San Clemente (Cuenca), Cangas de Onís (Asturias) o Guardamar del Segura (Alicante). Son los puntos de la geografía española que han sido noticia en los últimos días por las agresiones que han sufrido los agentes de policía. Los últimos datos del Ministerio del Interior reflejan que cada día se registran 35 delitos por atentados contra la autoridad. Un balance que ha aumentado desde el final de la pandemia con casi 15.000 condenas en tan solo un año. La cifra del año pasado es el balance más alto en los últimos 15 años, según fuentes sindicales a Vozpópuli.
"El principio de autoridad está destrozado", explica uno de estos sindicatos a Vozpópuli que remarca que pegar a un agente puede suponer tan solo una multa de 200 euros. El continuo debate de las reiteradas agresiones que sufren los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vivió su punto álgido la semana pasada con el vídeo que se viralizó en Cangas de Onís.
Un hombre bajo los efectos de las sustancias estupefacientes propinó una patada a un guardia civil que se encontraba en el suelo inconsciente. La violencia inmortalizada no hizo mella en el juez que instruye la causa.
La Fiscalía solicitó prisión provisional para el agresor, que contaba con antecedentes, pero quedó en libertad. Una decisión que viene siendo la tónica en las últimas resoluciones cuando los delitos son contra los agentes y que ha colmado la paciencia de sus representantes. ¿Qué se puede hacer para afrontar este problema?
"El principio de autoridad está destrozado. Todo esto provoca que estos agresores se vean impunes cuando pegan a un policía. Sale prácticamente gratis", afirman fuentes de Jupol a Vozpópuli. Y es que las multas por esos hechos pueden ser de 50, 150 o 200 euros. Depende de la capacidad económica de los detenidos y muchos de ellos no tienen beneficios, legales, conocidos.
Más medios
Desde Jupol solicitan al Gobierno y a la Dirección General de la Policía dotar a los efectivos de medios naturales, humanos y una seguridad jurídica en sus actuaciones. A su juicio, muchos policías se enfrentan a problemas legales cuando realizan sus intervenciones con sus medios legítimos.
También solicitan que se actualice el plan de tiro que sigue vigente desde 1986 y la realidad delincuencia ha cambiado. Jupol recuerda que hay tres policías imputados por homicidio al neutralizar con sus armas de fuego a una persona que les amenazaba con un cuchillo en Puente de Vallecas. "Por esos actos surgen las dudas a la hora de utilizar la pistola reglamentaria", reconocen.
De la misma forma se expresa el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) Jacobo Rodríguez. Esta agrupación ha llamado a las movilizaciones y para ello ha invitado a la causa el resto de sindicatos de policías nacionales y locales y a las asociaciones de la Guardia Civil.
Equiparar policías a jueces, políticos y fiscales
"Se necesita acometer una reforma inmediata legislativa para este tipo de agresiones que tienen ausencia de castigo, para que no salgan prácticamente gratis", denuncia. Y es que considera que existe un problema ya que en 1995 hubo un cambio y de seis años de prisión se redujeron a más de la mitad las penas por este tipo de delitos.
El SUP explica que esa modificación facilitó a los jueces la iniciativa de suspender las penas de prisión a cambio de que no delincan en un tiempo y al pago de una multa. Una sanción económica que no se ajusta a la realidad ya que muchos de estos delincuentes tienen oficialmente bajos ingresos pero la realidad es otra muy diferente.
Por ello, Jacobo Rodríguez considera que se debe modificar el Código Penal y equiparar las penas de las agresiones a los policías a las que tienen los delincuentes que pegan a jueces, fiscales y políticos. "Estamos hartos. Las medidas cautelares siempre son muy laxas por eso hemos decidido romper la baraja. Se acabó. Nos van a tener enfrente", sostiene.
Abandonados a su suerte
"Una sociedad que deposita en los policías su confianza para ser protegida no puede dejarles abandonados a su suerte. Resulta escandaloso que un policía dude entre su vida y su seguridad jurídica, al pensar que por disparar a alguien que le ataca con un machete vaya a buscarse la ruina profesional y familiar", reflexiona Víctor M. Vigil, secretario general del CEP.
Desde el CEP consideran que un policía y el delincuente "no deben" estar "en un mismo plano". Según los datos oficiales que maneja este sindicato, 2022 fue el año con mayor número de delitos de atentado contra agente de la autoridad (contra PN y GC) de los últimos quince. De todos ellos, el 70% fueron contra policías nacionales.
"Nuestro catálogo de medidas para solucionar esta situación pretende restaurar el principio de autoridad, evitando la impunidad en quien agrede a un policía (y con ello, la reiteración) y adoptando diferentes medidas en ámbitos", defiende.
Instrucción de la Fiscalía
Entre sus propuestas se encuentra la protección física de los agentes, el refuerzo de los planes formativos de técnicas de autoprotección o la defensa jurídica de los policías como la modificación del Código Penal. También solicitan la Instrucción por la Fiscalía General del Estado, que homogeneice la acusación del Ministerio Fiscal en estos delitos en toda España. "O la mejora de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, evitando que cada intervención en la calle se convierta en un tira y afloja entre policías e infractores", apuntan.
El CEP lleva "mucho tiempo" trabajando en estas medidas con una iniciativa que tiene por lema "Tiene Delito". Una medida que incluye las aportaciones de otros Cuerpos de seguridad (GC, PPAA y Policías Locales) y de jueces y fiscales, a través de FOSPE (Foro de Seguridad Pública Española).
Preocupación policial
De igual forma, el portavoz de la Unión Federal del Policía (UFP), José María Benito, vincula esta problemática con la "impunidad total" que perciben los agresores ya que no tiene "suficiente castigo" porque las "penas no se aplican". "Se está agrediendo a un funcionario. Me da igual que sea un policía, un maestro o un enfermero. No se puede consentir y se tiene que castigar conforme al Código Penal, ni más ni menos", advierte.
Para Benito ni el Ministerio del Interior ni el de Justicia ni la Fiscalía están tomando cartas en un asunto que preocupa de "forma excesiva" a los policías porque hoy en día trabajar en las calles supone "un riesgo que antes no existía". Por ello solicita a la administración que se ponga en serio con este asunto porque de la forma contraria "en breve tendremos un problema serio".
