Tribunales

El Poder Judicial desafía al Gobierno tras los nombramientos en el Supremo: "No estamos en descomposición"

Integrantes del órgano de gobierno de los jueces resaltan que la mayoría ha apoyado los nombramientos de magistrados en el Tribunal Supremo pese a la oposición del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). EFE

El apoyo casi unánime de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al nombramiento de seis magistrados en puestos clave del Tribunal Supremo, y en contra del criterio del Gobierno de Pedro Sánchez, demuestra "la dignidad y responsabilidad personal de quienes integramos el Consejo", explican a Vozpópuli representantes del órgano de gobierno de los jueces, que rechazan las críticas del Ejecutivo: "No estamos en descomposición".

De esta forma, los vocales consultados por este diario, que han reclamado su anonimato, reaccionan a unas declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en las que advertía al Poder Judicial de que no debía realizar ningún nombramiento mientras estuviera en funciones.

El Consejo General del Poder Judicial debería haberse renovado en diciembre de 2018, hace casi dos años. Y desde entonces ha permanecido en funciones por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP. Tras varios episodios de parálisis, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, anunció su intención de reactivar los nombramientos de jueces, en contra de la opinión del ministro Campo.

Cuesta y Sáez

Y este miércoles, 19 vocales y el presidente Carlos Lesmes han apoyado cinco de los nombramientos del Supremo; mientras que un sexto magistrado del Alto Tribunal obtuvo 18 votos. En todos los casos, los únicos vocales discordantes con la opinión mayoritaria fueron Álvaro Cuesta, que fue diputado del PSOE en el Congreso, y Concepción Sáez, propuesta por Izquierda Unida (IU).

Por ello, seis de los siete vocales del Poder Judicial nombrados a propuesta del PSOE no han hecho caso a las instrucciones del ministro de Justicia, del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, acompañado por el ministro de Justicia del Gobierno, Juan Carlos Campo.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, acompañado por el ministro de Justicia del Gobierno, Juan Carlos Campo. EFE

El hecho de que se haya conseguido un acuerdo entre los vocales de las diferentes sensibilidades ideológicas pone de manifiesto, según los vocales consultados, que no es necesario poner de forma continua en tela de juicio las instituciones: "Son capaces de llegar a acuerdos. La convivencia de las instituciones procedentes de la Constitución de 1978 es totalmente posible", explican a esta redacción.

Decisión "histórica"

Por eso, la votación de este miércoles es considerada por los vocales consultados como una decisión "histórica", ya que sostienen que el CGPJ "se jugaba mucho, en concreto la independencia", explican.

Las fuentes que han respondido a las preguntas de este diario creen que si el Consejo se hubiera plegado a los criterios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta decisión les habría restado independencia. "Además, reafirma la separación de poderes", completa otro magistrado consultado por este diario.

"Estamos acostumbrados a trabajar con presión, pero de ahí a ceder a presiones externas media un abismo. Todos nos tomamos muy en serio nuestra profesión y los principios que la guían, entre ellos la independencia. ¡Ahora que nos renueven!", asegura un vocal de la Comisión Permanente del CGPJ, en lo que supone un auténtico desafío al poder legislativo y al Gobierno.

Voto particular de Cuesta

Por su parte, el vocal Álvaro Cuesta considera "una injerencia política intolerable" lo que denomina el "boicot" a la renovación del Poder Judicial, y considera que esta situación, que atribuye al PP, se mantiene "a propósito" para conseguir un resultado determinado en su funcionamiento.

"Se trata de un CGPJ caducado, cuya renovación se bloquea de propósito para conseguir un resultado en su funcionamiento -subraya Cuesta-. Ese boicot a la renovación constitucional sí es una injerencia política intolerable que se debería denunciar", concluye el exdiputado socialista en un voto particular, informa Europa Press.

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