Publicado: 28/05/2018 05:15
El tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que dictó la sentencia de la Época I del caso Gürtel ha emplazado este lunes a las 10.30 horas a 16 de los 27 condenados para decidir si como ha reclamado la Fiscalía Anticorrupción les envía a prisión antes de que el fallo sea firme.
Entre esas 16 personas citadas están el extesorero del PP Luis Bárcenas; la mujer de este, Rosalía Iglesias; los exalcaldes del PP Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda; el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, el exviceconsejero madrileño Carlos Clemente y el exdiputado del PP Jesús Merino.
No han sido citados los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, que ya están en prisión tras ser condenados en la pieza separada de Gürtel denominada Fitur. Vozpopuli analiza a continuación, uno a uno, el papel de los 16 condenados que este lunes podrían entrar en prisión:
1. Luis Bárcenas (33 años y 4 meses)
El extesorero del PP y exsenador de la misma formación política era, según la sentencia, "una pieza fundamental" en la trama dirigida por Correa, porque desde dentro del PP, "podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente".
En esa relación Correa se encargaba de los contactos con los empresarios, y a su vez contactaba con Bárcenas, que hacía las gestiones necesarias "para que las adjudicaciones recayeran en el concreto empresario que les interesaba, en cuya ejecución se incluían los incrementos correspondientes, que luego eran repartidos de la manera que se tenía establecida".
Además, la Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza “con fondos provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas”.
Finalmente, los jueces no han creído la versión del acusado de que su fortuna fuera de origen lícito y explican que también se apropió indebidamente de la llamada “caja b” del PP, a la que él denomina contabilidad extracontable del Partido Popular”. Por estos hechos le condena por apropiación indebida, aunque la formación conservadora renunció a cualquier reclamación.
2. Rosalía Iglesias (15 años y 1 mes)
El tribunal explica en su sentencia que desde el año 2000, Bárcenas desarrolló por su cuenta y en colaboración con su esposa Rosalía Iglesias, una actividad dirigida a enriquecerse de forma ilícita, intermediando en otras adjudicaciones y apropiándose de fondos del PP, que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza.
La Sala concluye que Rosalía, en connivencia con Bárcenas, ocultó sus propias rentas y las de su esposo, y también simulando realizar alguna venta de cuadros. El tribunal rechaza el argumento esgrimido por la defensa de Rosalía de que carecía de conocimientos como para llevar a cabo las actuaciones que se le imputan. Esa justificación, según la Sala, le relegaría "a poco más de un simple objeto, y esto no lo debe consentir el tribunal".
3. Guillermo Ortega (38 años y 3 meses)
Los magistrados destacan en su sentencia la "operativa ilícita" desarrollada por el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, a quien incluye dentro de la organización criminal del Grupo Correa, por lo que también fue condenado por integrar una "asociación ilícita".
"Aprovechándose de sus competencias dentro de la Administración convenían con Correa para procurarse ilícitamente un mutuo beneficio". Los responsables políticos, explica la sentencia, "ejercían su capacidad de influencia o imponían mediante la presión que les permitía el abuso de las funciones propias de su cargo".
4. Alberto López Viejo (31 años y 9 meses)
El ex consejero madrileño Alberto López Viejo también formaba parte de la organización criminal del Grupo Correa, por lo que ha sido condenado por un delito de asociación ilícita. Los magistrados consideran que López Viejo cobraba un 10% de cada acto que organizaba con la trama, entre 2004 y 2008, con comisiones en metálico y en especie. Las cantidades se incluían como coste a la Comunidad de Madrid y se pagaban con cargo a sus arcas públicas.
Las comisiones devengadas de López Viejo, según la sentencia, alcanzan la cifra de 448.870 euros. Además, ninguna de las inversiones y plusvalías ganadas fueron declaradas a la Hacienda Pública, si bien esos recursos, que procedían de su ilícita actividad y ocultos en Suiza.
5. José Luis Izquierdo (17 años y 7 meses)
Como contable se encargaba, por órdenes y bajo la supervisión de los cabecillas, de llevar los archivos y documentación de las empresas de la trama, al objeto de controlar las mordidas efectuadas a los responsables de las Administraciones Públicas que, desde dentro de estas, colaboraban en la contratación irregular de donde provenían los fondos.
También se encargaba de elaborar facturas ficticias y de la gestión de la tesorería opaca de Correa.
6. Juan José Moreno (15 años y 2 meses)
Este exconcejal del PP de Majadahonda formó parte del grupo que aprovechó su cargo dentro del Ayuntamiento para imponer una contratación que favorecía a Correa, mediante la manipulación en las adjudicaciones y la autorización de pagos indebidos, actividad que era complementada y completada desde fuera del Ayuntamiento, pero en coordinación con la de dentro, por el propio Correa.
El caso de Moreno es paradigmático de las bondades de la colaboración con la justicia, ya que mientras su compañero José Luis Peñas fue condenado a menos de 5 años, este exconcejal estará 15 años y 2 meses en prisión.
