Publicado: 21/12/2012 04:00
“Daba igual que estuvieran 14 que 1.500 policías municipales. La tragedia se habría producido por el exceso de aforo”. Esta es una de las sentencias que varios ediles del Ayuntamiento de Madrid han manifestado públicamente tras el desgraciado macrofestival de Halloween del Madrid Arena, cuyo legado son cinco jóvenes fallecidas por aplastamiento. La frase, usada por el equipo de Gobierno como coraza ante las diversas críticas recibidas por la gestión del caso, cuenta con numerosos detractores, entre los cuales hay una agrupación de agentes locales. La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), fundada recientemente, ha pedido personarse como acusación popular para “denunciar el insuficiente dispositivo policial destinado a la macrofiesta del Madrid Arena”.
El escrito de la APMU ha sido incorporado a la instrucción del caso, en espera de noticias del juez que lo conduce, Eduardo López Palop. La asociación, cuyo presidente, Raúl Herrero, ha hablado con Vozpópuli por teléfono, hace constar que los 14 policías destinados al lugar de la tragedia “habían recibido la única orden de controlar el tráfico rodado, obligados a descuidar así el botellón en los alrededores del recinto o la reventa de entradas”.
El asunto del botellón fue puesto de relieve ayer por El Mundo al mostrar una foto con varios automóviles de este cuerpo junto a personas bebiendo en los aledaños del pabellón municipal. Otras fuentes implicadas en la instrucción rebajan sin embargo la repercusión de la congregación juvenil previa a la avalancha alegando que el lugar donde se concentraron decenas de individuos para beber se encontraba demasiado lejos de los accesos al Madrid Arena. El Ayuntamiento sostiene una versión más radical, basada en la inexistencia de tal botellón, extremo que choca con las fotos publicadas ayer.
La APMU ha presentado una querella criminal contra el exdelegado de Economía y expresidente de Madrid Espacios y Congresos Pedro Calvo, imputado; contra Miguel Ángel Flores, organizador del evento y dueño de Diviertt; contra los representantes legales de las firmas Seguriber y Kontrol 34. Según Raúl Herrero, la asociación está esperando a que avance la instrucción antes de dar más pasos en los juzgados. Para personarse en el caso, la agrupación ha tenido que presentar un escrito común con otro sindicato de funcionarios locales, el PSOE y Manos Limpias, algo que sus miembros han aceptado con resignación. “No entendemos que debamos acudir todos juntos”, lamenta Herrero.
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