El juez ordena a la Policía que investigue los pagos de Venezuela a la excúpula de Podemos

El magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha ordenado a la Policía Judicial que investigue los presuntos pagos que el chavismo efectuó a la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa y otros dos cargos de la formación morada. El objetivo de esta diligencia es esclarecer la veracidad de las declaraciones efectuadas por el exjefe de la inteligencia militar de Venezuela Hugo 'el Pollo' Carvajal, en el marco de sus comparecencias ante este órgano por su intención de colaborar con la Justicia.

Según avanza el diario El Mundo y ha podido confirmar este medio, el magistrado Joaquín Gadea ha oficiado a la UDEF para que investigue la orden de pago de 142.000 dólares que en 2013 firmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para los sociólogos Bescansa, Ariel Jerez y Jorge Lago. El desembolso lo firmó Nicolás Maduro en 2013. Se trata de una información que ha remitido el exjefe del espionaje bolivariano a la Audiencia Nacional el cual aguarda su extradición a Estados Unidos; país que le reclama por delitos de tráfico de armas y de drogas.

Tras su detención a comienzos de septiembre, Carvajal anunció su intención de colaborar con la Justicia. Su declaración de intenciones hizo que el magistrado Manuel García Castellón reabriera la causa de terrorismo internacional en la que se había comprometido a declarar dos años antes. No obstante, en esta primera comparecencia en sede judicial, Carvajal no solo detalló la presunta relación entre las FARC y ETA sino que también habló de una presunta financiación irregular de Podemos y se comprometió a aportar documentos que diesen soporte a sus manifestaciones.

Al respecto, su defensa entregó una primera tanda de material relativo un contrato de asesoramiento entre el despacho de Baltasar Garzón y PDVSA firmado en 2016 por cerca de nueve millones de euros. Del mismo modo, también aportó un documento firmado en mayo de 2008 por Hugo Chávez en el que se autorizaba el presunto pago cercano a los siete millones de dólares a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), considerada embrión de Podemos y estrechamente ligada a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

Reapertura de la causa contra Podemos

El documento en cuestión hacía alusión a los dos fundadores de la formación morada, además de Jorge Verstrynge, a quienes se refirió como "aliados naturales de la revolución bolivariana". Con ese material, el magistrado García Castellón acordó citarle una segunda vez en sede judicial para que explicara el contenido de los documentos aportados. En esta nueva cita, que tuvo lugar el pasado 27 de octubre, el Pollo se refirió a las formas en las que Monedero habría cobrado por presuntos servicios falsos de asesoramiento. Al respecto, dijo que se efectuaron pagos en metálico empleando la embajada de Cuba en Venezuela y la embajada de Venezuela en España.

Del mismo modo, el que fuera jefe de Inteligencia militar en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro aportó un listado de testigos que a los que el juzgado ha otorgado la condición de testigos para citarles a declarar en el marco de este procedimiento. El mismo se abrió en 2016 pero se archivó por falta de pruebas. Esta reapertura que ahora se ha acordado obedece a las confesiones de Carvajal, el cual, por otro lado, trata de frenar a toda costa su entrega a Estados Unidos.

Investigación en Anticorrupción

De hecho, en paralelo a estas confesiones, la Audiencia Nacional ha reactivado su entrega a Estados Unidos. Aunque parecía que se iba a hacer efectiva a finales de octubre, finalmente la Sala de lo Penal la suspendió a la espera de conseguir de Washington un compromiso de que se cumplirán sus derechos toda vez sea entregado y que no podrá ser condenado a cadena perpetua. En paralelo, su defensa sigue a la espera de la que la Sala de lo Contencioso también de la Audiencia Nacional resuelva sobre su recurso después de que el Ministerio del Interior le denegara su petición de asilo.

Cabe destacar que, en paralelo a las pesquisas que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 6, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto unas diligencias -sin judicializar- en las que se analizan multitud de movimientos de sociedades y de empresas que habrían gestionado fondos provenientes también de Venezuela. Las mismas se siguen en coordinación con la UDEF, de acuerdo con fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli. Están en su fase inicial y, por el momento, no afectan a ningún miembro de la formación morada.