Tribunales

El Poder Judicial exige al Gobierno medidas urgentes ante el colapso de la Justicia

Los vocales del Consejo que participan en la Comisión Mixta con el Ministerio y con la Fiscalía General del Estado consideran que hay que desbloquear los plazos procesales y desvincularlos del estado de alarma para superar "el cuello de botella" que se ha generado

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, en el Congreso.
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, en el Congreso. EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a levantar la paralización de los plazos procesales. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han asegurado a Vozpópulique se trata de una medida necesaria para evitar el tan anunciado colapso de los juzgados. Según han precisado, la reclamación ha tenido lugar el viernes, al cierre de la primera semana de la fase uno de la 'desescalada' en los tribunales. Diferentes asociaciones de la judicatura ya se han pronunciado a favor y hasta el presidente de la Comunidad Valenciana ha alzado su voz para reclamar la reanudación de la actividad judicial. 

La protesta ha sido elevada por la comisión mixta, un ente de carácter consultivo compuesto por dos integrantes de la Fiscalía General del Estado, tres vocales del Poder Judicial y otros tres del Ministerio de Justicia, encabezados por el secretario de Estado del Departamento y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público. Entre todos han pedido al Gobierno que desvincule los plazos procesales del estado de alarma que pretende ampliar en los próximos días. 

"La bola que se está creando es terrible; no se pueden vincular los plazos procesales al estado de alarma, un mes más con los plazos procesales paralizados y no hay quien levante la persiana", han asegurado de forma gráfica fuentes del Poder Judicial. En la actualidad solo corren los plazos para los servicios esenciales, por lo que las actividades que se están llevando a cabo "son mínimas". "El cuello de botella es terrible, porque están los juicios que existían, los que han entrado y los que vienen. Es como tener una fábrica parada", han insistido las fuentes consultadas.

Servicio al 30%

El departamento de Juan Carlos Campo dio el pistoletazo de salida el pasado 12 de mayo. Ese día estaban convocados a la vuelta al servicio entre el 30% y el 40% de la plantilla en los órganos judiciales y fiscalías, así como en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

Aunque estaba previsto que la "primera escala" durase al menos una semana, Justicia ha acordado mantener la fase uno hasta el 25 de mayo. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria han criticado la decisión. Según han denunciado públicamente, supone una "flagrante vulneración" de derechos para los usuarios de la Justicia. "Es paradójico que los ciudadanos puedan ir a la terraza de un bar, pero no a un juzgado", han dicho. La Asociación Profesional de la Magistratura, por su parte, ha tachado de "incomprensible" que "un servicio esencial en un Estado de Derecho y en una democracia, como es la Justicia, continúe cuasi-paralizado".

Ante el panorama actual, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha consultado al Consejo General del Poder Judicial si puede reanudar la celebración de juicios y vistas de asuntos no catalogados como esenciales incluso antes de que se levante el estado de alarma. Con ello, se pretende reactivar progresivamente el normal funcionamiento de los tribunales, "afrontando un nuevo panorama complejo de incuestionable deterioro del rendimiento del sistema judicial que sin duda arrastrará sus consecuencias durante mucho tiempo".

Reactivación de plazos

Según han insistido las fuentes consultadas en el Poder Judicial, la reclamación que la comisión mixta ha elevado al Ejecutivo se enmarca en este intento de atajar la situación y evitar el colapso en los juzgados de toda España. En la lista de peticiones se incluye la ampliación de los servicios esenciales -tal y como reclaman los jueces- o el levantamiento de los plazos procesales, desvinculándolos del estado de alarma. 

Desde el órgano de gobierno de los jueces no prevén alcanzar la normalidad al menos hasta septiembre. "Si los plazos no corren cuando se presente una demanda y el juez no tiene plazo para contestar, pues no se activa el proceso, que acaba acumulándose en el juzgado", han expuesto como ejemplo las fuentes consultadas.

La situación actual ha llevado al presidente de la Generalitat valenciana y dirigente del PSOE, Ximo Puig, a pronunciarse. Durante la décima videoconferencia de Sánchez con los presidentes autonómicos, reclamó a La Moncloa que reanudara la actividad judicial ante las consecuencias que acarrea la paralización de los plazos judiciales. "Solo en la Comunidad Valenciana hay más de 20.000 juicios suspendidos", dijo.

Falta de medios técnicos y sanitarios

Al margen de la petición relativa a los plazos, el Poder Judicial ha recordado que para la reactivación tiene que haber medios y seguridad en las instalaciones judiciales. "Hay ciudades que tienen edificios judiciales magníficos, lo que permite adoptar las medidas. Pero Madrid no es el caso", han lamentado.

Imagen de la Audiencia Nacional
Imagen de la Audiencia Nacional Clara Rodríguez

Tras la primera semana de 'desescalada' en los tribunales, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denunció la falta de medios sanitarios para los funcionarios. La asociación Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD) también criticó que las administraciones responsables no hayan puesto en marcha "las reformas necesarias en las instalaciones y la dotación de medios telemáticos imprescindibles para que, en un contexto de esta grave crisis sanitaria, la tutela judicial de los derechos y libertades esté permanentemente garantizada".

Desde el sindicato CCOO ya interpusieron una denuncia contra el Ministerio de Justicia ante la Inspección de Trabajo por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la aplicación del plan de 'desescalada' para reactivar la actividad judicial. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) también presentó su queja ante la Inspección.  

Se prevé que el 25 de mayo la Administración de Justicia pase a su segunda fase de 'desescalada'. Entonces se reincorporarán entre el 60% y el 70% de la plantilla. Antes de que la judicatura opere al 100% y recupere el ritmo 'pre-covid', se deberán aprobar otras dos fases. 

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