7. Isabel Jordán (14 años y 10 meses)
Llegó a ser responsable de varias empresas del entramado de Correa, como por ejemplo Easy Concept Comunicación SL, de la que llegó a ser accionista con una ampliación de capital de 12.000 euros, que fue íntegramente suscrito por Jordán, quien terminó haciéndose con el 15% de la sociedad.
Asimismo, la participación de esta condenada fue fundamental en la adjudicación irregular de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Majadahonda.
8. Carmen Rodríguez Quijano (14 años y 8 meses)
Estuvo casada con Francisco Correa, y llegó a tener un puesto de confianza del alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Integró el denominado gabinete de alcaldía, desde dónde ayudó a su entonces esposo a apoderarse de fondos de entidades públicas y hacerse con comisiones del Ayuntamiento.
9. Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses)
Creó junto a Correa, Bárcenas y Jesús Merino la sociedad Spinaker para favorecer la actividad del grupo Ros Roca tanto en lo relativo a la obtención de subvenciones para plantas de tratamiento de purines, como a la concesión de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), gestiones por las que pactaron el pago de las correspondientes ilícitas comisiones, que se repartirían entre ellos. Y por ello percibió gratificaciones del grupo Ros Roca.
En especie, Sepúlveda recibió regalos en forma de viajes y servicios turísticos, y, por otro, en forma de eventos bien familiares o bien como servicios prestados para su campaña electoral como candidato del PP a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Su exmujer, Ana Mato, también ha sido condenada como partícipe a título lucrativo de estos regalos.
10. Antonio Villaverde (8 años y 2 meses)
Testaferro de Correa en la sociedad Pacsa LTD, también abrió una cuenta a su nombre en Suiza, por lo que recibió una comisión anual del 0,5% sobre el valor de cartera, que se concretó en 15.779 euros.
11. Ricardo Galeote (7 años y 10 meses)
El exconcejal de Estepona se aprovechó de las competencias que tenía en la contratación del Consistorio y acordó con Correa, con el fin de procurarse ilícitamente un mutuo beneficio, la adjudicación directa a las sociedades de este de determinados contratos a cambio de comisiones. Estas mordidas se abonaron durante tres años con viajes y otros servicios prestados por la agencia Pasadena Viajes, propiedad de Correa.
12. Carlos Clemente (5 años y 9 meses)
Autorizó y justificó personalmente en 2005 el pago de diversas facturas de actos adjudicadas directamente a las sociedades de la trama, por lo que colaboró conscientemente a ocultar "la ilicitud propia de la adjudicación".
A cambio de la adjudicación de tales actos, a Clemente la trama le pagó un 10% del total facturado a la Comunidad de Madrid, devengando por ello la cantidad de 9.716 euros, aunque la cantidad total recibida fue de 13.600 euros.
13. Teresa Gabarra (4 años)
La mujer del exconsejero López Viejo era la apoderada de las cuentas suizas de su marido, en las que llegó a atesorar 450.731 euros. Este matrimonio, con esos fondos, realizó distintas inversiones financieras que generaron unas rentabilidades no declaradas a la Hacienda Pública.
Conocedora del origen ilícito de las cantidades repatriadas desde Suiza, también contribuyó activamente a su afloramiento, de manera que, para que pudiera tener lugar dicha repatriación, puso a su disposición sus cuentas bancarias en España.
14. Jesús Merino (3 años y 7 meses)
Este exdiputado fue propietario junto a Correa y Bárcenas de la sociedad Spinaker, mediante la cual percibían las mordidas de las empresas que ayudaban desde sus cargos políticos.
Los cobros percibidos en contraprestación a su intermediación en la adjudicación de contratos públicos, que realizaron valiéndose de sus influencias sobre cargos públicos de su misma formación política, ascendieron, en el caso de Bárcenas, a 1.176.561 euros; en el de Jesús Merino, a 331.737 euros y, en el de Correa, a 1.222.420 euros.
15. Iván Yáñez (3 años)
El considerado testaferro de Bárcenas ayudó al extesorero del PP a presentar sendas Declaraciones Tributarias Especiales en nombre de las sociedades Tesedul y Granda Global. También fue objeto de un poder especial para gestionar las cuentas bancarias suizas de Bárcenas, cuyos fondos sacó del país centroeuropeo.
Con la ayuda de Yáñez, Bárcenas trató de ocultar sus bienes mediante empresas a nombre del testaferro, hijo de un integrante de la tesorería del PP fallecido durante la instrucción del caso.
16. Pedro Rodríguez Pendás (3 años)
El principal colaborador de López Viejo ayudó a adjudicar, de forma arbitraria y careciendo de competencias, contratos a Correa. Además, incurrió en irregularidades en la contratación, tanto desde el punto de vista de la competencia para contratar, como desde el del procedimiento, incluida su facturación.
Y todo lo hacían a cambio de unas gratificaciones que se repercutían como importe facturado a dichas empresas, encareciendo los servicios, con el consiguiente sobrecoste para ellas, y, consecuentemente, para la Comunidad de Madrid.
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