Exalto cargo venezolano dio a la Policía recibos de Chávez que acabaron en manos de Garzón

El exviceministro de Energía de Hugo Chávez ha tirado de la manta ante la juez que investiga una red de extorsión a antiguos miembros del Gobierno venezolano. Javier Alvarado Ochoa ha revelado en sede judicial que en 2015 entregó a la Policía pruebas de calado sobre contratos supuestamente irregulares a multinacionales españolas y que este material acabó en manos del despacho de abogados que dirige Baltasar Garzón.

"Eran puntos de cuenta del presidente (Hugo) Chávez aprobando contrataciones de empresas eléctricas: Elecnor, Iberdrola, Duro Felguera... puntos del director (de Petróleos de Venezuela, Rafael) Ramírez otorgando a dedo, muchos de esos contratos", explicó a la juez, según consta en el audio de su declaración al que ha tenido acceso a Vozpópuli.

El exviministro de Energía compareció este viernes como testigo en la causa que investiga la existencia de una red parapolicial que le extorsionó junto con otros miembros del núcleo duro de Chávez para obtener información de Podemos. Alvarado Ochoa confirmó que fue víctima de esta trama, pero confesó además que denunció muchas irregularidades y que, para su sorpresa, no solo no fueron investigadas, sino que se utilizaron en su contra en la Audiencia Nacional.

"Actuación corrupta del Gobierno de Chávez"

Todo comenzó en 2015. En aquel momento conoció al abogado estadounidense Martín Alberto Rodil. Este abogado estadounidense se presentó como un experto en la gestión de problemas que algunos ciudadanos tienen con la administración estadounidense. "Me dice que ha ayudado a otros políticos del Gobierno de Hugo Chávez. Usa eso para promoverse y venderse", sostiene Alvarado Ochoa.

Al año y medio de entregar la documentación al DAO Eugenio Pino, su abogado, el mismo de la firma que se llama Ilocad, somete una querella particular representando a PDVSA. Vi que los documentos eran míos

En ese contexto, y teniendo en cuenta sus problemas con el Gobierno venezolano, decidió escucharles. La red rápidamente le ofreció servicios legales. Le trasladaron que tenía una orden de búsqueda y captura de Venezuela pero que le ayudarían con temas de nacionalidad y trámites. También desbloquearían su fortuna en Andorra, pero a cambio, tenía que abonar 1.500.000 dólares. "Me ofrecen protegerme y esconderme. Me dicen: 'Por tu fisonomía eres como español. Te vamos a proveer de un DNI canario. No te van a detener", expuso.

Alvarado Ochoa explicó, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que se produjeron varias reuniones en cuestión de semanas. En los encuentros, que tuvieron lugar en el hotel Villamagna, participaron integrantes de la red como el abogado José Aliste, y otros exaltos cargos de la Policía Nacional con el inspector jefe imputado en el caso Villarejo, Bonifacio Díez.

Sin embargo, pronto descubrió que le estaban engañando. "'Les digo, mira, esto es mentira. Es una extorsión'. Ellos me dijeron que me bloqueaban la nacionalidad y que iba a tener problemas legales en España", relató ante la juez. Siempre según su versión, consultó a otros exaltos cargos del Gobierno de Chávez y todos le dijeron que les pagara para evitar problemas mayores, por lo que les abonó 40.000 euros. Sin embargo, la red -acusada de blanquear más de 4 millones de euros- le reclamaba 1,5 millones. "Tenía psico-terror", dijo.

"Había cosas a dedo, multimillonarias"

Además de efectuar los pagos, se ofreció a aportar documentación supuestamente irregular de contratos firmados por Hugo Chávez y del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. En respuesta, Aliste le presentó al exdirector general adjunto de la Policía Nacional, Eugenio Pino. El exDAO buscaba información negativa de Podemos y sus vínculos con Venezuela. "Yo le digo que puedo hablar con la agencia de inteligencia a ver qué tienen", expone.

Sin embargo, sí entregó a la Policía 300 folios con información sensible que manejaba el exjefe de Inteligencia bolivariana, Hugo 'El Pollo' Carvajal. "Eran aprobaciones de PDVSA sobre movimientos de dinero a empresas españolas, americanas, francesas. Le dije a los directores de la Policía que creía que había cosas a dedo, multimillonarias, que estaba a la orden para aclarar y pedir información porque tenía fuentes allá interesadas en que se conociera lo de Chávez", expuso.

Estábamos ordenados a pasar por la destructora de papeles a la salida del despacho de Miraflores. Yo no lo hacía. Llevaba papeles míos y los destruía. Entonces levanté muchísima información y esa terminó en manos de Eugenio Pino

Preguntado por el manejo que hizo la Policía de esta información, Alvarado Ochoa dijo que no ocurrió "nada". Apareció en prensa algún artículo de Podemos conteniendo información sobre puntos de pago de Venezuela. Sin embargo, un año y medio después, supo que estos papeles que entregó a la UDEF estaban recogidos en una querella que se presentó en nombre de PDVSA en la Audiencia Nacional. La petrolera bolivariana está representada por el despacho Ilocad que dirige Baltasar Garzón; el mismo que ha defendido a Eugenio Pino en el caso Villarejo.

Papeles ocultos en su maletín

El testigo aclaró que la causa abierta en la Audiencia Nacional por PDVSA, y en la que está imputado, es consecuencia de la extorsión a la que fue sometido. "¿Sabe usted quién dirige Ilocad?", le preguntó un abogado durante su testifical. "Sí, Garzón. Tengo que decirlo, que no hay coincidencia, el mismo que defendió a quien yo entregué toda esa documentación. A Pino", expuso y añadió: "Es parte del tema que siento como la extorsión por no pagar el millón y medio. Tenemos que ver hasta donde llega".

Alvarado Ochoa pudo acceder a ese material confidencial gracias a los cargos de máxima confianza que ostentó en el Gobierno de Chávez. Según precisó, tenían orden de destruir los papeles que estudiaban en las juntas de PDVSA o del Palacio de Miraflores. Él, por contra, se llevaba un maletín con papeles dentro y les daba el cambiazo, de manera que destruía los que traía de casa. "Levanté muchísima información y terminó en manos de Eugenio Pino en dos oportunidades", reveló.

A día de hoy tiene copia de todo esa material en Estados Unidos. Según confesó, está "bajo custodia". "Mi jefe de seguridad del Ministerio, en marzo de 2015, fue asesinado en Venezuela por la guardia bolivariana, entonces nunca traje esos documentos. Todos los deposité bajo el despacho de un letrado en Washington", precisó, a la par que se ofreció a aportar ese material a esta causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 29.

Tras el turno de Alvarado Ochoa y del denunciante Dimas Antúnez, la magistrada Cristina Díaz interrogará este jueves a un total de 13 personas imputadas en esta causa de extorsión. Entre ellos se encuentran el núcleo duro de la red, que integran el policía municipal de Madrid Daniel Renuncio; el exmilitar israelí Alberto Galán; el inspector de Policía David Berruguete, el abogado Aliste y el lobista estadounidense Martín Rodil. En las diligencias participará también la defensa letrada de Podemos. La juez declinó tenerles como acusación particular pero ha abierto la puerta a que litiguen como acusación popular.