Los actuales medios desplegados en territorio nacional para la expedición de visados en fronteras de la Policía Nacional rozan la obsolescencia y desde el cuerpo ya se han tomado medidas para renovar sus capacidades y seguir prestando el mismo servicio sin detrimento de su operatividad. También en Cataluña. Porque aunque Junts haya lanzado el órdago a Pedro Sánchez de hacerse con las competencias de gestión fronteriza, la realidad es que estos trámites corresponden al Estado y, en ningún caso -apuntan fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli-, se podrían trasladar en exclusiva a un cuerpo autonómico; en este caso, a los Mossos d’Esquadra.
De ahí la necesidad de renovar las capacidades de las que disponen las Fuerzas de Seguridad del Estado. La Policía Nacional, a través de la División Económica y Técnica, ha lanzado una licitación para renovar 85 quioscos para la expedición de visados en frontera, que también cubrirán las necesidades en Cataluña. Lo hace ante la inminente obsolescencia de los que hay actualmente en funcionamiento y que se adquirieron en 2023.
De acuerdo a la información adjunta en el procedimiento, desde el año 2013 se vienen expidiendo en las fronteras Schengen visados acorde a los vigentes reglamentos de visados. Para la expedición de estas autorizaciones se requieren una serie de datos biométricos; fotografía e impresiones dactilares. Para ello es necesario dispone de un quiosco de autoservicio con la tecnología necesaria para que el solicitante pueda introducir los requisitos.
La licitación
La Policía Nacional destaca que los actuales quioscos en funcionamiento alcanzan el fin de su vida útil en 2025, por lo que es necesario arrancar los procedimientos de licitación necesarios para su adecuada incorporación antes de alcanzar este horizonte. Para ello ha destinado una partida que roza el millón de euros, impuestos incluidos, a expensas de las propuestas que presenten las empresas interesadas en el contrato.
Los documentos adjuntos al procedimiento detallan la incorporación de 85 nuevos quioscos, que la Policía distribuirá por 28 provincias; entre ellas, las cuatro de Cataluña, de acuerdo a la relación de puestos incorporada.
Una evidencia de que la Policía mantiene en el horizonte su desempeño en las fronteras de Cataluña, a pesar de las presiones políticas del separatismo hacia Pedro Sánchez para hacerse en exclusiva con las competencias. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, instó al PSOE a “mover el culo” y cumplir con los compromisos suscritos con el líder socialista para su investidura tras las elecciones de julio de 2023.
Negociaciones con Puigdemont
Una de las exigencias que formulan desde Junts es la transferencia de competencias en gestión de fronteras y también las migratorias. Un extremo que desde el primer momento viene descartando el departamento de Fernando Grande-Marlaska: “[No existe] un acuerdo para la cesión a los Mossos d’Esquadra de las competencias de protección de las personas y bienes y del mantenimiento del orden público en puertos y aeropuertos, que corresponden en la actualidad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, apuntaban desde el Ministerio en un comunicado.
El Gobierno, no obstante, ha acercado posturas en esta materia con Junts. Como contó Vozpópuli, el Ejecutivo negocia con el partido de Carles Puigdemont la cesión de competencias en puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra. Todo ello en el marco de las negociaciones para los próximos Presupuestos Generales del Estado que trata de salvar Pedro Sánchez con sus socios habituales de legislatura.
Desde Moncloa evocan “límites” en los posibles acuerdos con Junts para el control de las fronteras en Cataluña. Sin embargo, no se cierran a negociar esta materia con los independentistas. Presumiblemente, el PSOE se abriría a incorporar a los Mossos d’Esquadra a las gestiones que actualmente asumen en exclusiva Policía Nacional y Guardia Civil, sin suponer la expulsión de éstos de entes clave de puestos fronterizos.
El avance en estas negociaciones genera, en todo caso, cierta inquietud entre mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Consideran que es el primer paso para una cesión futura de competencias y consideran que fomentan un mayor “clima de hostilidad” hacia las fuerzas de seguridad, al saberse en el ojo del huracán de las conversaciones políticas.
