El combate político no cesa. Cada problemática que afronta la sociedad española es objeto de disputa, aunque afecte a menores de edad. El Gobierno aprobó este martes un Real Decreto-ley que, entre otras cosas, reubicará a 4.000 menores inmigrantes que están hacinados en Canarias y a 400 que lo están en Ceuta. La norma, que se pactó a última hora del lunes con Junts, establece un mecanismo permanente de reubicación de los menores. Pero fuentes socialistas consultadas por este diario admiten el recelo de muchos de sus alcaldes, porque temen que las regiones gobernadas por el PP les manden todos los menores no acompañados en lugar de hacer un reparto equitativo dentro del territorio, como ocurre en estos momentos en Fuenlabrada (Madrid), donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso quiere llevar a todos los migrantes.

"Va a ser difícil. Nos da en la línea de flotación", explica a un socialista conocedor de la problemática que a la que se enfrentarán los alcaldes. El Gobierno, cuestionado sobre esta preocupación, responde que antepone la atención a los menores a las tensiones políticas que puedan surgir entre administraciones de diferente color político por dónde y cómo albergarlos. El Ejecutivo considera necesario redistribuirlos desde los territorios más saturados hacia otras comunidades. Por eso, el real decreto estipula "una fórmula de solidaridad equitativa", según explicó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que pondera el esfuerzo realizado por cada territorio en la atención a los menores de edad extranjeros no acompañadas. El PP evita responder si sus barones, más allá de negarse a acoger menores inmigrantes si no hay capacidad, seguirán la vía Ayuso para devolverle  el golpe a los socialistas.

El pacto con Junts, en cualquier caso, es la última concesión del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont, quien, tras acordar con el PSOE la delegación integral de las competencias migratorias a la Generalitat, dejó claro que no seguiría aceptando el actual modelo de reparto de menores extranjeros; motivo por el que exigiía al Gobierno que compensara a Cataluña, al considerar que ya se encontraba desbordada. Moncloa, en efecto, defiende que Cataluña ha hecho un mayor esfuerzo en los últimos años respecto a otras autonomías, con más plazas, con más presupuesto, etc.

Ocurre que, según los cálculos de Junts con los criterios del decreto que han pactado con Sánchez, la Generalitat catalana tendrá que hacerse cargo de 20 inmigrantes, mientas que la Comunidad de Madrid tendría que recibir 700. El Gobierno no entra a valorar los datos ofrecidos por los posconvergentes, a la espera de que las autonomías den sus cifras. Pero estos datos alimentan la sospecha de que los criterios establecidos para la distribución obligatoria de los menores se han diseñado para permitir a Cataluña recibir menos y darle a Puigdemont la posibilidad de lanzar el mensaje de que ha conseguido frenar la inmigración. Todo un logro si se tiene en cuenta que Junts compite electoralmente con un partido de extrema derecha, Alianza catalana, que ha hecho de la inmigración su principal asunto político.

El Ejecutivo explica que dicha situación de contingencia migratoria extraordinaria, como define al desbordamiento de los recursos de las comunidades que lo activen, determinará que se establezca por parte del órgano competente de la Administración General del Estado "cuál será la comunidad o ciudad autónoma a la que se traslade para su ubicación" a los menores. De manera que, en momentos de crisis migratoria en una comunidad, será la Administración Central la que decidirá la reubicación de los menores, aunque solo con acuerdo previo por unanimidad de la Conferencia Sectorial, cosa que será difícil que ocurra.

El redactado del decreto dice que "se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada en aquellas comunidades o ciudades autónomas cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria" de acogida de menores.

Pero ocurre que la competencia para la tutela y atención de los menores extranjeros no acompañados corresponde a las comunidades. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece que son responsables de la tutela, la guarda y la protección de los menores desamparados en su territorio. Y la Ley de Extranjería también reconoce que son las comunidades autónomas las que deben asumir la tutela, así como proporcionar la acogida y la educación de los menores una vez identificados y comprobado que están en situación de desamparo.

Cada autonoía tiene su propia normativa y sus propios procedimientos para la acogida y la distribución de los menores dentro de su territorio. Cada una determina la ubicación de los centros de acogida, aunque puede hacerlo en colaboración con los ayuntamientos y entidades del tercer sector. Los ayuntamientos, en cualquier caso, no tienen competencia directa sobre la tutela de los menores, pero sí pueden influir en la ubicación de los centros a través de normativas urbanísticas o mediante acuerdos con la administración autonómica. Pero eso no es lo que ocurre en el caso de Fuenlabrada (190.000 habitantes). Fuentes del consistorio madrileño lamentan que la Comunidad de Madrid terminará haciendo lo que quiera.

El Gobierno ha constatado que el decreto, tras cerrar el acuerdo con Junts, tiene visos de prosperar en el Congreso cuando tenga que ser convalidado. Fuentes de Junts insisten en que a Cataluña solo se redistribuirán en torno a 20 o 30 menores. Y, a Madrid, 700. El Ejecutivo reitera que esa disparidad no supone agravio alguno. Por eso, pide en el decreto a las autonomías que certifiquen el número de menores que tienen en su territorio. Solo así, explica Moncloa, se podrá hacer un cálculo real del reparto con el criterio del decreto. Las autonomías no están obligadas a certificar el dato. Pero el Gobierno advierte de que, si no lo hacen, usará sus propios registros -previsiblemente los de Interior-.

Los criterios para determinar la ubicación de los menores son los siguientes: un 50% en razón a la población de las comunidades; un 13%, según la renta bruta per cápita de los hogares de las comunidades; un 15% en razón inversa a la tasa de paro del último cuatrimestre de cada territorio; un 6% en base al esfuerzo de la comunidad en la atención a menores; un 10% "en razón inversa al dimensionamiento estructural del sistema de plazas de acogida estimado por el Ministerio de Juventud e Infancia". El promedio que se ha fijado el Gobierno como meta deseable es disponer de una plaza en un centro por cada 2.500 habitantes, lo que lastrará a comunidades como Madrid o Andalucía. Y hay otro 6% que atenderá a conceptos como insularidad, dispersión o las características fronterizas de cada territorio.

El acuerdo, no obstante, ha generado críticas desde diversos sectores de izquierda. Sin ir más lejos, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó el pacto de "parche" y expresó que, aunque su partido lo apoyará en el Congreso, lo hará con la intención de modificarlo vía enmiendas. Belarra enfatizó que es preferible una solidaridad interterritorial imperfecta que ninguna solidaridad. Pero la norma abre un debate moral que apela al PSOE a explicar por qué este pacto no es comparable al acuerdo entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana, al que se le atribuyen tintes racistas.

El PP y Vox llegaron este lunes a un acuerdo en la Comunidad Valenciana que incluye medidas controvertidas en materia de inmigración. El pacto, que permite la aprobación de los presupuestos autonómicos, contempla la negativa de la Generalitat valenciana a acoger más menores migrantes no acompañados si el Gobierno central no financia adecuadamente su acogida, argumentando la falta de recursos y capacidad para garantizar su bienestar. Junts, de todas maneras, señala que el acuerdo alcanzado con el Gobierno incluye un fondo de ayuda para las comunidades sobresaturadas, que dicen que son "cuatro o cinco", con un importe de alrededor de 100 millones de euros.

• Tags
• PSOE-M
• PSOE (Partido Socialista Obrero Español)
• Menas
• Ayuntamientos
• extranjeros
• Gobierno
• Junts
• Inmig