Alcorcón (Madrid) reduce la jornada laboral a sus funcionarios para que "practiquen deporte"

El Pleno Ordinario de Alcorcón ha aprobado la reducción a 35 horas de la jornada laboral presencial de los trabajadores municipales, y las dos y media restante dedicarlas a hábitos saludables.

"Es decir, se llevarán a cabo distintas formaciones y se practicará deporte. Esto aumentará su productividad en el servicio", ha detallado el portavoz del PSOE y concejal de Seguridad, Organización Interna y Atención Ciudadana, Daniel Rubio, quien ha indicado que, al mejorar "la calidad de vida" del empleado público, esto ayudará a que haya menos bajas médicas.

En este sentido, Rubio se ha mostrado convencido en que "modernizar la Administración", con medidas que ya se están aplicando en algunos sitios de Europa, "ayudará a mejorar el servicio" y a tener "motivados" a los trabajadores.

En la propuesta, que ha sido presentada a la sesión de hoy por el propio edil y que ha recibido el apoyo de los grupos que conforman Gobierno local (PSOE y Unidas Podemos Ganar Alcorcón), la abstención de Ciudadanos y Vox y el voto en contra del PP, se pide instar a la Junta de Gobierno -el órgano competente para tomar estas decisiones- a que efectúe la mencionada reducción de forma inmediata.

Tanto Vox, como Ciudadanos han insistido en que, a pesar de que están a favor de las mejoras concernientes a los trabajadores, al plan le falta información sobre cómo, cuándo y de qué manera se organizarían, mientras que el PP afirma que lo que se pretenden hacer es un fraude de ley.

"Lo es porque, según se indica, para llevarlo a cabo es necesario estar en estabilidad presupuestaria, algo que no cumple este Ayuntamiento", han detallado, convencidos de que, además, "reducir la jornada cuesta dinero" y que "esto afecta directamente a la productividad".

"Agravio comparativo"

Asimismo, recalcan que existe un "agravio comparativo" con el resto de trabajadores que no tendrán el mismo "privilegio". "Ustedes no homologan las circunstancias en todos los ámbitos privados y públicos. Empiezan aquí por política partidaria, generando agravio comparativo. Algo que nosotros vemos mal", según han argumentado.

Sin embargo, el portavoz socialista ha indicado que la calificación de "fraude de ley" es algo que tiene que poner un juez, "no un concejal de un Ayuntamiento" y que, en cualquier caso, "se respeta escrupulosamente".

"El ámbito legal de este acuerdo viene regulado por la disposición 144 del Real Decreto General del estado de 2018, que dice que la legislación estatal es de carácter supletorio si hay un acuerdo como el que hemos alcanzado aquí con los sindicatos", señala, argumentando que tampoco hace falta informe de fiscalización "porque no hablamos de costes directos".

No obstante, Rubio reconoce que aún quedan cuestiones por cerrar pero que se llevarán a cabo "los controles pertinentes para el cumplimiento de objetivos", y trabajarán de forma particular con colectivos como Policía y Bomberos para adaptarlo de "la mejor manera posible". Asimismo, ha adelantado que la semana que viene tendrán una reunión con los sindicatos para hablar, entre otras cosas, de este tema.