Mandos de Policía y Guardia Civil claman contra el "desgobierno" de las restricciones

Información confusa, decisiones contradictorias, cambios de criterio... la gestión de la pandemia del coronavirus -convertida en arma arrojadiza en esferas políticas- provoca desconcierto entre mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Lamentan que las medidas aplicadas en cada comunidad autónoma difieran drásticamente respecto de la vecina, que las resoluciones se modifiquen de un día para otro. "Eso nos supone graves contratiempos a la hora de diseñar los dispositivos". Y resuelven que el "desgobierno" influye negativamente en dar una respuesta eficaz frente al coronavirus.

Basta con mirar la hemeroteca de los últimos días. Líderes regionales que solicitan medidas sin el conocimiento de sus socios de Gobierno; otros que toman decisiones drásticas, entre el toque de queda o el cierre de determinados municipios, regiones o áreas. "La sensación que nos queda es que muchas decisiones se improvisan o, por lo menos, no se piensan lo suficiente".

Y ante cada decisión, los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional deben diseñar un dispositivo de gran envergadura. Despliegues que implican a cientos o miles de agentes para hacer cumplir con las restricciones impuestas, y que en más de una ocasión han cambiado "de la noche a la mañana". "Es difícil hacer planes con plena garantía de éxito cuando las órdenes que recibimos se modifican en tan poco tiempo".

"Hablamos de planeamientos tan complicados -aseveran las mismas fuentes- como es cerrar grandes ciudades o impedir que los ciudadanos transiten en determinadas franjas horarias o sin justificación". Como ejemplo, citan el caso de Madrid. Este sábado cae el estado de alarma que había impuesto el Gobierno y, durante los días previos, "no sabíamos si teníamos que mantener el cierre perimetral de la ciudad o qué decisiones se iban a aplicar".

"Desgobierno" en las últimas semanas

Mandos de ambos cuerpos manifiestan su "comprensión" hacia una situación que es cambiante. El sentimiento, no obstante, es de un "cierto desgobierno" en las últimas fechas. Cómo las medidas restrictivas se han convertido en ese arma arrojadiza entre colores políticos sin tener en cuenta las implicaciones que tienen en materia de seguridad y planificación.

"Las comunidades tienen sus competencias y deben decidir cómo gestionar la crisis sanitaria, pero sería deseable que se alcanzase un acuerdo de mínimos". En ese sentido, aplauden decisiones como la adoptada esta semana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de respuesta coordinada frente a la pandemia. Dicho acuerdo contempla una escala de cuatro niveles de alerta que se "irán aplicando tanto en escenarios de aumento de riesgo como de reducción, siguiendo criterios de prudencia", afirma La Moncloa.

La aplicación de un estado de alarma, de un toque de queda, son palabras mayores. Y agradeceríamos algo más de margen de maniobra para aportar nuestro trabajo"

¿Servirá esta decisión para poner fin a ese desajuste en materia policial en la lucha contra el coronavirus? "Esperemos que reduzca, al menos, esos márgenes tan amplios de actuación que nos encontramos en función de la región y del momento", afirman las mismas fuentes. "La aplicación de un estado de alarma, de un toque de queda, son palabras mayores. Y agradeceríamos algo más de margen de maniobra para aportar nuestro trabajo".

Respaldo jurídico de los agentes

Como contó Vozpópuli, la aplicación de las restricciones también ha generado confusión entre los agentes que hacen cumplirlas. Es el caso, por ejemplo, en la Policía Nacional. Sus miembros consideran que tienen escaso apoyo jurídico para obligar a los ciudadanos a dar marcha atrás y no abandonar un área limitada.

En concreto, los policías apelan al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, que rige las infracciones por desobediencia a la autoridad. Las multas que se contemplan van desde 601 euros hasta los 30.000. Sin embargo no se ha desarrollado ninguna concreta desde el primer estado de alarma para evitar la movilidad de los ciudadanos.