza todavía persiste.

El entorno de Arrimadas no está satisfecho con la gestión que ha hecho Aguado. A pesar de ello, se entiende que Madrid es un hueso y que hay factores que complican todavía más el funcionamiento del Ejecutivo. Casado también ha trasladado un cierto descontento con algunos movimientos de Ayuso y su excesiva sobrexposición. Y ha reconocido, según dicen estas fuentes, que el PP de Madrid funciona de una manera excesivamente "autónoma" en algunas ocasiones. Al PP -añaden- le cuesta compartir el poder después de más de 20 años de mayorías absolutas y gobiernos en solitario.

PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid se han comprometido a llevar el pacto adelante. Pero la confianza en el seno del Gobierno está muy tocada. La formación naranja se ha quejado del papel que está jugando Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar y jefe de Gabinete de Ayuso. Los populares, por su parte, acusan a Aguado de deslealtad y de ir completamente por libre. 

Los protocolos para residencias

Los socios han mantenido todo tipo de encontronazos durante estos meses. Casi todos de media y baja intensidad. Las residencias de ancianos, sin embargo, han puesto la coalición al límite. Casi 6.000 personas residentes en estos centros han fallecido en la Comunidad durante la epidemia de covid-19.

Los protocolos, adelantados por el diario Infolibre, que se enviaron para no trasladar a los hospitales a algunos de ellos con determinadas patologías ha abierto una guerra entre Sanidad y Políticas Sociales, que teóricamente se encarga de las residencias.

La versión oficial que mantiene hasta el momento la Comunidad es que el envío fue un "error", a pesar de que iban firmados y se distribuyeron varias veces. El otro enfoque que se ha dado es que el Gobierno central, y concretamente el vicepresidente Pablo Iglesias, rehusó intervenir a pesar de que disponía del estado de alarma y el mando único de Sanidad para hacerlo.

Pero de puertas para dentro, los consejeros de Aguado han rechazado por completo estos documentos, que consideran "indignos". Al final, PP y Ciudadanos han tratado de repartirse la culpa los unos a los otros de estas órdenes, que se dieron en otras comunidades aunque no por escrito o basadas en protocolos hospitalarios. Algunas fuentes creen que el origen de la polémica es el temor a las consecuencias penales que pueda tener lo ocurrido en estos centros para sus responsables políticos.